Informe GRECO 2018: Cuestionado de nuevo el sistema de nombramiento de las altas instancias judiciales

El Consejo de Europa acaba de publicar el Informe GRECO 2018.

Como en en ediciones anteriores, el Informe tiene por objeto analizar diversos parámetros relativos a la efectividad en la lucha contra la corrupción de los distintos Estados Y, al igual que hiciera en los Informes de 2013 y 2016, el Informe 2018 suspende a España en cuanto al establecimiento de criterios objetivos para el nombramiento de las altas instancias judiciales.

Nuevamente, se cuestiona el carácter discrecional de algunos de dichos nombramientos, que son efectuados por el Consejo General del Poder Judicial, órgano éste claramente politizado habida cuenta del sistema de nombramiento de sus miembros.

En concreto, la Recomendación VI del Informe señala

39. El GRECO recomendó establecer en la ley criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de los altos cargos de la judicatura, a saber, el Presidente de la Audiencia Provincial o del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, al objeto de que dichos nombramientos no hagan nacer duda alguna sobre la independencia, la imparcialidad o la transparencia del procedimiento.

40. El GRECO apuntó que no fueron establecidos en la ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación para los nombramientos de los altos cargos del aparato judicial y concluía en consecuencia que la recomendación VI no había sido implementada.

41. Las autoridades españolas explican que la subcomisión de Justicia en el Congreso de los Diputados está examinando en la actualidad las diferentes propuestas de las asociaciones judiciales relativas a los procedimientos de nombramiento de presidentes de los TSJ y de las Audiencias Provinciales (eventualmente suprimiendo el poder de proposición inherente a los Parlamentos regionales en la materia), así como la duración de su mandato.

42. El GRECO apunta con satisfacción que actualmente está en tramite un examen del mecanismo de nombramiento de los Presidentes de las AAPP y de los TSJ, con el fin de garantizar la independencia de estos nombramientos. No obstante, es muy pronto para evaluar si dicho examen conllevara cambios efectivos.

Además, la recomendación VI abarcaba un número más amplio de cargos, dado que apunta al conjunto de los altos cargos del aparato judicial y por tanto engloba la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Es más, la recomendación preconiza claramente establecer en la ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación. Es necesario llevar a cabo una acción más determinada en este aspecto.

43. El GRECO concluye que la RecomendaciónVI no ha sido implementada.

 

  1. España sigue pues sin cumplir las recomendaciones de instaurar criterios objetivos y reglas de evaluación para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales,  así como de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Se acompaña link al Informe GRECO 2018 (en francés)

Magistrado condenado por prevaricación

La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, ha condenado a la pena de multa y diez años de inhabilitación especial a un Magistrado que, como Juez de Instrucción, acordó el archivo prematuro de una querella por estafa (en síntesis: el querellado habría hipotecado una finca después de venderla al querellante), sin practicar las mínimas diligencias de investigación, alguna ya previamente acordada, dándose además la fea (aunque, como remarca la Sala, irrelevante desde el punto de vista del tipo) circunstancia de quedar acreditada la amistad entre el Magistrado y el querellado.

Habida cuenta de las circunstancias del caso no parece que dicha Sentencia abra especialmente la veda para la persecución de prevaricaciones judiciales pero sin duda (y, si no, al tiempo) se convertirá en un precedente frecuentemente invocado en el futuro.

 

 

STSJC-LM_2017_07_17_Prevaricación_Magistrado archivo precoz sin la realización de las diligencias de investigación debidas

La “Exposición Razonada” del Juez Eloy Velasco que ha provocado la dimisión del Presidente de Murcia

Esta es la “Exposición Razonada” remitida por el Juez Eloy Velasco, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia pidiendo que investigue, es decir, que se impute, al entonces (y hasta hoy) aún Presidente de la Comunidad Murciana Pedro Antonio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En el curso de una investigación seguida ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (en las Diligencias Previas 85/2014), se han hallado indicios incriminatorios contra el Presidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez. Por su condición, entonces, de Presidente de la Comunidad Autónoma, Sánchez ostenta la condición de aforado ante la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia, lo que impide que la Audiencia Nacional pueda investigarlo. En tales casos, la Ley prevé que el órgano que está investigando (el Juzgado Central de Instrucción) una causa en la que aparecen indicios incriminatorios contra un aforado (Sánchez), haga un informe o “exposición” de forma razonada al órgano competente para conocer contra el aforado (el Tribunal Superior de Murcia) exponiendo los indicios que conducen a entender procedente la imputación.

