Acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona suspendiendo las apelaciones con cláusula abusiva de vencimiento anticipado

Adjunto acuerdos de unificación de criterios de las Secciones cCiviles de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017 en el que, entre otras cuestiones, se planteó la incidencia de la cláusula de vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución hipotecaria en que el deudor tenga la condición de consumidor. El acuerdo toma en consideración la cuestión prejudicial planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha 8 de febrero de 2017, y, consecuentemente, resolviendo entre los diferentes criterios interpretativos que venían siguiéndose por diferentes Secciones Civiles de la Audiencia acuerda que procederá la suspensión de lo recursos de apelación de los procesos ejecución hipotecaria en los que se haya declarado la nulidad por abusividad de la citada cláusula de vencimiento anticipado.

El Acuerdo sigue pues la misma línea que otras diferentes Audiencias Provinciales españolas.

El acuerdo resuelve asimismo sobre la exigibilidad de la consignación del artículo 449.3 LEC en el proceso de ejecución basado en el auto de cantidad máxima resolviendo que si procede exigir dicho depósito o consignación, salvo cuando la aseguradora hubiera pagado o consignado la cantidad reclamada.

Acompaño texto de los Acuerdos de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017

 

 

Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El BOE de hoy, 21 de enero, publica el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El RDL entra en vigor hoy, día de su publicación en el BOE. Los Bancos disponen pues de un mes desde hoy, es decir hasta el 21 de febrero, para implantar sus sistemas de reclamaciones.

Se introducen alguna pequeñas correcciones respecto al último Borrador conocido, entre las que destaca la regulación del régimen de imposición de las costas procesales, más estricto que el ordinario de la LEC con el claro propósito de desjudicializar los conflictos, tanto por la vía del pacto previo que los evite, como penalizando la oposición de las entidades incluso en caso de estimación parcial de la demanda.

El RDL sigue sin dar respuesta satisfactoria a la situación de los consumidores con hipotecas ya canceladas ni a la de los que ya hubieran interpuesto demandas judiciales con anterioridad.

 

RDL Cláusulas suelo

Y, ahora, a recuperar también los gastos de la hipoteca

En los últimos años, y, muy especialmente desde que en 2013 se tuvo que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en méritos de una Sentencia europea, el tema de las cláusulas abusivas de los contratos bancarios ha permanecido constantemente en el top de la actualidad jurídica, económica y social.

He perdido ya la cuenta de las conferencias y ponencias  impartidas o intervenciones en Mesas Redondas sobre la cuestión: acciones preferentes, conversiones, cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, intereses abusivos, cesión de créditos, titulaciones hipotecarias, retroactividad, gastos de constitución,  comisiones, etc.

Así las cosas, en una primera aproximación,  las esperadas últimas sentencias sobre retroactividad ilimitada de la nulidad de las cláusulas suelo y sobre abusividad de cargar al consumidor todos los gastos de constitución de la hipoteca (Notario, Registro, Gestor, tributos, etc.) no parecen ser pues sino más de lo mismo, lluvia sobre mojado. Pero a mi juicio, hay una diferencia sustancial.

Hasta ahora, y salvo en el caso de las denominadas acciones preferentes, la invocación de las cláusulas abusivas se ha efectuado mayoritariamente por vía de excepción u oposición. El consumidor demandado por impago invocaba la nulidad de las cláusulas abusivas para oponerse a una ejecución iniciada por el Banco.

Sí ha habido aluvión de demandas de preferentistas, pero estadísticamente el fenómeno afectó a un porcentaje relativamente bajo de ciudadanos. Por decirlo más gráficamente, preferentistas había pocos, mientras que los deudores hipotecarios son mayoría.

Y, en materia hipotecaria, al margen de las importantes demandas colectivas promovidas por Asociaciones de Consumidores, han sido pocos los  deudores hipotecarios que se hayan decidido a demandar a su banco para que les modificara las condiciones de la hipoteca.

Normalmente, la escasa cantidad a recuperar no compensaba el coste, riesgo y desgaste de interponer una demanda judicial. Y, así, la mayoría de deudores hipotecarios, por ahorrarse problemas, aceptaron los pactos compensatorios más o menos generosos propuestos por los bancos.

