La Comisión de Venecia critica la reforma que permite al Tribunal Constitucional ejecutar sus resoluciones

Duro informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que otorgó a este órgano constitucional español la potestad de poder ejecutar sus propias resoluciones, permitiendo, incluso, que el TC pueda suspender cargos públicos para asegurar el cumplimiento de sus Sentencias.

 

Aunque el informe concluye que no se ha vulnerado ningún standard europeo en materia de derechos fundamentales, advierte que queda cuestionada la necesaria neutralidad del máximo intérprete de la Constitución. Como se recordará, el propio Tribunal Constitucional español se pronunció sobre la constitucionalidad de la reforma (L.O. 15/2015) que, aunque fue avalada por la Sentencia suscrita por la mayoría de sus Magistrados,  incluyó tres contundentes votos particulares (Adela Asúa,  Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol Ríos) que sin duda debieron sonrojar a los Magistrados de la mayoría (vid. post del pasado 13 de noviembre de 2016).

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por especialistas en Derecho Constitucional, totalmente independientes respecto de los Estados miembros. Sus informes carecen de fuerza vinculante pero tiene un gran valor simbólico.

Dejo enlace a la nota de prensa publicada en la página oficial del Consejo de Europa. El texto íntegro será conocido este próximo lunes.

Venice Commission. Análisis crítico de la reforma de la LOTC

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de Pressupostos

Acompanyo el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017.

Les conclusions, no vinculants, estableixen que la Disposició Addicional 31, relativa a mesures d’organització i gestió del procés refrendari, es contrària a la Constitució Espanyola (art. 149.1.32) i al propi Estatut d’Autonomia de Catalunya  (arts. 122, 211 i 212). El Consell també conclou però, igualment per unanimitat dels seus mebres, que determinades partides pressupostàries relatives a “processos electorals i consultes popular” i “processos de participació  ciutadana”, si troben empara a diferents articles de l’Estatut i, pe tant, no sòn contràries a la Constitució.

Dictamen Consell Garanties Estatutàries sobre el pressupost 2017

 

Inmovilización judicial del autobús de “Hazte Oír”(“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”)

Auto del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, de fecha 1 de marzo de 2017, adoptando la medida cautelar interesada por el Ministerio Fiscal de prohibición de la circulación, con su consiguiente inmovilización, del autobús utilizado por la asociación “Hazte Oír”.

Como es conocido, el citado autobús empezó a circular por Madrid con el visible lema publicitario

“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”

Igualmente en la parte trasera del autobús aparece el mensaje

“No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. lnfórmate con el libro que no quieren que leas. Pídelo gratuitamente en http://www.ElLibroProhibido.com”.

 

El citado Auto razona que, existiendo indicios de que dichas concretas expresiones contenidas en la publicidad del autobús racionalmente suponen un acto de menosprecio a las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual concebida por dicha asociación, siendo por tanto subsumible en el citado apartado 2.a) del articulo 510 del Código Penal, y con la finalidad de evitar la perpetuación de la comisión del delito, procede acordar la medida cautelar interesada por el Ministerio Publico, en base a lo dispuesto en el articulo 13 de la L.E.Cr. puesto en relación con lo dispuesto en el apartado 6 del articulo 510 del Código Penal.

 

Auto medidas cautelares “Hazte oír”

Auto de libertad para los condenados del caso Nóos (I. Undangarín y D. Torres)

Por su gran repercusión mediática, acompaño Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares de fecha 23 de febrero de 2017, acordando mantener la situación de libertad de los condenados Iñaki Urdangarín y Diego Torres.

Como ya es conocido, tras la celebración de la vistilla prevista en el art. 505 LECrim, la Sala acordó imponer a Iñaki Urdangarín la obligación de comparecer mensualmente ante los juzgados de su actual residencia en Suiza, mientras que a Diego Torres, atendiendo a la mayor pena impuesta, además de acordarse igualmente su comparecencia mensual, se decreta asimismo la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

La resolución, de 9 páginas, que al conocerse fue objeto de numerosas críticas  (más políticas, o incluso demagógicas, que estrictamente jurídicas), recuerdo los principios esenciales de la prisión provisional. Recordemos que no es ni debe nunca ser una pena anticipada, sólo procede si se da alguna de las finalidades que legalmente la justifican (art. 503 LECrim), como es el riesgo de fuga, y, especialmente, que, como recuerda el art. 502.2 LECrim, “la prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

 

Auto de 23 de febrero de 2017

 

Acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona suspendiendo las apelaciones con cláusula abusiva de vencimiento anticipado

Adjunto acuerdos de unificación de criterios de las Secciones cCiviles de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017 en el que, entre otras cuestiones, se planteó la incidencia de la cláusula de vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución hipotecaria en que el deudor tenga la condición de consumidor. El acuerdo toma en consideración la cuestión prejudicial planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha 8 de febrero de 2017, y, consecuentemente, resolviendo entre los diferentes criterios interpretativos que venían siguiéndose por diferentes Secciones Civiles de la Audiencia acuerda que procederá la suspensión de lo recursos de apelación de los procesos ejecución hipotecaria en los que se haya declarado la nulidad por abusividad de la citada cláusula de vencimiento anticipado.

