Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El BOE de hoy, 21 de enero, publica el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El RDL entra en vigor hoy, día de su publicación en el BOE. Los Bancos disponen pues de un mes desde hoy, es decir hasta el 21 de febrero, para implantar sus sistemas de reclamaciones.

Se introducen alguna pequeñas correcciones respecto al último Borrador conocido, entre las que destaca la regulación del régimen de imposición de las costas procesales, más estricto que el ordinario de la LEC con el claro propósito de desjudicializar los conflictos, tanto por la vía del pacto previo que los evite, como penalizando la oposición de las entidades incluso en caso de estimación parcial de la demanda.

El RDL sigue sin dar respuesta satisfactoria a la situación de los consumidores con hipotecas ya canceladas ni a la de los que ya hubieran interpuesto demandas judiciales con anterioridad.

 

RDL Cláusulas suelo

Mandamiento de devolución de 3 céntimos de euro. ¿Es económicamente eficiente nuestro sistema judicial?

Ayer recibí una Diligencia de Ordenación que ordenaba expedir mandamiento de devolución por importe de tres céntimos de euro.

Decía así:

“Habiéndose efectuado en su día ingreso por la procuradora M.S. en nombre y representación de M.A.A., en concepto de costas recaídas en el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas, por la cantidad de 405,29 euros y por error se acordó expedir mandamiento de devolución a J.M. G., por la cantidad de 405,26 euros , por lo que existen 3 céntimos favor del mismo.

Y líbrese mandamiento de pago por la referida suma en pago por tal concepto, en favor de J.M. G , que será entregado al/a la procurador/a Sr./Sra. J. F., dejando constancia en las actuaciones”.

 

Felicitaciones a la Letrada de la Administración de Justicia (nombre que hoy reciben los antiguos Secretarios Judiciales) por detectar este minúsculo error desapercibido para procuradores, abogados y  partes.  Reconforta pensar que no se escapa de control ni siquiera un céntimo de euro.

Dicho esto,  me asalta una terrible duda ¿nuestro sistema judicial es verdaderamente eficiente en la gestión de los recursos públicos?

Observemos. Los 405,29 euros  eran “costas recaídas en el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas”, es decir, las costas (de la previa impugnación) de las costas (principales). Un economista preguntaría si son las costas al cuadrado. O como diría Marx (Groucho) el resarcimiento a la contraparte por la impugnación de la contraparte de la contraparte por los perjuicios ocasionados a la primera parte por la primera impugnación de la parte contraria a la primera parte. Suerte que nadie impugnó esta segunda tasación de costas ocasionadas por la impugnación de la primera tasación de costas, porque podríamos entrar en un bucle sin fin que la ley no limita.

¿Y qué coste tiene subsanar aquel error? Un Letrado de la Administración de Justicia ha detectado un error y consecuentemente ha dictado una Diligencia de Ordenación que un funcionario habrá mecanografiado, y, posteriormente, en méritos de lo acordado, se habrá de emitir un mandamiento de pago (eso dice la D.O., aunque probablemente se efectuará una transferencia), notificar todo ello, etc. ¿Cuántas horas invertidas por tres céntimos? Y ¿alguien ha contado qué vale el trabajo de los funcionarios públicos dedicados a dicha labor? Contando un promedio de 30 euros por hora (intervienen diversos funcionarios con diferentes costes salariales), devolver esos tres céntimos costará como mínimo unas mil veces el importe devuelto.¿Podemos permitirnos el lujo de afinar al céntimo, gastando en ello mucho más del valor del ajuste?

En mi libro Eficiencia y transparencia del sistema judicial español en el contexto europeo ponía de manifiesto que España dedica a la justicia un presupuesto per capita superior a la media europea, pero que los resultados, en eficiencia y en transparencia (confianza ciudadana, credibilidad, etc.) no se correspondían con la inversión realizada. ¿Alguien duda aún que debemos desburocratizar urgentemente nuestro sistema judicial?

Como pequeña contribución a la descongestión del sistema, anuncio ya que el destinatario no procederá a cobrar el importe del mandamiento. Lo enmarcaremos como testimonio gráfico de la ineficiencia de nuestro hiperburocratizado sistema judicial.