Como decía, la situación hoy ha cambiado radicalmente. La posibilidad de recuperar todo lo pagado de más por la cláusula suelo desde el principio de su aplicación puede suponer una cantidad importante. Dependerá obviamente del importe pendiente de amortizar y del interés y suelo en su día pactados, pero en mi experiencia reciente, de hipotecas comunes, las cantidades a reclamar han oscilado entre los 3.000 y los 15.000 euros. Ninguna tontería.

Y a ello hemos de sumar las cantidades indebidamente pagadas en el momento de formalizar la hipoteca que, dependiendo también de nominal y entidad, suelen oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros.

Estos últimos días se han conocido algunas sentencias que condenan al banco a devolver tales cantidades. No es ninguna novedad, pues la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 ya señaló ese camino, pero la concurrencia de noticias sobre el particular unida al fuerte impacto de la también esperada reciente sentencia del TJUE sobre la ilimitada retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelas hacen presagiar una avalancha de futuras reclamaciones judiciales individuales.

Consciente de ello, el Gobierno intenta promover mecanismos de solución extrajudicial, pero los bancos ya han dejado suficientemente claro que no están por la labor. Prefieren esperar el degoteo de reclamaciones individuales que afrontar de golpe enormes provisiones en sus balances.

Veremos cómo evoluciona el tema, pero teniendo en cuenta que reclamar judicialmente ya es hoy rentable (si Usted tiene una hipoteca, probablemente pueda reclamar algunos miles de euros a su Banco), todo hace presagiar una avalancha de demandas.

 

Mandamiento de devolución de 3 céntimos de euro. ¿Es económicamente eficiente nuestro sistema judicial?

Ayer recibí una Diligencia de Ordenación que ordenaba expedir mandamiento de devolución por importe de tres céntimos de euro.

Decía así:

“Habiéndose efectuado en su día ingreso por la procuradora M.S. en nombre y representación de M.A.A., en concepto de costas recaídas en el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas, por la cantidad de 405,29 euros y por error se acordó expedir mandamiento de devolución a J.M. G., por la cantidad de 405,26 euros , por lo que existen 3 céntimos favor del mismo.

Y líbrese mandamiento de pago por la referida suma en pago por tal concepto, en favor de J.M. G , que será entregado al/a la procurador/a Sr./Sra. J. F., dejando constancia en las actuaciones”.

 

Felicitaciones a la Letrada de la Administración de Justicia (nombre que hoy reciben los antiguos Secretarios Judiciales) por detectar este minúsculo error desapercibido para procuradores, abogados y  partes.  Reconforta pensar que no se escapa de control ni siquiera un céntimo de euro.

Dicho esto,  me asalta una terrible duda ¿nuestro sistema judicial es verdaderamente eficiente en la gestión de los recursos públicos?

Observemos. Los 405,29 euros  eran “costas recaídas en el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas”, es decir, las costas (de la previa impugnación) de las costas (principales). Un economista preguntaría si son las costas al cuadrado. O como diría Marx (Groucho) el resarcimiento a la contraparte por la impugnación de la contraparte de la contraparte por los perjuicios ocasionados a la primera parte por la primera impugnación de la parte contraria a la primera parte. Suerte que nadie impugnó esta segunda tasación de costas ocasionadas por la impugnación de la primera tasación de costas, porque podríamos entrar en un bucle sin fin que la ley no limita.

¿Y qué coste tiene subsanar aquel error? Un Letrado de la Administración de Justicia ha detectado un error y consecuentemente ha dictado una Diligencia de Ordenación que un funcionario habrá mecanografiado, y, posteriormente, en méritos de lo acordado, se habrá de emitir un mandamiento de pago (eso dice la D.O., aunque probablemente se efectuará una transferencia), notificar todo ello, etc. ¿Cuántas horas invertidas por tres céntimos? Y ¿alguien ha contado qué vale el trabajo de los funcionarios públicos dedicados a dicha labor? Contando un promedio de 30 euros por hora (intervienen diversos funcionarios con diferentes costes salariales), devolver esos tres céntimos costará como mínimo unas mil veces el importe devuelto.¿Podemos permitirnos el lujo de afinar al céntimo, gastando en ello mucho más del valor del ajuste?