El Acuerdo sigue pues la misma línea que otras diferentes Audiencias Provinciales españolas.

El acuerdo resuelve asimismo sobre la exigibilidad de la consignación del artículo 449.3 LEC en el proceso de ejecución basado en el auto de cantidad máxima resolviendo que si procede exigir dicho depósito o consignación, salvo cuando la aseguradora hubiera pagado o consignado la cantidad reclamada.

Acompaño texto de los Acuerdos de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017

 

 

El juicio a Francesc Homs: segunda parte del juicio 9-N

 

 

Mañana empieza el juicio a Francesc Homs, segunda parte parte pues del juicio por el 9-N, que, dada su condición de Diputado y por tanto aforado, se celebrará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En la práctica será un déja vu pues la acusación del Fiscal es sustancialmente idéntica (aunque en el caso de Homs, la Fiscalía otorga especial relevancia a una carta de fecha 6 de noviembre de 2014 –dos días posterior a la Providencia del TC suspendiendo la consulta–) remitida por Homs al Centro de Tecnologías CTTI confirmando que el proveedor informático T-SYSTEMS debía cumplir los encargos encomendados.

Curioso es, como ya apunté en su momento, que unos mismos hechos se diriman en dos causas diferentes y ante tribunales distintos. Perversas consecuencias del régimen legal de aforamientos.

En todo caso, siendo el Tribunal Supremo la cúspide del sistema judicial español, y, por ende, el tribunal que dirá asimismo la última palabra en la causa proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Sentencia del TS es la verdaderamente relevante. Si el Supremo mantiene su consolidada doctrina, procederá la absolución en ambos casos, pero si donde dijo Botín, ahora dice Atutxa, puede pasar cualquier cosa.

En ambos casos, ambos tribunales han inadmitido las declaraciones testificales de Rajoy, Perez de los Cobos, Torres-Dulce y Catalá ya que “no forma parte de éste [proceso] la valoración política de los hechos asumida por el Gobierno e la Nación”. La Sala Segunda, y en concreto su Presidente y Ponente, Manuel Marchena, avanza ya pues que no va a permitir disquisiciones políticas que se aparten del debate jurídico-penal. Deberemos estar pues atento a la autoridad del Presidente ejerciendo la denominada “policía de sala”.

Tampoco se ha permitido que los testigos juristas, Albert Lamarca y Carles Viver Pi-Sunyer, declaren en otra condición que la de testigos pues el “significado mismo de la función jurisdiccional” excluye que la declaración de los testigos juristas pueda “ser utilizada como subterfugio para la práctica de una prueba pericial de carácter jurídico”. Otro aviso para navegantes que veremos cómo se aplica a Homs que, recordemos, además de acusado es también jurista.

Por último, el Tribunal Supremo, recordando la “proclamación constitucional de los principios de unidad orgánica y dependencia jerárquica que informan la actuación del Ministerio Fiscal” vuelve a inadmitir la incorporación a la causa del Informe emitido por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña en fecha 17 de noviembre de 2014. Dicho Informe es, en esencia la línea argumental de la defensa, pues, como se recordará, ese silenciado Informe contenía afirmaciones tan contundentes como que

resulta cuestionable la existencia de una «orden» entendida como «la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta»” –en estos términos definía el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de enero de 2010, los requisitos exigibles a la “orden” cuya desobediencia puede ser penalmente relevante–,

añadiendo, entre otros párrafos dignos de resaltar, que

la ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos

o,

la Providencia que venimos analizando tampoco se dirige a un destinatario concreto

o,

no habiéndose dirigido requerimiento alguno a persona concreta o determinada por parte del Tribunal emisor de la Resolución”

añadiendo asimismo que

A mayor abundamiento, la omisión de tal requerimiento, parece responder a una decisión meditada por el Tribual emisor” (el Tribunal Constitucional)

así como

En el Suplico de la demanda del Abogado del Estado se instaba a la publicación de la resolución de los periódicos oficiales «para su debido e inmediato cumplimiento de acuerdo con el art. 87.1 LOTC …., con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar». Pues bien, este último inciso entrecomillado, no fue recogido en el texto de la resolución sin que quepa inferir que en asunto de tanta transcendencia fuese debido a un error involuntario

y,

No puede desconocerse que la invocación –en la demanda del Gobierno de la Nación- del art. 161.2 CE supone que el TC debe acordar la suspensión invocada sin más trámite” […]. Así pues, no cabe duda que dadas tales circunstancias la convicción del Tribunal ha resultado limitada por la invocación de la norma constitucional”.

 

Para acabar concluyendo que

Estimamos que las objeciones que acabamos de poner de manifiesto dificultan sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar contra el Presidente de la Generalitat y miembros de su Consejo de Gobierno por el delito que analizamos” (se refiere al delito de desobediencia).

 

El juicio durará tres días en sesiones de mañana y tarde.  Y la Sentencia que en su día dicte el Tribunal Supremo nos resolverá definitivamente si estamos ante un auténtico juicio jurídico-penal o, por el contrario, se trata de un juicio más político que técnico.

 

Para los más curiosos adjunto al presente post:

Informe Fiscalía Catalunya 9-N

Escrito Acusación MF Homs

Escrito Defensa Homs

Auto TS admitiendo pruebas

Calendario juicio Homs

 

 

 

Sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de las tarjetas black

Sentencia de fecha 23 de febrero de 2017 dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en el denominado caso de las “tarjetas black”.

La extensa sentencia de 256 páginas condena a seis años de prisión a Miguel Blesa, como autor de un delito continuado de apropiación indebida, cuatro años y seis meses a Rodrigo Rato, y diversas penas que oscilan entre los tres meses y cuatro años a otros muchos acusados, obligando a los condenados a retornar las cantidades indebidamente dispuestas en uso de las citadas tarjetas.

La Sentencia puede ser ahora recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

 

Sentencia AN tarjetas black

 

Querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament

Texto de la querella interpuesta por la Fiscalía de Catalunya contra la Presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, el Vicepresidente Lluis Corominas, la  Secretaria primera Anna Simó  y  la Secretaria cuarta Ramona Barrufet por un delito de desobediencia a la autoridad judicial del artículo 410 del Código Penal y un delito de prevaricación del artículo 404.

Llama poderosamente la atención la exclusión del Secretario Tercero Joan Josep Nuet con el argumento de que “pese a permitir por dos veces con su voto la inclusión de las propuestas 37714 y 37713 en el orden del día de la sesión de 6 de octubre de 2016 del Parlamento de Cataluña, no pretendía como los querellados incumplir los mandatos del TC, ni llevar adelante un proyecto político con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma, y de los pronunciamientos contenidos en la STC de 2 de diciembre de 2015, en el ATC de 19 de julio de 2016, en la Providencia de 1 de agosto de 2016 y en el ATC de 6 de octubre de 2016.” Añadiendo que “D. Joan Josep Nuet i Pujals no pretendía, en definitiva, dar impulso al proceso constituyente preordenado en la Resolución 1/XI, sino que actúo en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa del Parlamento, considerando que el control que podía ejercer este órgano era meramente formal”. Para finalmente concluir que “los votos emitidos por D. Joan Josep Nuet i Pujals no fueron decisivos para la admisión a trámite de las propuestas 37714 y 37713”.

 

Querella MF contra Mesa Parlament

Caso Neymar DIS. La Audiencia Nacional confirma la continuación del proceso

Acompaño Auto de 20 de febrero de 2017, dictado por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirmando el previo Auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de fecha 3 de noviembre de 2016, acordando la continuación del llamado caso Neymar DIS.

Aunque aún quedan otros recursos por resolver, la fundamentación del que ahora se comenta indica que todos ellos correrán idéntica suerte desestimatoria, confirmándose íntegramente la continuación del proceso contra todos los imputados.

Esto significa que se concederá ahora trámite al Ministerio Fiscal y demás acusaciones para que formulen el correspondiente  escrito de acusación contra Neymar, sus padres, el FCB, su Presidente Josep Maria Bartomeu i Floreta y la Consultora NYN. A continuación el Juez Central de Instrucción deberá decidir si abre juicio oral contra los ya acusados como todo parece indicar (salvo errores flagrantes en la acusación es muy extraño que el propio Juez que ha acordado continuar el procedimiento contra determiandas personas, decida luego no abrir el juicio oral contra ellas).

La apertura de juicio oral si finalmente se produce, como todo parece indicar, significará que los acusados deberán ir a juicio y sufrir la desagradable experiencia de sentarse en el banquillo de los acusados.

Deberemos pues esperar acontecimientos.

 

 

AAN 20-02-17 confirmando seguimiento juicio Neymar DIS

Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El BOE de hoy, 21 de enero, publica el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El RDL entra en vigor hoy, día de su publicación en el BOE. Los Bancos disponen pues de un mes desde hoy, es decir hasta el 21 de febrero, para implantar sus sistemas de reclamaciones.

Se introducen alguna pequeñas correcciones respecto al último Borrador conocido, entre las que destaca la regulación del régimen de imposición de las costas procesales, más estricto que el ordinario de la LEC con el claro propósito de desjudicializar los conflictos, tanto por la vía del pacto previo que los evite, como penalizando la oposición de las entidades incluso en caso de estimación parcial de la demanda.

El RDL sigue sin dar respuesta satisfactoria a la situación de los consumidores con hipotecas ya canceladas ni a la de los que ya hubieran interpuesto demandas judiciales con anterioridad.

 

RDL Cláusulas suelo