 

 

DO acuerda expedir mandamiento por 3 céntimos

La Sala Tercera del TS limita la extensión máxima de los escritos

Peligroso precedente!

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha adoptado, por unanimidad, un Acuerdo por el que limita la extensión máxima de los escritos a presentar ante la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) del TS.

En concreto, se establece que los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacio, equivalentes a 25 folios, regulándose asimismo el formato, tipo de letra (“Times New Roman”), interlineado, márgenes y la obligación de imprimir a una sola cara, entre otros aspectos.

Los escritos de preparación se limitan a 35.000 caracteres, también contando los espacios, y, respecto los escritos de alegaciones, se prevé que será en cada caso la Sala de Admisión la que fijará la extensión máxima “en función de las circunstancias del caso”.

Partiendo de la habilitación contenida en el apartado tercero del artículo 87 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (reformada, recordemos, por la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), que entrará en vigor el próximo 22 de julio de 2016, la Sala de Gobierno, ha decidido regular la extensión máxima de todos los escritos, yendo a nuestro juicio más allá de lo que permite la norma habilitante que, recordemos, dispone textualmente:

3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.

Cierto es que los Abogados tenemos tendencia a escribir en exceso lo cual debe resultar en muchas ocasiones cansino por los jurisdicentes, pero cada asunto es singular y muchos presentan una complejidad fáctica y jurídica que obliga a desarrollar in extenso los correspondientes argumentos.

No me gusta escribir más de lo estrictamente necesario (a este blog me remito), pero limitar a 25 folios la extensión máxima de un recurso de casación me parece exagerado.

Los litigantes deben esperar pacientemente muchos años a ver resueltas sus pretensiones. Bueno será que, después de la espera, Sus Señorías tengan también la paciencia para leer y estudiar las argumentaciones de las partes, por extensas que estas sean, cuando el asunto así lo requiere.

 

Acuerdo Sala 3ª TS extensión escritos

Publicado el RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia

El BOE de hoy, 1 de diciembre, publica el RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Tras la aprobación de las Leyes 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establecen la obligatoriedad de que los profesionales jurídicos se relacionen con la Administración de Justicia de forma telemática, era necesario el desarrollo reglamentario que se efectúa mediante este RD.

Así, cumplido este trámite, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia estarán obligados a presentar cualquier escrito y recibir todas las notificaciones de forma electrónica. Como quiera que los Procuradores ya estaban obligados a la utilización de estos sistemas, la reforma afectará especialmente  a los Abogados, así como a todos los organismos públicos que se relacionen con la Administración de Justicia, Notarios y Registradores y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.La comunicación electrónica será asimismo obligatoria para las personas jurídicas privadas y optativa para las personas físcas cuando se relacionen directamente –sin postulación procesal– con la justicia.

El RD  objeto de comentario prevé que la presentación de escritos y recepción de notificaciones de forma electrónica se realizará a través del sistema LexNET. Conviene empero precisar que dicho sistema será sólo de aplicación en los territorios directamente dependientes del Ministerio de Justicia, pero en en aquellas Comunidades Autónomas, con competencias en materia de Justicia, que tengan habilitados sistemas telemáticos diferentes –como es el caso de Catalunya–. Sin embargo, los profesionales jurídicos de las Comunidades con competencias transferidas –como es el caso de los Abogados catalanes– sí deberán utilizar el sistema LexNET cuando actúen en territorio Ministerio, aún cuando la implantación de las comunicaciones electrónicas no pueda hacerse efectiva en su territorio en enero de 2016 –este es, de nuevo, el caso de Catalunya, donde los responsables de Justicia de la Generalitat ya han anunciado que la implementación no será técnicamente posible en la indicada fecha entre otras razones por problemas de compatibilidad entre los diferentes sistemas–.

Aún cuando el RD analizado extiende asimismo la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas a los administradores concursales, la medida quedará suspensa hasta la publicación del desarrollo reglamentario sobre el régimen de la administración concursal previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Aunque resulte paradójico, los administradores concursales seguirán pues relacionándose con los Juzgados Mercantiles en soporte papel.

Acompaño texto del RD 1065/2015: BOE-A-2015-12999

 

 

Publicada la reforma de la LEC

El BOE de hoy, 6 de octubre, publica la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya parte sustancial entra en vigor mañana mismo, lo que sin duda constituye un –otro más– atentado a la seguridad jurídica.

Ello no obstante, conforme dispone la Disposición final duodécima, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha. Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. Asimismo, conforme dispone el apartado 3 de la citada DF 12ª, las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671  –relativos a las subastas incluida la regulación de la nueva subasta electrónica– de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

Tiempo habrá por tanto de análisis más detalaldos. Para abrir boca, adjunto link al nuevo texto legal:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf

Publicada en el BOE la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria: Apuntes de urgencia

El BOE de hoy, 3 de julio de 2015, publica el texto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV). La Ley 15/2015, de 2 de julio.

La nueva Ley se compone de 148 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y veintiuna disposiciones finales. Tiempo habrá por tanto para efectuar análisis más pormenorizados, pero en unos primeros apuntes de urgencia cabe destacar los siguientes aspectos:

– La Ley regula los expedientes de jurisdicción voluntaria (en adelante, EJV) que se tramitan ante los órganos judiciales. No así otros EJV, entre los que destacan los notariales, cuya regulación se contiene en la Ley del Notariado de 1862, que la DA 11ª de la nueva LJV modifica al efecto. La nueva LJV atribuye también el conocimiento de determinados EJV a los Registradores, modificando al efecto, a través de la DA 12ª, la Ley Hipotecaria.

– Para el conocimiento de los EJV judiciales serán objetivamente competentes, según las materias, los Juzgados de Primera Instancia o los Juzgados Mercantiles. Las decisiones finales de los EJV corresponderán, también según los casos, al Juez o al Secretario Judicial.

– La LJV contiene unas pocas disposiciones generales en materia de tramitación procesal de los EJV. Pese al proclamado carácter supletorio de la LEC, se intuye ya que la parca regulación generará algunos importantes problemas interpretativos.

– Respecto al contenido, la nueva LJV regula EJV en materia de personas (filiación, defensa judicial, capacidad, adopción, tutela y guarda de hecho, emancipación, derechos fundamentales del honor, intimidad y propia imagen de menores o incapaces, protección del patrimonio y disposición de bienes de menores o incapaces, declaración de ausencia y fallecimiento y extracción de órganos de donantes vivos), familia (impedimentos, ejercicio de la patria potestad o la guardia y custodia, desacuerdo en administración de gananciales), sucesiones (albaceazgo, contadores-partidores, aceptación y repudiación de la herencia), en materia de obligaciones (plazo de cumplimiento y consignación), derechos reales (ejercicio de derechos del ususfructuario y  deslinde), en materia mercantil (exhibición de libros, convocatoria de juntas generales, nombramiento y revocación de liquidadores, auditores e interventores, reducción de  capital, pérdida o robo de títulos y nombramiento de peritos en el contrato de seguro). La LJV dedica asimismo un Título (el séptimo) a la regulación de las subastas voluntarias y otro (el noveno y último) a regular la conciliación judicial al derogarse los arts. 460 y ss. de la vieja LEC de 1881.

– Las disposiciones derogatorias y finales modifican una veintena de leyes, entre las que destacan las modificaciones (en algunos casos, de muchos preceptos) del Código Civil  (cerca del centenar de artículos modificados) , el Código de Comercio (aquí un solo artículo), la LEC (18 preceptos), la Ley del Registro Civil (una docena de disposiciones), la Ley de Sociedades de Capital, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Tasas en el ámbito de la administración de justicia y otras diferentes leyes, además de las ya citadas Ley del Notariado e Hipotecaria. Se derogan asimismo algunos preceptos del Código Civil y de la Ley Cambiaria y del Cheque. Se derogan asimismo la mayoría de preceptos hasta ahora aún vigentes de laLEC de 1881, si bien dicha decimonónica ley aún mantiene vigentes algunos preceptos, como por ejemplo, los que, bochornosamente, siguen parcheadamente regulando la ejecución de sentencia extranjeras.

– Conforme prevé la DF 21ª, la nueva LJV entrará en vigor a los veinte días de su publicación, es decir el próximo 22 de julio, si bien esa regla general contiene diversas excepciones entre las que destaca la de las diversas modificaciones relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

Acompaño texto de la Ley 15/2015, publicada en el BOE dLey 15-2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.e hoy:

Anteproyecto de reforma de LECrim

Acompaño el texto del Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin duda, la novedad más relevante es la relativa al nuevo régimen de intervención de las comunicaciones que ha despertado la lógica indignación de operadores jurídicos y ciudadanos en general. El nuevo art. 579.3, respecto de la correspondencia escrita y telegráfica, y, más grave aún, el nuevo art. 588 bis, d, 4, respecto de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, permiten que el Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad, puedan, en caso de urgencia y cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos que “puedan ser considerados de especial gravedad”, autorizar la intervención que no deberá ser comunicada al Juez sino hasta las 24 horas. Es obvio que la indeterminación de los requisitos puede dar lugar a abusos difícilmente compatibles con las mínimas exigencias del Estado de Derecho. Y, en todo caso, es difícilmente conciliable con la previsión del artículo 18.3 de la Constitución Española -que, por cierto, tanto defiende el Gobierno autor del Anteproyecto- que, recordemos, textualmente dispone que “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. La inconstitucionalidad de la norma parece pues fuera de duda.

El Anterproyecto regula también el registro de terminales informáticos (que puede ser acordado por la propia Policía Judicial dando cuenta al Juez en el plazo de 24 horas -art. 588 quinquies, c, 3-), así como el registro remoto de terminales.

Al margen de la anterior, el Anteproyecto contiene otras previsiones que, pese a haber quedado agazapadas tras la notoriedad del régimen de intervención de las comunicaciones, merecen ser destacadas.

Así, destaca la flexibilidad de la reforma de las normas sobre conexidad que -de aprobarse- permitiría poner fin a los “macro-procesos”. El nuevo art. 17 aumenta la discrecionalidad para tramitar conjuntamente los delitos conexos, medida que, si se aplica con sentido común, puede resultar positiva.

Especialmente plausible es la previsión de que los delitos sin autor conocido (como, por ejemplo, la sustracción o pérdida de documentos) no requerirán la apertura automática de diligencias penales. Dicha medida descongestionaría nuestros tribunales de burocracia inútil; como efecto colateral, aumentarían sustancialmente las -irreales- estadísticas  de duración de los procesos penales. En la actualidad, España reporta a la Unión Europea (CGPJ, La justicia dato a dato 2013; CEPEJ, Study of judicial systems 2012-2014) que nuestros procesos penales duran 2,1 meses de promedio !! Piénsese, por ejemplo que de los 6.442.718 asuntos penales ingresados en 2012, sólo1.081.739 seguían en trámite a final de año.

Aunque la reforma peca de cierta ambigüedad, estimo también positivo que se establezca un límite temporal a la instrucción de asuntos penales. La lectura de nuestro actual art. 324, que obliga a informar  semanalmente a Fiscalía y Presidencia de la Audiencia si un sumario se prolonga más de un mes, resulta absolutamente hilarante. Los plazos previstos, de seis o dieciocho meses, aunque resultan algo ambiguos en cuanto a la posibilidad de prórrogas, suponen sin duda un avance. Si hace algunos años ya se estableció la duración máxima de las inspecciones tributarias como garantía para el contribuyente, parece innegable que la condición de imputado merece también un límite temporal. Otra cosa es que, si  no se dotan recursos suficientes (no previstos en el Anteproyecto), ese límite temporal pudiera a la fin servir para dar carpetazo por la puerta de atrás a complejos y largos procesos que afectan a las clases dirigentes.

Interesante resulta también la posibilidad de evitación del proceso mediante “aceptación de decreto dictado por el Ministerio Fiscal”. Posibilidad prevista para delitos con pena de muta, o con prisión substituible por multa, y/o privación del permiso de conducción, la medida puede ayudar a descongestionar los tribunales en caso de conformidad. De cómo se aplique dependerá empero su éxito.

El Anteproyecto adapta y mejora la normativa relativa a la asistencia al detenido para adaptarla a la Directiva Europea sobre asistencia al detenido en procesos penales y orden de detención europea (Directiva 2013/48/UE).

Absurdo resulta el cambio terminológico consistente en sustituir el tradicional nomen iuris de “imputado” por el de “sujeto pasivo” del proceso penal. Si lo que se pretende es desestigmatizar la condición de imputado, recupérese y actualícese la figura del procesamiento y/o adóptense otras medidas tendentes a reforzar la presuncion de inocencia (por ejemplo, instaurando la figura del testigo asistido), pero el cambio de nombre propuesto se nos antoja ineficaz y ridículo.

El nuevo proceso autónomo de decomiso se nos antoja muy peligroso y dudamos de que efectivamente pueda conseguir el objeto de descongestionar la justicia penal.

Por ultimo, se estiman en líneas generales positivas las previsiones en torno a la instauración generalizada de la segunda instancia (ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones que la casación no cumple las exigencias del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), así como la articulación de un cauce procesal para dar eficacia a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En definitiva, un Anteproyecto que, probablemente redactado por diferentes manos,  contiene ciertamente alguna propuesta interesante pero que queda absolutamente viciado por sus tics autoritarios.

Anteproyecto reforma LECrim

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital

El BOE de hoy, 4 de diciembre, publica la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Como explica el Preámbulo de la Ley, las principales modificaciones  afectan al funcionamiento tanto de la junta general como del consejo de administración, siendo especialmente relevante la regulación relativa a la remuneración de los administradores.

Desde el punto de vista procesal, merecen especial consideración las modificaciones introducidas en materia de impugnación de acuerdos sociales. En particular, el régimen de caducidad de la acción de impugnación (art. 205 LSC), alarga sustancialmente los plazos hasta ahora vigentes, que pasan de ser de los 40 días actuales hasta 1 año como regla general, estableciéndose asimismo la imprescriptibilidad de la acción para impugnar acuerdos contrarios al orden público.

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital

Anteproyecto de LOPJ: Apuntes de urgencia

Ya se ha publicitado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de fecha 4 de abril de 2014:

A  modo telegráfico, cabe destacar que se trata de una Ley nueva (es decir, no se reforma la LOPJ de 1985) que contiene variadas novedades.

Sin duda, la más trascendente es la desaparición de los partidos judiciales y su sustitución por tribunales de instancia de ámbito provincial.

Auguro una tormentosa tramitación por cuanto afecta también al estatuto judicial con medidas como la desaparición de las actuales categorías dentro de la judicatura (Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo) que previsiblemente resulten muy cuestionadas desde las Asociaciones Judiciales.

Os dejo el link al texto publicitado por el Ministerio:

Anteproyecto de LOPJ de 4-4-14

Modificació de la Llei d’Accés

En una recent entrada del Blog donava compte del Projecte de Llei de Mediació que modificava la Llei d’Accés. El Projecte es va convertir en Decret-Llei, publicat al BOE de 6 de març, però la entrada al Blog va quedar en esborrany no publicat. Alertat de l’omissió per alguns seguidors del Blog, ho esmeno publicant-ho ara. Texte del RDLL, i de la seva Disposició Final Tercera: Disposición final tercera. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos: «Los títulos profesionales regulados en esta Ley serán expedidos por el Ministerio de Justicia.» Dos. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción: «Disposición adicional octava. Licenciados en Derecho. 1. Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes en el momento de su publicación estuvieran matriculados en estudios universitarios conducentes a la obtención del título de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes. 2. Los alumnos no incluidos en el apartado anterior que obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán obtener los títulos profesionales siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Que realicen las prácticas externas previstas en el artículo 6. b) Que acrediten su capacitación profesional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. El Gobierno desarrollará reglamentariamente las especialidades derivadas de la participación de estas personas en los procesos de formación y de evaluación de aptitud profesional.» Tres. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción: «Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados. Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente ley hubieran solicitado la homologación de su título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.» Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en los siguientes términos: «3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley se encontraran en posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se regulan.»