El escrito de Eloy Velasco, de 32 páginas, detalla con precisión los indicios existentes para iniciar la investigación contra el aforado Sánchez por los citados delitos de fraude (art. 436 CP), cohecho (art. 419 CP) y revelación de información reservada (art. 417 CP). La decisión corresponde ahora a la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero, a la vista de la contundente Exposición del Magistrado Velasco,  difícilmente podría acordar no investigar el asunto. Otra posibilidad sería de que Sánchez dimitiera también como Diputado autonómico y perdiera el aforamiento, pero entonces la competencia revertería al Juez Velasco cuyo criterio ya ha expresado en su Exposición Razonada.

La dimisión de Sánchez resultaba pues inaplazable ante la inminencia de su imputación.

Exposición Razonada imputación Presidente Murcia

Auto de libertad para los condenados del caso Nóos (I. Undangarín y D. Torres)

Por su gran repercusión mediática, acompaño Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares de fecha 23 de febrero de 2017, acordando mantener la situación de libertad de los condenados Iñaki Urdangarín y Diego Torres.

Como ya es conocido, tras la celebración de la vistilla prevista en el art. 505 LECrim, la Sala acordó imponer a Iñaki Urdangarín la obligación de comparecer mensualmente ante los juzgados de su actual residencia en Suiza, mientras que a Diego Torres, atendiendo a la mayor pena impuesta, además de acordarse igualmente su comparecencia mensual, se decreta asimismo la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

La resolución, de 9 páginas, que al conocerse fue objeto de numerosas críticas  (más políticas, o incluso demagógicas, que estrictamente jurídicas), recuerdo los principios esenciales de la prisión provisional. Recordemos que no es ni debe nunca ser una pena anticipada, sólo procede si se da alguna de las finalidades que legalmente la justifican (art. 503 LECrim), como es el riesgo de fuga, y, especialmente, que, como recuerda el art. 502.2 LECrim, “la prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

 

Auto de 23 de febrero de 2017

 

Sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de las tarjetas black

Sentencia de fecha 23 de febrero de 2017 dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en el denominado caso de las “tarjetas black”.

La extensa sentencia de 256 páginas condena a seis años de prisión a Miguel Blesa, como autor de un delito continuado de apropiación indebida, cuatro años y seis meses a Rodrigo Rato, y diversas penas que oscilan entre los tres meses y cuatro años a otros muchos acusados, obligando a los condenados a retornar las cantidades indebidamente dispuestas en uso de las citadas tarjetas.

La Sentencia puede ser ahora recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

 

Sentencia AN tarjetas black

 

De nuevo sobre la duración de la instrucción penal. Así se legisla (chapuceramente) y así se aplica (chapuceramente)

Ya hemos tenido ocasión de criticar en otros lugares la limitación de los plazos de instrucción (6 meses con carácter ordinario o 18 si la causa es compleja, con posibilidad de prórrogas) contenida en el nuevo artículo 324 LECrim tras la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Y no porque la medida sea intrínsecamente negativa, que a nuestro juicio no lo es en la medida en que fortalece las garantías del justiciable (el proceso penal es una pena en sí mismo, y, por ende, es positivo limitar la duración de la investigación, como así hizo, por ejemplo, respecto de las inspecciones tributarias por la AEAT). La crítica obedecía a razones de oportunidad, pues en la actual situación de colapso de nuestra justicia penal, no parece en efecto viable que pueda sin más reducirse de modo tan significativo la duración de las instrucciones penales.Y, especialmente, a razones de torpeza (o mejor demagogia) legislativa habida cuenta de que la Disposición Adicional Única de la citada Ley 41/2015 prevé expresamente que “las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.

En un reciente trabajo (Alonso-Cuevillas, J., “El nuevo proceso penal: Valoración crítica de las reformas procesales de 2015″, en el trabajo colectivo dir. por Alonso-Cuevillas Sayrol, J., El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Barcelona, Atelier, 2016)  escribí lo siguiente:

“Así las cosas, la citada medida, aún cuando pudiera ser en abstracto positiva, se estima altamente inconveniente en los términos y momentos en los que ha sido introducida. Si, como se teme, el sistema no puede absorber el impacto de tener que concluir de golpe miles de instrucciones el próximo 6 de junio de 2016,, el daño a la ya muy maltrecha imagen de nuestra justica penal, será muy elevado.

Recordemos al respecto que según el apartado 4 de la Disp. Transitoria Única de la L. 41/2015, el nuevo artículo 324 se aplicará también a los procesos ya en tramitación, considerándose a tales efectos el día de entrada en vigor de la ley (6 de diciembre de 2015) como día inicial para el cómputo de los plazo máximos de instrucción fijados. El próximo 6 de junio es pues el día H del anunciado colapso.

 Las críticas no han sido sólo una reflexión “profesoral”. Al contrario, han sido en efecto muy numerosas las críticas a la medida legislativa , que ha sido incluso tildada de “ley de punto final” para procurar la inmunidad de múltiples causas de corrupción que afectan dirigentes políticos. Ejemplo paradigmático de tales críticas el duro Comunicado conjunto sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por las Asociaciones Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales, que, tras analizar el texto legal, concluye con estas contundentes palabras: “Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados […]”. El citado documento puede consultarse en línea, por ejemplo, en la página de la UPF: http://www.upfiscales.com/2015/10/1437/.

 

Pues bien, a grandes males, grandes remedios.

 

Ayer, 31 de mayo de 2016, es decir, a menos de una semana del día D, la Fiscalía General del Estado remitió una comunicación a todos los fiscales jefes con el siguiente contenido:

Señores Fiscales; ante la imposibilidad de cumplir con lo que prevé la ley (informes razonados y promenorizados pidiendo la declaración de complejidad en las causas en que proceda), echen Uds. mano de formularios modelo alegando como fundamento la “circunstancia transitoria y extraordinaria” de que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

Pues así vamos tirando !

Instrucción FGE 324

Imputación de los titulares de las tarjetas black de Caja Madrid

Acompaño Auto dictado hoy,  28 de enero de 2015, por el el Juez Fernando Andreu, Titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, por el que imputa a los directivos beneficiarios de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, al considerar que sus conductas podrían  estar incardinadas en el tipo penal de administración desleal (art. 295 del Código Penal) o en el de apropiación indebida (art. 252 CP).

La causa es una pieza separada de la más general en la que se investigan las irregularidades en la gestión de Bankia – Caja Madrid. Separar esta pieza me parece un acierto del Instructor ya que evita sobredismesionar más la ya compleja tramitación de la pieza principal. Por otra parte, la presente pieza separada, cuya tramitación se intuye mucho más sencilla, podrá por tanto ser juzgada con mayor celeridad. Recordemos que la dilación característica de las macro-causas provoca siempre un desprestigio del funcionamiento de la administración de justicia, un enjuiciamiento, aunque parcial, más rápido sería sin duda una buena noticia.

Por otra parte, merece también destacarse que nos hallamos ante una imputación que, siguiendo otros conocidos recientes precedentes de causas también mediáticas, no se limita a citar a declarar los imputados de modo meramente formal, sino que la imputación se acuerda a través de una resolución suficientemente motivada. Entendemos que esta práctica debería ser la tónica general en todos los procedimientos penales.la resolución citaa a declarar a 34 exdirectivos e imputa formalmente a otros 51 a los que se conmina a comparecer en la causa asistidos de letrado.

Por fin,merece asimismo destacase, en este caso negativamente, que las declaraciones de cada imputado se señalan con sólo 20 minutos de diferencia, siendo por ende previsible que, habida cuenta del elevado número de letrados que tendrán derecho a intervenir, no podrán cumplirse tan optimistas plazos.

Auto tarjetas black

Gürtel: Escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Malas noticias para el PP

El extenso escrito de la Fiscalía, de más de 500 páginas, imputa cerca de 70 delitos de los que acusa a un total de 41 personas (entre ellos, tres extesoreros del PP), con peticiones de prisión que en conjunto suman centenares de años. La millonaria responsabilidad civil se solicita asimismo de 25 personas o entidades, incluido el propio Partido Popular.

Tras el escrito de acusación, el Juez Central de Instrucción deberá declarar la apertura del juicio oral, trámite que puede ir acompañado de la adopción de medidas cautelares personales (prisión o fianza) y patrimoniales (fianzas o embargos para asegurar de la responsabilidad civil). Tras ello, será el trámite para que las defensas formulen sus respectivos escritos y, posteriormente, se enviarán la causa a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que celebre el juicio. Dado el gran volumen de las actuaciones, es difícil predecir el calendario pero a buen seguro que durante los próximos meses, de intenso calendario electoral, y coincidiendo con los sucesivos hitos procesales, van a reaparecer con frecuencia noticias relacionadas con el caso Gürtel que van a afectar de lleno al Partido Popular.

