La actuación de los Juzgados Mercantiles de Barcelona durante el Mobile World Congress: Un aplauso

Acaba de publicitarse el “Informe sobre el resultado del protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress celebrado en Barcelona los días 27 de febrero a 2 de marzo de 2017”.

Desde hace 3 años, los Jueces Mercantiles de Barcelona elaboran y aplican un Protocolo de actuación para poder resolver eficazmente las eventuales incidencias judiciales en materia de propiedad industrial e intelectual que puedan producirse durante la celebración del MWC.

Las cifras arrojan un balance muy satisfactorio. Así, como indica el Informe, tras la finalización del Mobile World Congress de este año, el resultado de la aplicación de dichas medidas ha sido el siguiente:

  • Se han presentado 12 escritos preventivos, todos ellos en materia de patentes. Entre las partes solicitantes y afectadas figuran multinacionales tecnológicas como SAMSUNG, NOKIA, ERICSSON, WIKO, ZTE, ARCHOS, etc. Todos ellos fueron tramitados y resueltos antes del inicio del Congreso.
  • Se ha presentado una diligencia de comprobación de hechos frente a 5 compañías diferentes en materia de patentes. Se tramitó y resolvió en 24 horas, en sentido estimatorio.
  • Se han presentado 7 medidas cautelares inaudita parte frente a 8 compañías diferentes. Todas se tramitaron y resolvieron en 24 horas, 4 en sentido estimatorio y 3 desestimando la petición.
  • Se ha presentado 1 oposición a una medidas cautelar inaudita parte. Se tramitó y resolvió en 24 horas, en sentido estimatorio fijando caución sustitutoria.
  • En total han sido 21 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo.

La celeridad con la que dichos asuntos han podido tramitarse y resolverse es digna de elogio. Favorece sin duda la permanencia futura del MWC en Barcelona, pues como es sobradamente conocido, la seguridad jurídica es uno de los factores claves para el crecimiento económico y la atracción de inversiones extranjeras (Véase al respecto mi monografía Eficiencia y transparencia del sistema judicial español en el contexto europeo, Barcelona, 2015). Piénsese que, en los tempos normales de la justicia española, todas las medidas y peticiones se habrían tramitado y resuelto con mucha posterioridad a la finalización del Congreso, deviniendo por ende –al menos, en la inmensa mayoría de ocasiones–, totalmente ineficaces.

El Protocolo y sus resultados son además una evidente demostración empírica de que, para mejorar la eficiencia e imagen de nuestra justicia, no sólo hace falta una mayor dotación económica, sino, principalmente, adoptar medidas organizativas que, como la presente, ofrecen grandes resultados sin necesidad de mayores recursos económicos.

Imaginación, vocación de servicio público y ganas de hacer bien el propio trabajo. Un aplauso para los Jueces Mercantiles de Barcelona.

 

Adjunto texto del citado Informe: Informe Protocolo MWC 2017

 

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de Pressupostos

Acompanyo el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017.

Les conclusions, no vinculants, estableixen que la Disposició Addicional 31, relativa a mesures d’organització i gestió del procés refrendari, es contrària a la Constitució Espanyola (art. 149.1.32) i al propi Estatut d’Autonomia de Catalunya  (arts. 122, 211 i 212). El Consell també conclou però, igualment per unanimitat dels seus mebres, que determinades partides pressupostàries relatives a “processos electorals i consultes popular” i “processos de participació  ciutadana”, si troben empara a diferents articles de l’Estatut i, pe tant, no sòn contràries a la Constitució.

Dictamen Consell Garanties Estatutàries sobre el pressupost 2017

 

Y, ahora, a recuperar también los gastos de la hipoteca

En los últimos años, y, muy especialmente desde que en 2013 se tuvo que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en méritos de una Sentencia europea, el tema de las cláusulas abusivas de los contratos bancarios ha permanecido constantemente en el top de la actualidad jurídica, económica y social.

He perdido ya la cuenta de las conferencias y ponencias  impartidas o intervenciones en Mesas Redondas sobre la cuestión: acciones preferentes, conversiones, cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, intereses abusivos, cesión de créditos, titulaciones hipotecarias, retroactividad, gastos de constitución,  comisiones, etc.

Así las cosas, en una primera aproximación,  las esperadas últimas sentencias sobre retroactividad ilimitada de la nulidad de las cláusulas suelo y sobre abusividad de cargar al consumidor todos los gastos de constitución de la hipoteca (Notario, Registro, Gestor, tributos, etc.) no parecen ser pues sino más de lo mismo, lluvia sobre mojado. Pero a mi juicio, hay una diferencia sustancial.

Hasta ahora, y salvo en el caso de las denominadas acciones preferentes, la invocación de las cláusulas abusivas se ha efectuado mayoritariamente por vía de excepción u oposición. El consumidor demandado por impago invocaba la nulidad de las cláusulas abusivas para oponerse a una ejecución iniciada por el Banco.

