Informe GRECO 2018: Cuestionado de nuevo el sistema de nombramiento de las altas instancias judiciales

El Consejo de Europa acaba de publicar el Informe GRECO 2018.

Como en en ediciones anteriores, el Informe tiene por objeto analizar diversos parámetros relativos a la efectividad en la lucha contra la corrupción de los distintos Estados Y, al igual que hiciera en los Informes de 2013 y 2016, el Informe 2018 suspende a España en cuanto al establecimiento de criterios objetivos para el nombramiento de las altas instancias judiciales.

Nuevamente, se cuestiona el carácter discrecional de algunos de dichos nombramientos, que son efectuados por el Consejo General del Poder Judicial, órgano éste claramente politizado habida cuenta del sistema de nombramiento de sus miembros.

En concreto, la Recomendación VI del Informe señala

39. El GRECO recomendó establecer en la ley criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de los altos cargos de la judicatura, a saber, el Presidente de la Audiencia Provincial o del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, al objeto de que dichos nombramientos no hagan nacer duda alguna sobre la independencia, la imparcialidad o la transparencia del procedimiento.

40. El GRECO apuntó que no fueron establecidos en la ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación para los nombramientos de los altos cargos del aparato judicial y concluía en consecuencia que la recomendación VI no había sido implementada.

41. Las autoridades españolas explican que la subcomisión de Justicia en el Congreso de los Diputados está examinando en la actualidad las diferentes propuestas de las asociaciones judiciales relativas a los procedimientos de nombramiento de presidentes de los TSJ y de las Audiencias Provinciales (eventualmente suprimiendo el poder de proposición inherente a los Parlamentos regionales en la materia), así como la duración de su mandato.

42. El GRECO apunta con satisfacción que actualmente está en tramite un examen del mecanismo de nombramiento de los Presidentes de las AAPP y de los TSJ, con el fin de garantizar la independencia de estos nombramientos. No obstante, es muy pronto para evaluar si dicho examen conllevara cambios efectivos.

Además, la recomendación VI abarcaba un número más amplio de cargos, dado que apunta al conjunto de los altos cargos del aparato judicial y por tanto engloba la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Es más, la recomendación preconiza claramente establecer en la ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación. Es necesario llevar a cabo una acción más determinada en este aspecto.

43. El GRECO concluye que la RecomendaciónVI no ha sido implementada.

 

  1. España sigue pues sin cumplir las recomendaciones de instaurar criterios objetivos y reglas de evaluación para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales,  así como de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Se acompaña link al Informe GRECO 2018 (en francés)

Magistrado condenado por prevaricación

La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, ha condenado a la pena de multa y diez años de inhabilitación especial a un Magistrado que, como Juez de Instrucción, acordó el archivo prematuro de una querella por estafa (en síntesis: el querellado habría hipotecado una finca después de venderla al querellante), sin practicar las mínimas diligencias de investigación, alguna ya previamente acordada, dándose además la fea (aunque, como remarca la Sala, irrelevante desde el punto de vista del tipo) circunstancia de quedar acreditada la amistad entre el Magistrado y el querellado.

Habida cuenta de las circunstancias del caso no parece que dicha Sentencia abra especialmente la veda para la persecución de prevaricaciones judiciales pero sin duda (y, si no, al tiempo) se convertirá en un precedente frecuentemente invocado en el futuro.

 

 

STSJC-LM_2017_07_17_Prevaricación_Magistrado archivo precoz sin la realización de las diligencias de investigación debidas

La Audiencia de Madrid levanta la inmovilización del autobús de “Hazte oír”

Mediante Auto de fecha 14 de julio de 2017, la Sección Seguna de la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación de “Hazte oír” y acuerda levantar las medidas cautelares acordadas en marzo por el Juez de Instrucción.

Lo más relevante del Auto es que fundamenta el levantamiento en entender que los hechos difícilmente pueden ser considerados constitutivos de delito. Es dedir, no archiva la causa, porque no era ese el objeto del recurso, pero deja clara constancia de su parecer.