Recuérdese además que la presente pieza es sólo la primera de las que se ha divido el caso Gürtel, siendo por ende previsible que su enjuiciamiento se alargue aún varios años.

escrito_acusacion Gürtel

España, el 28º país en índice global de ausencia de corrupción del Rule of Law Index 2014

Durante el año 2014, los casos de corrupción han sido tan frecuentes en España (y tan sonados) que  la corrupción figura ya en un lugar destacado en todas las encuestas sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Así las cosas, puede resultar paradójico que, como han destacado algunas informaciones, España figure en el lugar 28, de entre 99 países analizados, en el ranking relativo a ausencia de corrupción contenido en el Informe Rule of Law Index 2014, publicado por la organización internacional The World Justice Project. Encabezado por Dinamarca, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda y Finlandia, el 28º puesto ocupado por España podría parecer un buen resultado. No obstante, si se analiza la lista con cuidado puede observarse que tomando como referencia la región Western Europe & North America (Europa Occidental, EUA y Canadá), España ocupa la posición 14ª entre los 24 países analizados y si la referencia se toma entre las 30 principales economías (high income countries), España ocupa el lugar 22º.

En cuanto a la Justicia Civil, España ocupa el lugar 24 de 99, el 16º de los 24 países de su zona y el 23º entre las principales 30 economías. Los índices relativos a la Justicia Penal  son 25/99, 17/24 y 24/30.

Conviene por último destacar que las puntuaciones obtenidas por España han empeorado en los índices de corrupción y justicia penal.

 Vid. The World Justice Project, Rule of Law Index 2014. Consultable en línea, en version pdf,  en: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf. 

The World Justice Project se autodefine como una organización internacional no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene por objeto la promoción del Estrado de Derecho en el mundo. El informe Rule of Law Index incluye 47 indicadores, agrupados en diversas áreas, entre los que priman los referidos al Estado de Derecho desde el punto de vista de la actividad legislativa y gubernamental, si bien se incluyen también algunos aspectos relativos a la eficiencia del sistema judicial. La mayoría de indicadores se basan en una doble fuente; por un lado, en un sondeo general entre la población llevado a cabo por empresas locales de sondeo reconocidas a partir de una muestra representativa de 1 000 personas en las tres principales ciudades de cada país (en España, Madrid, Barcelona y Valencia), y, por otro lado, en una encuesta selectiva a partir de cuestionarios enviados a profesionales y personas de la esfera académica expertos en Derecho.

Escrito de acusación del Caso Pretoria

Acompaño el extenso Escrito de Acusación (71 págs.) formulado por el Ministerio Fiscal en el llamado Caso Pretoria.

Se acusa a un total de 11 personas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, acusación ésta que suponen las peticiones de pena más elevadas (5 años para Luis Andrés Garcia “Luigi”, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta y otras penas inferiores para otros tres acusados, incluida la esposa de Prenafeta). El Ministerio Fiscal no acusa de los delitos contra Hacienda Pública al considerar que se hallan prescritos.

Al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, se le acusa de dos delitos de cohecho. Por el primero de ellos,  por su intervención en la operación Pallaresa – Cubics,  el Fiscal pide 3 años y 6 meses.  Llama sin embargo la atención el segundo cohecho, relativo a la adjudicación del contrato de limpieza de Santa Coloma de Gramanet a favor de determinada empresa concesionaria. Según explica el escrito de Anticorrupción, el entonces alcalde Bartolomé Muñoz influyó en la funcionaria que debía redactar el informe de valoración para resolver el concurso, para que valorara la empresa Limasa por encima de la que ofrecía mejores condiciones económicas, percibiendo a cambio una comisión a cargo de Limasa por importe de 6.480 euros. Consta que dicha comisión fue abonada en tres sobres aunque sólo se acusa a Muñoz (y, obviamente, al responsable de Limasa, su presidente y propietario real, Manuel Carillo, para el que se piden 3 años de prisión). 6.480 euros que pueden costarle al ex-alcalde 3 años y 4 meses de prisión que el Fiscal le solicita ahora  por estos hechos.

Por los diversos delitos de tráfico de influencias se solicitan penas de entre 11 meses y un año.

Desde el punto de vista procesal, sigue llamando la atención que el asunto se enjuicie en la Audiencia Nacional (confirmando los difusos límites de la atribución competencial del art. 65 LOPJ) así como la acumulación en única causa de operaciones diversas con imputados no siempre coincidentes (forzando quizás en exceso el presupuesto de conexidad previsto en el art. 17.5º LECrim). La instrucción de este Procedimiento Abreviado se inició en 2009.

EA MF Pretoria