El juicio a Francesc Homs: segunda parte del juicio 9-N

 

 

Mañana empieza el juicio a Francesc Homs, segunda parte parte pues del juicio por el 9-N, que, dada su condición de Diputado y por tanto aforado, se celebrará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En la práctica será un déja vu pues la acusación del Fiscal es sustancialmente idéntica (aunque en el caso de Homs, la Fiscalía otorga especial relevancia a una carta de fecha 6 de noviembre de 2014 –dos días posterior a la Providencia del TC suspendiendo la consulta–) remitida por Homs al Centro de Tecnologías CTTI confirmando que el proveedor informático T-SYSTEMS debía cumplir los encargos encomendados.

Curioso es, como ya apunté en su momento, que unos mismos hechos se diriman en dos causas diferentes y ante tribunales distintos. Perversas consecuencias del régimen legal de aforamientos.

En todo caso, siendo el Tribunal Supremo la cúspide del sistema judicial español, y, por ende, el tribunal que dirá asimismo la última palabra en la causa proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Sentencia del TS es la verdaderamente relevante. Si el Supremo mantiene su consolidada doctrina, procederá la absolución en ambos casos, pero si donde dijo Botín, ahora dice Atutxa, puede pasar cualquier cosa.

En ambos casos, ambos tribunales han inadmitido las declaraciones testificales de Rajoy, Perez de los Cobos, Torres-Dulce y Catalá ya que “no forma parte de éste [proceso] la valoración política de los hechos asumida por el Gobierno e la Nación”. La Sala Segunda, y en concreto su Presidente y Ponente, Manuel Marchena, avanza ya pues que no va a permitir disquisiciones políticas que se aparten del debate jurídico-penal. Deberemos estar pues atento a la autoridad del Presidente ejerciendo la denominada “policía de sala”.

Tampoco se ha permitido que los testigos juristas, Albert Lamarca y Carles Viver Pi-Sunyer, declaren en otra condición que la de testigos pues el “significado mismo de la función jurisdiccional” excluye que la declaración de los testigos juristas pueda “ser utilizada como subterfugio para la práctica de una prueba pericial de carácter jurídico”. Otro aviso para navegantes que veremos cómo se aplica a Homs que, recordemos, además de acusado es también jurista.

Por último, el Tribunal Supremo, recordando la “proclamación constitucional de los principios de unidad orgánica y dependencia jerárquica que informan la actuación del Ministerio Fiscal” vuelve a inadmitir la incorporación a la causa del Informe emitido por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña en fecha 17 de noviembre de 2014. Dicho Informe es, en esencia la línea argumental de la defensa, pues, como se recordará, ese silenciado Informe contenía afirmaciones tan contundentes como que

resulta cuestionable la existencia de una «orden» entendida como «la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta»” –en estos términos definía el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de enero de 2010, los requisitos exigibles a la “orden” cuya desobediencia puede ser penalmente relevante–,

añadiendo, entre otros párrafos dignos de resaltar, que

la ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos

o,

la Providencia que venimos analizando tampoco se dirige a un destinatario concreto

o,

no habiéndose dirigido requerimiento alguno a persona concreta o determinada por parte del Tribunal emisor de la Resolución”

añadiendo asimismo que

A mayor abundamiento, la omisión de tal requerimiento, parece responder a una decisión meditada por el Tribual emisor” (el Tribunal Constitucional)

así como

En el Suplico de la demanda del Abogado del Estado se instaba a la publicación de la resolución de los periódicos oficiales «para su debido e inmediato cumplimiento de acuerdo con el art. 87.1 LOTC …., con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar». Pues bien, este último inciso entrecomillado, no fue recogido en el texto de la resolución sin que quepa inferir que en asunto de tanta transcendencia fuese debido a un error involuntario

y,

No puede desconocerse que la invocación –en la demanda del Gobierno de la Nación- del art. 161.2 CE supone que el TC debe acordar la suspensión invocada sin más trámite” […]. Así pues, no cabe duda que dadas tales circunstancias la convicción del Tribunal ha resultado limitada por la invocación de la norma constitucional”.