En mi libro Eficiencia y transparencia del sistema judicial español en el contexto europeo ponía de manifiesto que España dedica a la justicia un presupuesto per capita superior a la media europea, pero que los resultados, en eficiencia y en transparencia (confianza ciudadana, credibilidad, etc.) no se correspondían con la inversión realizada. ¿Alguien duda aún que debemos desburocratizar urgentemente nuestro sistema judicial?

Como pequeña contribución a la descongestión del sistema, anuncio ya que el destinatario no procederá a cobrar el importe del mandamiento. Lo enmarcaremos como testimonio gráfico de la ineficiencia de nuestro hiperburocratizado sistema judicial.

 

 

DO acuerda expedir mandamiento por 3 céntimos

De nuevo sobre el vencimiento anticipado: planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE

En un post de ayer daba cuenta de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2016 sobre el tema del vencimiento anticipado.

Como explicaba ayer, la Sentencia ratificaba la doctrina de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de de 23 de diciembre de 2015, concluyendo que en caso de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado prevista en un crédito hipotecario, debía aplicarse lo previsto en el artículo 693 LEC (procedencia de la ejecución hipotecaria si se impagan tres cuotas) y proseguir la ejecución hipotecaria para no privar al deudor de los supuestos beneficios derivados de dicho trámite (tipo no inferior al 75% de la tasación  ex art.682.2.1ª LEC; posible rehabilitación del contrato  ex art. 693.3 LEC; y las posibilidades liberatorias de la responsabilidad ex art. 579 LEC), cosa que, a juicio de la Sala, sucedería si la reclamación se efectuara por la vía del proceso ordinario.

Decía empero asimismo que, particularmente, me convencían mucho los razonamientos del voto particular (en ambas sentencias) del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, quien aboga por el sobreseimiento de la ejecución con el contundente argumento de que se mire por donde se mire, la continuación de la ejecución hipotecaria representa la consecuencia más perversa para el consumidor. Argumenta asimismo el voto particular, y asimismo suscribo, que la vía declarativa no debe excluir la aplicación de los beneficios apuntados que deben aplicarse extensivamente, también en vía declarativa, en méritos de los principios de efectividad y equivalencia.

Y concluía mi post de ayer con estas palabras:

“Estamos sin duda ante un debate que seguirá vivo en los próximos tiempos. No tengo duda de que la doctrina contenida en el voto particular acabará imponiéndose, tal vez en méritos de una próxima Sentencia del TJUE.”

Pues bien, a través del Magistrado Edmundo Rodriguez y gracias a la encomiable labor divulgativa llevada a cabo por el Letrado Jesús Sánchez a través del grupo Familex (aprovechando estas líneas para tributar justo reconocimiento y agradecimiento a ambos),  he tenido hoy conocimiento de dos cuestiones prejudiciales ya planteadas al respecto. La primera por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada, mediante Auto de fecha 8 de febrero de 2016, y la segunda planteada por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Santander mediante Auto de 8 de marzo de 2016, que os adjunto:

A. 8.2.16 Fuenlabrada 1, cuestión prejudicial vencimiento anticipado

AJPI 2 Santander, plantea cuestión prejudicial vencim anticipado tras STS 23-12-15

 

Como ayer decía, no tengo duda de que, más pronto que tarde,  la aplicación de la doctrina del TJUE acabará imponiendo el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria ante la nulidad de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado.

 

Nueva STS sobre cláusulas abusivas en materia de vencimiento anticipado.

Acompaño Sentencia de la Sala 1ª del TS de 18 de febrero de 2016, que reitera la doctrina jurisprudencial ya sentada en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015. En ambas sentencias ha sido Ponente el Magistrado  Pedro Vela Torres.

No se trata en esta ocasión de una acción colectiva sino individual. Ello no obstante, al igual que en su precedente de 23 de diciembre de  2015, ha sido Ponente el Magistrado  Pedro Vela, y, al igual asimismo que en la ocasión anterior, hay un muy interesante voto particular del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno.

Reiterando el debate ya mantenido en la Sentencia del Pleno de diciembre, el voto particular del Magistrado Javier Orduña razona que la consecuencia del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado no puede consistir (como resuelve la mayoría) en ajustar su aplicación a los parámetros previstos en el artículo 693 LEC sobre vencimiento anticipado (de tres cuotas), sino que en aplicación del principio de efectividad del artículo 6.1, en relación con el artículo 7 de la Directiva 93/13 , y su consideración de norma integrante del orden público económico, dicha interpretación vulnera la doctrina jurisprudencial del propio TJUE .