Sí ha habido aluvión de demandas de preferentistas, pero estadísticamente el fenómeno afectó a un porcentaje relativamente bajo de ciudadanos. Por decirlo más gráficamente, preferentistas había pocos, mientras que los deudores hipotecarios son mayoría.

Y, en materia hipotecaria, al margen de las importantes demandas colectivas promovidas por Asociaciones de Consumidores, han sido pocos los  deudores hipotecarios que se hayan decidido a demandar a su banco para que les modificara las condiciones de la hipoteca.

Normalmente, la escasa cantidad a recuperar no compensaba el coste, riesgo y desgaste de interponer una demanda judicial. Y, así, la mayoría de deudores hipotecarios, por ahorrarse problemas, aceptaron los pactos compensatorios más o menos generosos propuestos por los bancos.

Como decía, la situación hoy ha cambiado radicalmente. La posibilidad de recuperar todo lo pagado de más por la cláusula suelo desde el principio de su aplicación puede suponer una cantidad importante. Dependerá obviamente del importe pendiente de amortizar y del interés y suelo en su día pactados, pero en mi experiencia reciente, de hipotecas comunes, las cantidades a reclamar han oscilado entre los 3.000 y los 15.000 euros. Ninguna tontería.

Y a ello hemos de sumar las cantidades indebidamente pagadas en el momento de formalizar la hipoteca que, dependiendo también de nominal y entidad, suelen oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros.

Estos últimos días se han conocido algunas sentencias que condenan al banco a devolver tales cantidades. No es ninguna novedad, pues la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 ya señaló ese camino, pero la concurrencia de noticias sobre el particular unida al fuerte impacto de la también esperada reciente sentencia del TJUE sobre la ilimitada retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelas hacen presagiar una avalancha de futuras reclamaciones judiciales individuales.

Consciente de ello, el Gobierno intenta promover mecanismos de solución extrajudicial, pero los bancos ya han dejado suficientemente claro que no están por la labor. Prefieren esperar el degoteo de reclamaciones individuales que afrontar de golpe enormes provisiones en sus balances.

Veremos cómo evoluciona el tema, pero teniendo en cuenta que reclamar judicialmente ya es hoy rentable (si Usted tiene una hipoteca, probablemente pueda reclamar algunos miles de euros a su Banco), todo hace presagiar una avalancha de demandas.

 

Nulidad de préstamo usurario

Acompaño Sentencia del Pleno  de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015 que anula por usurario el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento, revocando así las previas sentencias de un Juzgado de Cerdanyola del Vallés y de la Audiencia de Barcelona que dieron la razón al banco y condenaron al consumidor.

Conforme explica el TS, el consumidor afectado firmó en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving Mediatis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros le eran reclamados otros 12.269.

Basándose en la la Ley de Represión de la Usura, usualmente conocida como Ley Azcárate, de 1908, todavia vigente, la operación debe ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato. Conforme establece la citda Ley Azcárate,  “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En ese sentido, expone que en una operación de financiación del consumo como la analizada no puede justificarse un interés tan excesivo “sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La consecuencia es que el crédito fue nulo y debe rechazarse la demanda del banco. La Ley contra la Usura prevé que en casos de nulidad de los contratos el cliente sólo debe devolver al banco la suma recibida, y en este caso el particular superó esa cantidad.

Acompaño texto de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de fecha 25 de noviembre de 2015.

STS 25-11-15

Absentismo laboral: autónomos, empleados y funcionarios

Según los datos recogidos en la última Encuesta Trimestral de coste laboral (ETCL) publicada por el INE, durante el tercer trimestre de 2014, la tasa de absentismo laboral de los empleados por cuenta ajena (2,01 %) fue inferior a la de los autónomos (2,02 %).

Sabido es que un autónomo es plenamente consciente de que si no trabaja no obtiene ingresos. Así de sencillo. He visto multitud de autónomos, en particular profesionales laborales (en mi experiencia personal, principalmente abogados y economistas) sin dejar de acudir a sus despachos o reuniones o señalamientos pese a estar aquejados de procesos gripales, convalecientes de enfermedades, fracturas o intervenciones, en estado de gestación o a los pocos días del parto. Históricamente, la tasa de absentismo de los autónomos era siempre inferior a la de los asalariados.

El cambio de tendencia se debe sin duda al efecto combinado de la crisis económica, el elevado nivel de paro y las últimas reformas laborales. Si, como se afirma con frecuencia, la evolución de la economía, depende en gran medida del estado de ánimo colectivo, no cabe duda de que la sensación de crisis entre la ciudadanía es mucho más elevado que entre nuestros optimistas gobernantes.

El índice de absentismo entre los trabajadores públicos sigue, como siempre, en cabeza, situándose en el 2,19 %. La imperiosa necesidad de reforma de la administración pública no es, desde luego, algo novedosa. Basta releer al decimonónico Mariano José de Larra.

Adjunto enlaces a la Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL: Trimestre 3/2014, publicada el 17/12/2014) y a un artículo publicado en “El Economista” el pasado 4 de enero.

Noticia El Economista 04.01.15

Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL): Trimestre 3/2014 Publicado: 17/12/2014