 

Auto levantamiento medidas Autobús Hazte Oír

Sentencia Cassandra: un año de prisión por diversos chistes sobre Carrero Blanco en twitter

La Sentencia de la Audiencia Nacional (sección Cuarta) de fecha de hoy, 29 de marzo de 2017, condena al titular de la cuenta ‘Cassandra’ de twitter a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta como autor de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Como explica la Sentencia en su relato de hechos probados, el acusado, Ramón Vera, colgó en la red diversos mensajes sobre el atentado a Carrero Blanco que la Sala enjuicia constitutivos del tipo penal de humillación a las víctimas del terrorismo descrito en el artículo 578 del Código Penal. La Sentencia razona que la libertad de expresión o ideológica no da cobijo suficiente a la publicación de los mensajes y excluye igualmente tanto el error de tipo como el error de prohibición.

Como siempre que una norma penal entra en colisión con el derecho a la libertad de expresión, el debate está servido., sin que los tribunales hayan dado hasta hoy una respuesta unívoca.

Nada mejor pues que facilitar el texto de la sentencia y que cada cual saque sus propias conclusiones. Las mías, prefiero reservármelas.

 

 

 

 

La Comisión de Venecia critica la reforma que permite al Tribunal Constitucional ejecutar sus resoluciones

Duro informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que otorgó a este órgano constitucional español la potestad de poder ejecutar sus propias resoluciones, permitiendo, incluso, que el TC pueda suspender cargos públicos para asegurar el cumplimiento de sus Sentencias.

 

Aunque el informe concluye que no se ha vulnerado ningún standard europeo en materia de derechos fundamentales, advierte que queda cuestionada la necesaria neutralidad del máximo intérprete de la Constitución. Como se recordará, el propio Tribunal Constitucional español se pronunció sobre la constitucionalidad de la reforma (L.O. 15/2015) que, aunque fue avalada por la Sentencia suscrita por la mayoría de sus Magistrados,  incluyó tres contundentes votos particulares (Adela Asúa,  Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol Ríos) que sin duda debieron sonrojar a los Magistrados de la mayoría (vid. post del pasado 13 de noviembre de 2016).

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por especialistas en Derecho Constitucional, totalmente independientes respecto de los Estados miembros. Sus informes carecen de fuerza vinculante pero tiene un gran valor simbólico.

Dejo enlace a la nota de prensa publicada en la página oficial del Consejo de Europa. El texto íntegro será conocido este próximo lunes.

Venice Commission. Análisis crítico de la reforma de la LOTC

Inmovilización judicial del autobús de “Hazte Oír”(“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”)

Auto del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, de fecha 1 de marzo de 2017, adoptando la medida cautelar interesada por el Ministerio Fiscal de prohibición de la circulación, con su consiguiente inmovilización, del autobús utilizado por la asociación “Hazte Oír”.

Como es conocido, el citado autobús empezó a circular por Madrid con el visible lema publicitario

“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”

Igualmente en la parte trasera del autobús aparece el mensaje

“No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. lnfórmate con el libro que no quieren que leas. Pídelo gratuitamente en http://www.ElLibroProhibido.com”.

 

El citado Auto razona que, existiendo indicios de que dichas concretas expresiones contenidas en la publicidad del autobús racionalmente suponen un acto de menosprecio a las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual concebida por dicha asociación, siendo por tanto subsumible en el citado apartado 2.a) del articulo 510 del Código Penal, y con la finalidad de evitar la perpetuación de la comisión del delito, procede acordar la medida cautelar interesada por el Ministerio Publico, en base a lo dispuesto en el articulo 13 de la L.E.Cr. puesto en relación con lo dispuesto en el apartado 6 del articulo 510 del Código Penal.

 

Auto medidas cautelares “Hazte oír”

La reforma que permite al TC suspender cargos públicos

Acompaño Sentencia del Pleno del TC declarando la constitucionalidad de la Ley Orgánica 15/2015, de reforma de la LOTC, permitiendo, entre otras reformas, que el TC pueda suspender cargos públicos para asegurar el cumplimiento de sus Sentencias.

Los tres contundentes votos particulares (Adela Asúa,  Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol Ríos) deberían sonrojar a los Magistrados de la mayoría.