 

Para acabar concluyendo que

Estimamos que las objeciones que acabamos de poner de manifiesto dificultan sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar contra el Presidente de la Generalitat y miembros de su Consejo de Gobierno por el delito que analizamos” (se refiere al delito de desobediencia).

 

El juicio durará tres días en sesiones de mañana y tarde.  Y la Sentencia que en su día dicte el Tribunal Supremo nos resolverá definitivamente si estamos ante un auténtico juicio jurídico-penal o, por el contrario, se trata de un juicio más político que técnico.

 

Para los más curiosos adjunto al presente post:

Informe Fiscalía Catalunya 9-N

Escrito Acusación MF Homs

Escrito Defensa Homs

Auto TS admitiendo pruebas

Calendario juicio Homs

 

 

 

SECRETO SUMARIAL Y PRENSA. Petición de amparo del ex Presidente valenciano Camps ante las noticias de la “Operación Taula”

Acompaño reciente Auto de fecha 22 de febrero de 2016, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 13 de de Valencia, desestimando una solicitud del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por la que solicitaba que, con carácter urgente, se prohibiera a la Sociedad Española de Radiodifusión, Cadena ser y cualesquiera otros medios de comunicación pertenecientes al grupo PRISA, la difusión de una noticia consistente en que él mismo se había visto implicado en la denominada “Operación Taula” (Diligencias Previas nº 881/2015, que se siguen ante el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia), entendiendo que con dicha publicación se estaban difundiendo conversaciones y hechos sometidos al secreto de sumario.

Se trata de una Resolución interesante ya que analiza las difíciles relaciones entre el secreto sumarial de las actuaciones, el papel de los Gabinetes de Comunicación de los Tribunales y la labor divulgativa de los medios de comunicación.

La resolución desestimatoria se basa en diferentes argumentos como por ejemplo la notoriedad de los hechos investigado en la denominada “Operación Taula”
Sin embargo, siguiendo el planteamineto del Ministerio Fiscal, uno de los motivos en los que asimismo se fundamenta la desestimación de la petición es la falta de una norma de soporte expreso que permita someter a secreto sumarial las resoluciones procesales, a diferencia de lo que ocurre con las diligencias sumariales (que conforme al art. 301 deberán ser secretas “hasta que se abra juicio oral”), razonamiento éste que podría conducir a convertir en letra muerta la previsión legal relativa al secreto sumarial.

Auto del Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia, de fecha 22 de febrero de 2016.pdf

Publicado el RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia

El BOE de hoy, 1 de diciembre, publica el RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Tras la aprobación de las Leyes 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establecen la obligatoriedad de que los profesionales jurídicos se relacionen con la Administración de Justicia de forma telemática, era necesario el desarrollo reglamentario que se efectúa mediante este RD.

Así, cumplido este trámite, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia estarán obligados a presentar cualquier escrito y recibir todas las notificaciones de forma electrónica. Como quiera que los Procuradores ya estaban obligados a la utilización de estos sistemas, la reforma afectará especialmente  a los Abogados, así como a todos los organismos públicos que se relacionen con la Administración de Justicia, Notarios y Registradores y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.La comunicación electrónica será asimismo obligatoria para las personas jurídicas privadas y optativa para las personas físcas cuando se relacionen directamente –sin postulación procesal– con la justicia.

El RD  objeto de comentario prevé que la presentación de escritos y recepción de notificaciones de forma electrónica se realizará a través del sistema LexNET. Conviene empero precisar que dicho sistema será sólo de aplicación en los territorios directamente dependientes del Ministerio de Justicia, pero en en aquellas Comunidades Autónomas, con competencias en materia de Justicia, que tengan habilitados sistemas telemáticos diferentes –como es el caso de Catalunya–. Sin embargo, los profesionales jurídicos de las Comunidades con competencias transferidas –como es el caso de los Abogados catalanes– sí deberán utilizar el sistema LexNET cuando actúen en territorio Ministerio, aún cuando la implantación de las comunicaciones electrónicas no pueda hacerse efectiva en su territorio en enero de 2016 –este es, de nuevo, el caso de Catalunya, donde los responsables de Justicia de la Generalitat ya han anunciado que la implementación no será técnicamente posible en la indicada fecha entre otras razones por problemas de compatibilidad entre los diferentes sistemas–.

Aún cuando el RD analizado extiende asimismo la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas a los administradores concursales, la medida quedará suspensa hasta la publicación del desarrollo reglamentario sobre el régimen de la administración concursal previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Aunque resulte paradójico, los administradores concursales seguirán pues relacionándose con los Juzgados Mercantiles en soporte papel.

Acompaño texto del RD 1065/2015: BOE-A-2015-12999

 

 

Nulidad de préstamo usurario

Acompaño Sentencia del Pleno  de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015 que anula por usurario el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento, revocando así las previas sentencias de un Juzgado de Cerdanyola del Vallés y de la Audiencia de Barcelona que dieron la razón al banco y condenaron al consumidor.

Conforme explica el TS, el consumidor afectado firmó en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving Mediatis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros le eran reclamados otros 12.269.

Basándose en la la Ley de Represión de la Usura, usualmente conocida como Ley Azcárate, de 1908, todavia vigente, la operación debe ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato. Conforme establece la citda Ley Azcárate,  “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En ese sentido, expone que en una operación de financiación del consumo como la analizada no puede justificarse un interés tan excesivo “sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La consecuencia es que el crédito fue nulo y debe rechazarse la demanda del banco. La Ley contra la Usura prevé que en casos de nulidad de los contratos el cliente sólo debe devolver al banco la suma recibida, y en este caso el particular superó esa cantidad.

Acompaño texto de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de fecha 25 de noviembre de 2015.

STS 25-11-15

Publicada también la reforma de la LECrim

Por si no tuviéramos suficiente con al reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el BOE de hoy, 6 de octubre, publica también la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que entrará en vigor a los dos meses de su publicación, es decir el día 6 de diciembre de 2015, para conmemorar el aniversario de la Constitución.

Entre otras novedades trascendentes, como la nueva y extensa regulación del decomiso, el llamado “Proceso por aceptación de decreto” o la nueva regulación de la conexidad, debe destacarse la previsión contenida en el reformado artículo 324, cuyo apartado primero dispone textualmente que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”, previsión que, conforme dispone el artado tercero de la Disposición Transitoria Única, se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, si bien, a tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley. Parece pues previsible que el 6 de mayo de 2016 quedarán automáticamente archivadas centenares de instrucciones penales. Para que luego nos quejemos de que no se hace nada por descolapsar la justicia.

Como sea que siempre acostumbra a llover sobre mojado, el propio BOE de hoy publica también la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, cuyo contenido estrella es la nueva regulación de las “medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”, es decir, la entrada y registro, intervención de las comunicaciones, utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, registros de dispositivos de almacenamiento masivo de información y registros remotos sobre equipos informáticos. La Ley modifica asimismo diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir competencias derivadas de la reforma.

Para que comprobremos que se trata de una reforma seria, sin la mínima posibilidad de tildarla de falta de rigor o claridad, la Disposición Final Cuarta dispone que “la presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único que lo harán el 1 de noviembre de 2015”.

Es decir, todo el 6 de diciembre –ahora sí que festejaremos la Constitución, cuyos derechos se limitan–, excepto la nueva regulación del agente encubierto que, vaya Usted a saber porqué, entrará en vigor el día de Difuntos.

Adjunto link a los textos de ambas reformas:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10726.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10725.pdf

Planteada cuestión prejudicial europea sobre la limitación de la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado un Auto de fecha 17 de julio de 2015, por medio del cual plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que se resuelva, entre otras cuestiones, si es posible que, “declarada la nulidad de una cláusula suelo inserta en un contrato celebrado con consumidores, por su carácter abusivo por falta de transparencia, la condena a la devolución de los intereses indebidamente cobrados por el prestamista, entidad financiera, puede limitarse a los percibidos a partir de una determinada fecha, y no a los indebidamente percibidos desde la celebración del contrato“. En concreto, dicho Tribunal plantea la cuestión de “si es compatible con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 y la jurisprudencia comunitaria que los interpreta…el mantenimiento de los efectos desplegados por la cláusula declarada nula por abusiva por falta de transparencia, desde la celebración del contrato hasta el momento en que se fijen los efectos de dicha nulidad“.