Por ello el voto particular, que suscribo íntegramente, concluye que la aplicación del artículo 693.2 LEC, tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado que figura en la constitución de la garantía hipotecaria, resulta frontalmente contraria a la citada Directiva 93/13, debiéndose proceder a la declaración del sobreseimiento del procedimiento de ejecución instado con base a una cláusula declarada abusiva.

 

Estamos sin duda ante un debate que seguirá vivo en los próximos tiempos. No tengo duda de que la doctrina contenida en el voto particular acabará imponiéndose, tal vez en méritos de una próxima Sentencia del TJUE.

 

 

Cláusla abusiva. TS, Sala 1ª, sentencia 18 de febrero de 2015

Publicado el RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia

El BOE de hoy, 1 de diciembre, publica el RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Tras la aprobación de las Leyes 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establecen la obligatoriedad de que los profesionales jurídicos se relacionen con la Administración de Justicia de forma telemática, era necesario el desarrollo reglamentario que se efectúa mediante este RD.

Así, cumplido este trámite, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia estarán obligados a presentar cualquier escrito y recibir todas las notificaciones de forma electrónica. Como quiera que los Procuradores ya estaban obligados a la utilización de estos sistemas, la reforma afectará especialmente  a los Abogados, así como a todos los organismos públicos que se relacionen con la Administración de Justicia, Notarios y Registradores y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.La comunicación electrónica será asimismo obligatoria para las personas jurídicas privadas y optativa para las personas físcas cuando se relacionen directamente –sin postulación procesal– con la justicia.

El RD  objeto de comentario prevé que la presentación de escritos y recepción de notificaciones de forma electrónica se realizará a través del sistema LexNET. Conviene empero precisar que dicho sistema será sólo de aplicación en los territorios directamente dependientes del Ministerio de Justicia, pero en en aquellas Comunidades Autónomas, con competencias en materia de Justicia, que tengan habilitados sistemas telemáticos diferentes –como es el caso de Catalunya–. Sin embargo, los profesionales jurídicos de las Comunidades con competencias transferidas –como es el caso de los Abogados catalanes– sí deberán utilizar el sistema LexNET cuando actúen en territorio Ministerio, aún cuando la implantación de las comunicaciones electrónicas no pueda hacerse efectiva en su territorio en enero de 2016 –este es, de nuevo, el caso de Catalunya, donde los responsables de Justicia de la Generalitat ya han anunciado que la implementación no será técnicamente posible en la indicada fecha entre otras razones por problemas de compatibilidad entre los diferentes sistemas–.

Aún cuando el RD analizado extiende asimismo la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas a los administradores concursales, la medida quedará suspensa hasta la publicación del desarrollo reglamentario sobre el régimen de la administración concursal previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Aunque resulte paradójico, los administradores concursales seguirán pues relacionándose con los Juzgados Mercantiles en soporte papel.

Acompaño texto del RD 1065/2015: BOE-A-2015-12999

 

 

Nulidad de préstamo usurario

Acompaño Sentencia del Pleno  de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015 que anula por usurario el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento, revocando así las previas sentencias de un Juzgado de Cerdanyola del Vallés y de la Audiencia de Barcelona que dieron la razón al banco y condenaron al consumidor.

Conforme explica el TS, el consumidor afectado firmó en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving Mediatis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros le eran reclamados otros 12.269.

Basándose en la la Ley de Represión de la Usura, usualmente conocida como Ley Azcárate, de 1908, todavia vigente, la operación debe ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato. Conforme establece la citda Ley Azcárate,  “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En ese sentido, expone que en una operación de financiación del consumo como la analizada no puede justificarse un interés tan excesivo “sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La consecuencia es que el crédito fue nulo y debe rechazarse la demanda del banco. La Ley contra la Usura prevé que en casos de nulidad de los contratos el cliente sólo debe devolver al banco la suma recibida, y en este caso el particular superó esa cantidad.

Acompaño texto de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de fecha 25 de noviembre de 2015.

STS 25-11-15

Publicada la reforma de la LEC

El BOE de hoy, 6 de octubre, publica la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya parte sustancial entra en vigor mañana mismo, lo que sin duda constituye un –otro más– atentado a la seguridad jurídica.