 

STC declarando constitucionalidad LO reforma LOTC

Ayuntamiento de Badalona y 12-O

El Ayuntamiento de Badalona, gobernado por la CUP, decidió que no tenía nada que celebrar el 12 de octubre y que, por ello, dicho día sería laborable. La Delegada del Gobierno en Cataluña  entendiendo que dicha decisión era inadmisible, solicitó de la justicia la anulación del  acuerdo municipal. La vigilia, 11 de octubre, el juzgado contencioso administrativo dictó una medida (de las denominadas cautelarísimas o inaudita parte debitoris),  acordando que “se suspende cautelarmente la efectividad de cualquier actuación administrativa del Ayuntamiento de Badalona, incluida la vía de hecho, que tenga por objeto o finalidad la apertura de sus locales y dependencias, al público o a los empleados públicos de él dependientes, durante el día 12 de octubre de 2016”, convocando asimismo a las partes a una comparecencia para el siguiente 13 de octubre (se acompaña el Auto). Hasta aquí el primer episodio de todo este esperpento.

Pese  a la prohibición, diversos cargos municipales electos (no funcionarios)  han acudido al Ayuntamiento que ha mantenido sus puertas abiertas hasta las 13 horas. Para escenificar la desobediencia, el Alcalde accidental ha roto la resolución judicial en pedazos  ante las cámaras. Se esperan pues nuevos episodios de este sainete.

En un país y tiempo normales, resultaría todo muy extraño.

 

9N: Escrito de acusación de la Fiscalía

Por su interés, acompaño escrito de acusación de la Fiscalía contra Artur Mas, Joana Ortega  e Irene Rigau.

Se acusa por los delitos de desobediencia y prevaricación, solicitando diez años de inhabilitación para Mas y nueve para las otras dos acusadas.

Sigo pensando que el tema no tiene relevancia penal, pues, al margen de que cabe discutir que una providencia del Tribunal Constitucional sea resolución judicial a efectos penales, no existe una orden directa, expresa, personal y reiterada sobre la que pueda residenciarse la presunta desobediencia.  Llama al efecto la atención que al describir los hechos delicitivos, la Fiscalía describa que Mas “dejó de suspender oficialmente la convocatoria” y “se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación [de la consulta] que ya estaban en marcha”. No se atribuye a ninguno  de los acusados ningún hecho concreto posterior a la providencia de suspensión del 4 de noviembre.

Suscribo pues plenamente la tesis de ilustres penalistas (como los Profesores Queralt o Carpio) de que los hechos carecen de relevancia penal (no existe desobediencia ni prevaricación) y que, por ende, no puede proceder otra cosa que una sentencia absolutoria.

Escrito de acusación de la Fiscalía por el caso 9N

 

 

Sentencia caso Arena

Por su interés acompaño Sentencia del llamado caso Arena que condena al empresario Miguel Ángel Flores y a otras siete personas como penalmente responsables de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia, absolviendo a otros diversos acusados.

Las penas oscilan entre cuatro años de prisión y multas de doce meses, determinándose asimismo las indemnizaciones tanto a favor de los lesionados como a favor de los familiares de las fallecidas, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de diversas compañías y del propio Ayuntamiento de Madrid, así como la responsabilidad civil directa de diversas Aseguradoras.

La muy extensa Sentencia, de 677 páginas, destaca por el prolijo relato de los hechos y, especialmente, por el pormenorizado análisis de la prueba practicada en el juicio, incluyendo diversos croquis y planos de las instalaciones, así como numerosos fotogramas de las cámaras de seguridad, extremos todos ellos desgracidamente inhabituales en las sentencias judiciales.

Si, como se dice,una imágen vale más que mil palabras, la inclusión de dichos croquis y fotografías en la Sentencia ayuda sin duda a reforzar la motivación del fallo. Véanse por ejemplo las dos siguientes imágenes, ilustrativas de la tragedia sucedida.

 

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Una sentencia pues ejemplar en cuanto a motivación, sin perjuicio claro está del mayor o menor acierto de sus razonamientos que sin duda podrán discutir las partes procesales para que el Tribunal Supremo tenga ocasión de pronunciarse al respecto.

Sentencia Caso Arena