Debemos recordar que, recientemente (Sentencia de 25 de marzo de 2015), el Tribunal Supremo limitó el efecto retroactivo de las cláusulas suelo declaradas nulas estableciendo que la devolución de cantidades indebidamente percibidas sólo procederá desde el 9 de amayo de 2013 debido, entre otros argumentos, al supuesto “grave trastorno del orden público” que supondría su retroactividad, contraviniendo frontalmente los claros efectos de la nulidad establecidos por el artículo 1303 del Código Civil, esto es, la restitución recíproca de prestaciones y el carácter retroactivo o ex tunc de la nulidad.

Como ya comenté en anteriores posts, pese a la doctrina que el Tribunal Supremo pretendió fijar como definitiva, el tema seguirá dando de qué hablar durante tiempo.

Adjunto el citado Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria de fecha 17 de julio de 2015.

Importante modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El BOE de hoy, 22 de julio de 2015, publica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Se trata de una reforma extensa (contiene ciento dieciséis apartados) que introduce novedades en múltiples aspectos de la Ley. Tiempo habrá por tanto de dar cuenta de las diversas novedades introducidas.

A modo de primera aproximación, cabe destacar la clarificación del régimen jurídico de la competencia jurisdiccional internacional de los tribunales españoles, operada a través de la reforma del artículo 22 y la introducción de los nuevos artículos 22 bis a 22 nonies (el legislador le ha cogido gusto a esta nomenclatura). La regulación se inspira en los Reglamentos Europeos sobre la materia, aunque cabrá efectuar algunos matices.

Entre otros aspectos, cabe reseñar el encaje de la Jurisdicción Militar dentro del Poder Judicial, la posibilidad de interponer recurso de revisión contra sentencias firmes recaídas si se dictan por el TEDH sentencias que declaren vulnerado algún derecho reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la introducción de la protección de datos en el ámbito de los tribunales, y la inclusión de un conjunto de medidas dirigidas a lograr una mayor agilidad y especialización de las respuestas judiciales, posibilitando, por ejemplo, que las Salas de Gobierno puedan acordar modificaciones de las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social para equilibrar la distribución de asuntos, que el órgano de gobierno del Poder Judicial pueda especializar uno o varios órganos judiciales de modo temporal y con carácter exclusivo en función de un cúmulo de asuntos o causas específicas, pudiendo tener estos juzgados ámbito provincial, o que el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir a un órgano instructor uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administración de Justicia, con la finalidad de facilitar la instrucción de causas de especial complejidad.

Aquí os dejo la nueva Ley.

De nuevo sobre la cláusula suelo: el Juzgado Mercantil de Zaragoza concede la restitución de todos los intereses indebidos, desde la suscripción de la hipoteca.

Ayer nos sorprendió enormemente la magnífica Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza, de fecha 27 de abril de 2015, en relación a la denominada “cláusula suelo” (como todos sabéis, la famosa cláusula limitativa a la baja del tipo de interés, supuestamente variable, que por costumbre se incluía en todo préstamo hipotecario).

La citada resolución, dictada por la Magistrada Dña. María Sáenz Martínez (Juez de Adscripción Territorial designada en los Juzgados de lo Mercantil de Zaragoza), estima una acción de nulidad de condición general de la contratación (“cláusula suelo”) y una acción acumulada de devolución de cantidades indebidamente cobradas, declarando nula la reseñada cláusula suelo y condenando a la entidad financiera a restituir al demandante las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la referida cláusula, habida cuenta de que se había incumplido el control de transparencia, esto es, que la información facilitada al consumidor no le permitía entender que la cláusula define el objeto principal del contrato y es esencial en la economía del mismo.

Pese a que el fallo descrito no es novedoso en cuanto a su contenido, sí resulta, como mínimo, atrevido, por su temporalidad: la citada Sentencia se ha dictado tras haberse publicado las muy controvertidas Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 24 y 25 de marzo de 2015.

Dichas Sentencias, y, en especial, la de fecha 25 de marzo de 2015 fijó como doctrina jurisprudencial respecto de los efectos retroactivos de la nulidad de las cláusulas suelo que: “…cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013“.

Es decir, dicha doctrina jurisprudencial limita la aplicación del artículo 1.303 del Código Civil (que, recordemos, dispone que “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses…”) y su reiterada y pacífica jurisprudencia, para imponer una especie de solución intermedia sin duda más política (o, económica) que jurídica.

Sin embargo, la resolución ahora analizada estima que “procede la devolución íntegra de las cantidades percibidas por la entidad bancaria en aplicación del artículo 1.303 Código Civil por las siguientes razones:…En el procedimiento resuelto por la STS de 9 de mayo de 2013, no se había ejercitado una acción de condena a las partes demandadas, además la acción ejercitada fue una acción colectiva de cesación, y tampoco se aprecia en el presente caso la magnitud de las consecuencias económicas que la Sentencia tiene en cuenta…”. Además, continúa diciendo “la razón fundamental y primordial para estimar la procedencia de la devolución de las cantidades percibidas por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo, tiene como premisa que en el presente procedimiento no sólo estamos actuando como juez nacional, sino principalmente como juez comunitario, garante del derecho de la Unión…”.

La magnífica Sentencia, finaliza añadiendo que “…la declaración de la no retroacción, y por ende la no restitución de las cantidades indebidamente cobradas, supone un incentivo para la entidades bancarias, pues puede estimular el seguir incluyendo tales cláusulas abusivas o similares, de manera generalizada, con el beneficio económico que en su aplicación consiguen durante un lapso de tiempo en detrimento del consumidor, y hasta que el consumidor se vea obligado a acudir a los Tribunales para que decreten su no aplicación”.

Sin duda, el tema seguirá en plena ebullición…

Adjunto, como siempre, la Sentencia comentada.

Primera aplicación práctica de la “segunda oportunidad”

El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona ha sido el primero en aplicar la nueva redacción del artículo 178.bis de la Ley Concursal (precepto que introduce la denominada “segunda oportunidad”, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 1/2015), acordando, mediante dos Autos de fecha 14 de abril de 2015, la exoneración del pasivo insatisfecho de un matrimonio de jubilados que se vieron atrapados por el llamado “sobreendeudamiento pasivo”, figura que, como define perfectamente el Magistrado autor de los Autos, D. Juan Manuel de Castro Aragonés, se produce cuando el “consumidor actúa responsablemente, pero se ve desbordado por contingencias inesperadas e imprevisibles, habiendo actuado siempre con buena fe, por lo que el ordenamiento jurídico no puede penalizar a los que han solicitado su amparo a través, en este caso, del mecanismo del concurso de acreedores”.

En este caso concreto, el matrimonio (notoriamente endeudado al haber hecho frente a los gastos derivados del cuidado de dos de sus cinco hijos, gravemente enfermos), se ha visto obligado a liquidar todos sus bienes (a excepción, afortunadamente, de su vivienda habitual que, al estar hipotecada y quedar pendiente un importante pasivo, resultaba completamente antieconómico proceder a su enajenación). Con la liquidación de sus bienes ha podido abonar todos los créditos contra la masa (aquellos generados tras la declaración del concurso), los privilegiados (principalmente, a favor de entidades públicas) y el 28% de los ordinarios (acreedores generales).

Haber abonado los citados créditos, unido a su buena fe, su conducta intachable (según manifestó la propia Administración Concursal), y la declaración como fortuito del concurso, han posibilitado la aplicación del beneficio de exoneración.

Adjunto los dos Autos del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, para vuestra lectura.

– Auto Juzgado mercantil 10 Barcelona, artículo 178 bis LC

– Auto mercantil 10 Barcelona, artículo 178 bis LC-1