Ello no obstante, conforme dispone la Disposición final duodécima, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha. Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. Asimismo, conforme dispone el apartado 3 de la citada DF 12ª, las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671  –relativos a las subastas incluida la regulación de la nueva subasta electrónica– de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

Tiempo habrá por tanto de análisis más detalaldos. Para abrir boca, adjunto link al nuevo texto legal:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf

Publicada en el BOE la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria: Apuntes de urgencia

El BOE de hoy, 3 de julio de 2015, publica el texto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV). La Ley 15/2015, de 2 de julio.

La nueva Ley se compone de 148 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y veintiuna disposiciones finales. Tiempo habrá por tanto para efectuar análisis más pormenorizados, pero en unos primeros apuntes de urgencia cabe destacar los siguientes aspectos:

– La Ley regula los expedientes de jurisdicción voluntaria (en adelante, EJV) que se tramitan ante los órganos judiciales. No así otros EJV, entre los que destacan los notariales, cuya regulación se contiene en la Ley del Notariado de 1862, que la DA 11ª de la nueva LJV modifica al efecto. La nueva LJV atribuye también el conocimiento de determinados EJV a los Registradores, modificando al efecto, a través de la DA 12ª, la Ley Hipotecaria.

– Para el conocimiento de los EJV judiciales serán objetivamente competentes, según las materias, los Juzgados de Primera Instancia o los Juzgados Mercantiles. Las decisiones finales de los EJV corresponderán, también según los casos, al Juez o al Secretario Judicial.

– La LJV contiene unas pocas disposiciones generales en materia de tramitación procesal de los EJV. Pese al proclamado carácter supletorio de la LEC, se intuye ya que la parca regulación generará algunos importantes problemas interpretativos.

– Respecto al contenido, la nueva LJV regula EJV en materia de personas (filiación, defensa judicial, capacidad, adopción, tutela y guarda de hecho, emancipación, derechos fundamentales del honor, intimidad y propia imagen de menores o incapaces, protección del patrimonio y disposición de bienes de menores o incapaces, declaración de ausencia y fallecimiento y extracción de órganos de donantes vivos), familia (impedimentos, ejercicio de la patria potestad o la guardia y custodia, desacuerdo en administración de gananciales), sucesiones (albaceazgo, contadores-partidores, aceptación y repudiación de la herencia), en materia de obligaciones (plazo de cumplimiento y consignación), derechos reales (ejercicio de derechos del ususfructuario y  deslinde), en materia mercantil (exhibición de libros, convocatoria de juntas generales, nombramiento y revocación de liquidadores, auditores e interventores, reducción de  capital, pérdida o robo de títulos y nombramiento de peritos en el contrato de seguro). La LJV dedica asimismo un Título (el séptimo) a la regulación de las subastas voluntarias y otro (el noveno y último) a regular la conciliación judicial al derogarse los arts. 460 y ss. de la vieja LEC de 1881.

– Las disposiciones derogatorias y finales modifican una veintena de leyes, entre las que destacan las modificaciones (en algunos casos, de muchos preceptos) del Código Civil  (cerca del centenar de artículos modificados) , el Código de Comercio (aquí un solo artículo), la LEC (18 preceptos), la Ley del Registro Civil (una docena de disposiciones), la Ley de Sociedades de Capital, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Tasas en el ámbito de la administración de justicia y otras diferentes leyes, además de las ya citadas Ley del Notariado e Hipotecaria. Se derogan asimismo algunos preceptos del Código Civil y de la Ley Cambiaria y del Cheque. Se derogan asimismo la mayoría de preceptos hasta ahora aún vigentes de laLEC de 1881, si bien dicha decimonónica ley aún mantiene vigentes algunos preceptos, como por ejemplo, los que, bochornosamente, siguen parcheadamente regulando la ejecución de sentencia extranjeras.

– Conforme prevé la DF 21ª, la nueva LJV entrará en vigor a los veinte días de su publicación, es decir el próximo 22 de julio, si bien esa regla general contiene diversas excepciones entre las que destaca la de las diversas modificaciones relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

Acompaño texto de la Ley 15/2015, publicada en el BOE dLey 15-2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.e hoy: