Acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona suspendiendo las apelaciones con cláusula abusiva de vencimiento anticipado

Adjunto acuerdos de unificación de criterios de las Secciones cCiviles de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017 en el que, entre otras cuestiones, se planteó la incidencia de la cláusula de vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución hipotecaria en que el deudor tenga la condición de consumidor. El acuerdo toma en consideración la cuestión prejudicial planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha 8 de febrero de 2017, y, consecuentemente, resolviendo entre los diferentes criterios interpretativos que venían siguiéndose por diferentes Secciones Civiles de la Audiencia acuerda que procederá la suspensión de lo recursos de apelación de los procesos ejecución hipotecaria en los que se haya declarado la nulidad por abusividad de la citada cláusula de vencimiento anticipado.

El Acuerdo sigue pues la misma línea que otras diferentes Audiencias Provinciales españolas.

El acuerdo resuelve asimismo sobre la exigibilidad de la consignación del artículo 449.3 LEC en el proceso de ejecución basado en el auto de cantidad máxima resolviendo que si procede exigir dicho depósito o consignación, salvo cuando la aseguradora hubiera pagado o consignado la cantidad reclamada.

Acompaño texto de los Acuerdos de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017

 

 

Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El BOE de hoy, 21 de enero, publica el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

El RDL entra en vigor hoy, día de su publicación en el BOE. Los Bancos disponen pues de un mes desde hoy, es decir hasta el 21 de febrero, para implantar sus sistemas de reclamaciones.

Se introducen alguna pequeñas correcciones respecto al último Borrador conocido, entre las que destaca la regulación del régimen de imposición de las costas procesales, más estricto que el ordinario de la LEC con el claro propósito de desjudicializar los conflictos, tanto por la vía del pacto previo que los evite, como penalizando la oposición de las entidades incluso en caso de estimación parcial de la demanda.

El RDL sigue sin dar respuesta satisfactoria a la situación de los consumidores con hipotecas ya canceladas ni a la de los que ya hubieran interpuesto demandas judiciales con anterioridad.

 

RDL Cláusulas suelo

Y, ahora, a recuperar también los gastos de la hipoteca

En los últimos años, y, muy especialmente desde que en 2013 se tuvo que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en méritos de una Sentencia europea, el tema de las cláusulas abusivas de los contratos bancarios ha permanecido constantemente en el top de la actualidad jurídica, económica y social.

He perdido ya la cuenta de las conferencias y ponencias  impartidas o intervenciones en Mesas Redondas sobre la cuestión: acciones preferentes, conversiones, cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, intereses abusivos, cesión de créditos, titulaciones hipotecarias, retroactividad, gastos de constitución,  comisiones, etc.

Así las cosas, en una primera aproximación,  las esperadas últimas sentencias sobre retroactividad ilimitada de la nulidad de las cláusulas suelo y sobre abusividad de cargar al consumidor todos los gastos de constitución de la hipoteca (Notario, Registro, Gestor, tributos, etc.) no parecen ser pues sino más de lo mismo, lluvia sobre mojado. Pero a mi juicio, hay una diferencia sustancial.

Hasta ahora, y salvo en el caso de las denominadas acciones preferentes, la invocación de las cláusulas abusivas se ha efectuado mayoritariamente por vía de excepción u oposición. El consumidor demandado por impago invocaba la nulidad de las cláusulas abusivas para oponerse a una ejecución iniciada por el Banco.

Sí ha habido aluvión de demandas de preferentistas, pero estadísticamente el fenómeno afectó a un porcentaje relativamente bajo de ciudadanos. Por decirlo más gráficamente, preferentistas había pocos, mientras que los deudores hipotecarios son mayoría.

Y, en materia hipotecaria, al margen de las importantes demandas colectivas promovidas por Asociaciones de Consumidores, han sido pocos los  deudores hipotecarios que se hayan decidido a demandar a su banco para que les modificara las condiciones de la hipoteca.

Normalmente, la escasa cantidad a recuperar no compensaba el coste, riesgo y desgaste de interponer una demanda judicial. Y, así, la mayoría de deudores hipotecarios, por ahorrarse problemas, aceptaron los pactos compensatorios más o menos generosos propuestos por los bancos.

Como decía, la situación hoy ha cambiado radicalmente. La posibilidad de recuperar todo lo pagado de más por la cláusula suelo desde el principio de su aplicación puede suponer una cantidad importante. Dependerá obviamente del importe pendiente de amortizar y del interés y suelo en su día pactados, pero en mi experiencia reciente, de hipotecas comunes, las cantidades a reclamar han oscilado entre los 3.000 y los 15.000 euros. Ninguna tontería.

Y a ello hemos de sumar las cantidades indebidamente pagadas en el momento de formalizar la hipoteca que, dependiendo también de nominal y entidad, suelen oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros.

Estos últimos días se han conocido algunas sentencias que condenan al banco a devolver tales cantidades. No es ninguna novedad, pues la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 ya señaló ese camino, pero la concurrencia de noticias sobre el particular unida al fuerte impacto de la también esperada reciente sentencia del TJUE sobre la ilimitada retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelas hacen presagiar una avalancha de futuras reclamaciones judiciales individuales.

Consciente de ello, el Gobierno intenta promover mecanismos de solución extrajudicial, pero los bancos ya han dejado suficientemente claro que no están por la labor. Prefieren esperar el degoteo de reclamaciones individuales que afrontar de golpe enormes provisiones en sus balances.

Veremos cómo evoluciona el tema, pero teniendo en cuenta que reclamar judicialmente ya es hoy rentable (si Usted tiene una hipoteca, probablemente pueda reclamar algunos miles de euros a su Banco), todo hace presagiar una avalancha de demandas.

 

De nuevo sobre el vencimiento anticipado: planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE

En un post de ayer daba cuenta de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2016 sobre el tema del vencimiento anticipado.

Como explicaba ayer, la Sentencia ratificaba la doctrina de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de de 23 de diciembre de 2015, concluyendo que en caso de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado prevista en un crédito hipotecario, debía aplicarse lo previsto en el artículo 693 LEC (procedencia de la ejecución hipotecaria si se impagan tres cuotas) y proseguir la ejecución hipotecaria para no privar al deudor de los supuestos beneficios derivados de dicho trámite (tipo no inferior al 75% de la tasación  ex art.682.2.1ª LEC; posible rehabilitación del contrato  ex art. 693.3 LEC; y las posibilidades liberatorias de la responsabilidad ex art. 579 LEC), cosa que, a juicio de la Sala, sucedería si la reclamación se efectuara por la vía del proceso ordinario.

Decía empero asimismo que, particularmente, me convencían mucho los razonamientos del voto particular (en ambas sentencias) del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, quien aboga por el sobreseimiento de la ejecución con el contundente argumento de que se mire por donde se mire, la continuación de la ejecución hipotecaria representa la consecuencia más perversa para el consumidor. Argumenta asimismo el voto particular, y asimismo suscribo, que la vía declarativa no debe excluir la aplicación de los beneficios apuntados que deben aplicarse extensivamente, también en vía declarativa, en méritos de los principios de efectividad y equivalencia.

Y concluía mi post de ayer con estas palabras:

“Estamos sin duda ante un debate que seguirá vivo en los próximos tiempos. No tengo duda de que la doctrina contenida en el voto particular acabará imponiéndose, tal vez en méritos de una próxima Sentencia del TJUE.”

Pues bien, a través del Magistrado Edmundo Rodriguez y gracias a la encomiable labor divulgativa llevada a cabo por el Letrado Jesús Sánchez a través del grupo Familex (aprovechando estas líneas para tributar justo reconocimiento y agradecimiento a ambos),  he tenido hoy conocimiento de dos cuestiones prejudiciales ya planteadas al respecto. La primera por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada, mediante Auto de fecha 8 de febrero de 2016, y la segunda planteada por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Santander mediante Auto de 8 de marzo de 2016, que os adjunto:

A. 8.2.16 Fuenlabrada 1, cuestión prejudicial vencimiento anticipado

AJPI 2 Santander, plantea cuestión prejudicial vencim anticipado tras STS 23-12-15

 

Como ayer decía, no tengo duda de que, más pronto que tarde,  la aplicación de la doctrina del TJUE acabará imponiendo el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria ante la nulidad de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado.

 

Nueva STS sobre cláusulas abusivas en materia de vencimiento anticipado.

Acompaño Sentencia de la Sala 1ª del TS de 18 de febrero de 2016, que reitera la doctrina jurisprudencial ya sentada en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015. En ambas sentencias ha sido Ponente el Magistrado  Pedro Vela Torres.

No se trata en esta ocasión de una acción colectiva sino individual. Ello no obstante, al igual que en su precedente de 23 de diciembre de  2015, ha sido Ponente el Magistrado  Pedro Vela, y, al igual asimismo que en la ocasión anterior, hay un muy interesante voto particular del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno.

Reiterando el debate ya mantenido en la Sentencia del Pleno de diciembre, el voto particular del Magistrado Javier Orduña razona que la consecuencia del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado no puede consistir (como resuelve la mayoría) en ajustar su aplicación a los parámetros previstos en el artículo 693 LEC sobre vencimiento anticipado (de tres cuotas), sino que en aplicación del principio de efectividad del artículo 6.1, en relación con el artículo 7 de la Directiva 93/13 , y su consideración de norma integrante del orden público económico, dicha interpretación vulnera la doctrina jurisprudencial del propio TJUE .

Por ello el voto particular, que suscribo íntegramente, concluye que la aplicación del artículo 693.2 LEC, tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado que figura en la constitución de la garantía hipotecaria, resulta frontalmente contraria a la citada Directiva 93/13, debiéndose proceder a la declaración del sobreseimiento del procedimiento de ejecución instado con base a una cláusula declarada abusiva.

 

Estamos sin duda ante un debate que seguirá vivo en los próximos tiempos. No tengo duda de que la doctrina contenida en el voto particular acabará imponiéndose, tal vez en méritos de una próxima Sentencia del TJUE.

 

 

Cláusla abusiva. TS, Sala 1ª, sentencia 18 de febrero de 2015

Nulidad de préstamo usurario

Acompaño Sentencia del Pleno  de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015 que anula por usurario el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento, revocando así las previas sentencias de un Juzgado de Cerdanyola del Vallés y de la Audiencia de Barcelona que dieron la razón al banco y condenaron al consumidor.

Conforme explica el TS, el consumidor afectado firmó en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving Mediatis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros le eran reclamados otros 12.269.

Basándose en la la Ley de Represión de la Usura, usualmente conocida como Ley Azcárate, de 1908, todavia vigente, la operación debe ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato. Conforme establece la citda Ley Azcárate,  “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En ese sentido, expone que en una operación de financiación del consumo como la analizada no puede justificarse un interés tan excesivo “sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La consecuencia es que el crédito fue nulo y debe rechazarse la demanda del banco. La Ley contra la Usura prevé que en casos de nulidad de los contratos el cliente sólo debe devolver al banco la suma recibida, y en este caso el particular superó esa cantidad.

Acompaño texto de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de fecha 25 de noviembre de 2015.

STS 25-11-15

Importante sentencia sobre preferentes: No existe acción jurídica para reclamar por la compra de obligaciones subordinadas de Catalunya Caixa

La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado una importante Sentencia, de fecha 13 de abril de 2015, por la que, revocando la previamente dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declara que el proceso de reestructuración de una entidad de crédito, cuando este se lleva a cabo en la forma de Catalunya Caixa, es decir a través del FROB, en méritos de lo dispuesto en la Ley 9/2012, cumple el mismo papel que la liquidación de una sociedad en sede concursal y que, consecuentemente, a partir de dicha reestructuración, la deuda subordinada ha dejado de existir, ha desaparecido del mundo del derecho por mor del proceso de liquidación, por lo que ya no puede ejercitarse ninguna pretensión de nulidad o de resolución de esos mismos contratos.

Por su importancia, transcribo a continuación el Fundamento Jurídico Sexto de la citada Sentencia:

Consecuencias del proceso de reestructuración para los titulares de obligaciones subordinadas.

El proceso de reestructuración de una entidad de crédito, cuando este se lleva a cabo en la forma de Catalunya Caixa, cumple el mismo papel que la liquidación de una sociedad en sede concursal. El desarrollo del proceso al margen de las normas del concurso supone atribuir a la entidad que gestiona el proceso facultades y competencias parecidas a las del Juez y a las de la administración concursal. La implicación de los poderes públicos en el proceso a través del FROB, lo que viene exigido por la necesaria afectación a la economía nacional, imposibilita además el recurso a la solución pactada a través de un convenio de la entidad con sus acreedores.

Por otra parte la liquidación es el procedimiento mediante el cual se procede a la cancelación de todo el pasivo de la sociedad, pasivo que comprende las obligaciones de pago a los accionistas o a los titulares de participaciones preferentes o deuda subordinada. Una vez extinguidas las obligaciones que ligaban a la sociedad con sus accionistas o con sus acreedores, carece de sentido cualquier ulterior reclamación de estos con base a los contratos que les ligaban con la sociedad. No es solo que no puedan reaccionar contra un proceso que se les ha impuesto de forma obligatoria, sino que el título en virtud del cual podrían accionar ha desaparecido, por lo que ya no resultan titulares de crédito o de derecho alguno.

Esto es lo que ha sucedido a los titulares de deuda subordinada cuando han visto convertidos sus títulos primitivos en acciones de la nueva sociedad, lo que se ha producido de forma obligatoria al amparo de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 9/2012. A partir de ese momento la deuda subordinada ha dejado de existir, ha desaparecido del mundo del derecho por mor del proceso de liquidación, por lo que ya no puede ejercitarse ninguna pretensión de nulidad o de resolución de esos mismos contratos. El único contrato que podría impugnarse será el de venta de las acciones de Catalunya Bank al Fondo de Garantía de Depósitos para que la actora recuperase esas acciones de Catalunya Bank, pero esta es una acción distinta, que además habrá de ejercitarse frente al adquirente de las acciones, que fue el Fondo de Garantía.

La acción de indemnización de daños y perjuicios por el menor valor que puedan tener las acciones en relación con el capital invertido en la deuda subordinada también está excluida por disposición legal. El artículo 49.2 de la Ley 9/2012 lo excluye al decir que “fuera de lo dispuesto en el artículo 73 de esta Ley , los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán reclamar de la entidad ni del FROB ningún tipo de compensación económica por los perjuicios que les hubiera podido causar la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada”.

La Sentencia objeto de comentario resuelve no imponer las costas por tratarse de una cuestión novedosa, pero, de consolidarse esta doctrina, la multitud de demandantes en asuntos similares podrían correr peor suerte viendo no sólo desestimadas sus demandas sino también viéndose asimismo condenados a soportar ls costas procesales de la reclamación judicial.

Acompaño texto de la Sentencia publicada por el Diario La Ley: SAP Burgos 13 abril 2015

Nueva sentencia de cláusula suelo con plena retroactividad

Como es sobradamente conocido, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013,  estableció la retroactividad parcial de la devolución de cantidades indebidamente cobradas en aplicación de cláusulas suelo luego consideradas nulas. La posterior Sentencia de la propia Sala Primera de fecha de 25 de marzo del presente 2015 fijó como doctrina general limitar el efecto retroactivo a la citada fecha de la anterior Sentencia de 9 de mayo de 2013.

Desde entonces, aunque la mayoría de tribunales de instancia y apelación han seguido la doctrina fijada por la Sala Primera –algunos con crítica expresa de la doctrina fijada– se ha producido un goteo de resoluciones que, en aplicación del art. 1303 del Código Civil,  decretan la retroactividad de los efectos de la nulidad ex tunc, es decir, acordando la íntegra devolución de  la totalidad de cantidades indebidamente cobradas por la entidad financiera en méritos de la cláusula suelo anulada.

En esta línea se inscribe la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo, de fecha 22 de junio de 2015, que decreta la nulidad  ex tunc, con íntegra devolución de las cantidades indebidamente percibidas, con fundamento principal, entre otros, en la falta de buena fe en el caso concreto, argumento al que el Magistrado añade el “carácter político” de las referidas Sentencias del Tribunal Supremo

Así, respecto dela buena fe, razona el Magistrado de Oviedo:

<<La sentencia de 9.5.13, tal como es explicada por la de 25.3.15, basa el límite a la retroactividad en la buena fe de los “círculos” concernidos, en la protección de la seguridad jurídica y en la defensa del orden público económico, en riesgo de grave quebranto en caso de dar a la nulidad un efecto retroactivo normal. Pues bien, en nuestro caso la buena fe, que el TS define de forma abstracta y despegada de las circunstancias del caso concreto, es indefendible, pues hay prueba insobornable de que la entidad financiera “camufló” la “cláusula suelo” sin informar previamente sobre ella al cliente del modo en que estaba obligada a hacerlo. Además, no se comprende por qué aplicar el Art. 1303 CC en sus propios términos, como siempre se ha hecho, es contrario a la seguridad jurídica. El argumento debe ser invertido. Lo que es contrario a la seguridad jurídica es no hacerlo. Y lo que no resulta de recibo es escudarse en el orden público económico para no aplicar la Ley. El TS en ningún momento define este “etéreo” concepto, aunque parece identificarlo con el sector financiero o las cuentas de resultados de los Bancos. Sobre esto hemos de decir que la sentencia de 9.5.13, a la que la de 25.3.15 pretende dar un alcance general, es muy contraria a la realidad social, con clara vulneración del Art. 3.1 CC porque, como el todo mundo conoce, tras la inyección de miles de millones de euros a nuestras entidades financieras, procedentes de caudales públicos, los Bancos han cerrado el ejercicio de 2012 con beneficios cuantiosos, lo han vuelto hacer en mayor medida en el ejercicio de 2013, lo mismo sucede, aunque en mayor cuantía todavía, en el ejercicio de 2014, y, como colofón, el balance de situación del primer trimestre de 2015, ha arrojado para nuestros principales Bancos unos brillantes beneficios. Así las cosas, ¿dónde está el riesgo para el orden público económico?. Es obvio que la devolución de todo lo que se ha cobrado de más puede reducir discretamente los beneficios de alguna entidad financiera, pero es bien evidente que no está en riesgo, de ninguna manera, el orden público económico. De ahí que las sentencias de 9.5.13 y 25.3.15 sean contrarias a la realidad social.>>

Y, respecto del carácter político de las Sentencias del Tribunal Supremo, argumento que, sin duda, es el que más poderosamente llama la atención de la Sentencia de Oviedo, razona el Magistrado Raposo:

<<Se trata de fallos “políticos” e ideologizados, en los que prima el argumento económico, sobre el argumento técnico-jurídico, que pasa a un segundo plano, y además pretenden realizar una modificación normativa introduciendo en el Art. 1303 CC una excepción a la retroacción de los efectos de la nulidad en favor de las entidades financieras, sobrepasando el TS las competencias que el Art. 117, apartados 3 y 4, CE, asigna a todo órgano jurisdiccional, que circunscribe la función de los tribunales a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, a la aplicación e interpretación de la normas, sin poder crear normas nuevas, lo que es competencia exclusiva del Poder Legislativo. Asimismo pretende el TS con estos fallos preservar el orden público económico ignorando que la acción de gobierno en materia económica y financiera está constitucionalmente reservada para el Poder Ejecutivo, a quien compete dicha función (cfr. Art. 97 CE); 5). Las sentencias comentadas ni aplican el Art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/07, que obliga a expulsar desde el inicio la cláusula abusiva sin que pueda tener efecto alguno en perjuicio de los consumidores, lo que cierra la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad en el tiempo, y tampoco aplica la Directiva 13/93/CEE y las sentencias TJUE, ya aludidas, y sobre las que más tarde volveremos, que la interpretan, y que establecen idéntica doctrina, autorizando al juez nacional a dejar sin efecto la cláusula abusiva ab initio, quedando expulsada del contrato, con efectos a la fecha del otorgamiento y no a fecha 9.5.13 ni a ninguna otra fecha distinta de la inicial. Nótese que limitar la devolución de los excesos de pago a los acontecidos después del 9.5.13 implica que se está diciendo que la “cláusula suelo” es nula porque así se declara y, al mismo tiempo, se está diciendo que es válida al producir plenos efectos para los perjudicados desde la fecha del contrato hasta el día 9.5.13, lo que es una contradicción en sus propios términos. Por todas las razones expuestas se abre una separación y un neto

* enfrentamiento entre, por un lado, el principio constitucional de preeminencia del Derecho Comunitario sobre el interno, la Directiva 13/93/CEE, la jurisprudencia del TJUE que la interpreta, el Art. 83 del Real Decreto legislativo 1/07, el Art. 1303 CC y el principio pro consumidor, consagrado en los Arts. 5 de la Directiva 13/93/CEE y 80.2 del Real Decreto Legislativo 1/07, y, por otro lado, las SSTS de 9.5.13 y 25.3.15. Nosotros optamos por lo primero, es decir, por aplicar la Ley, lo que conlleva que la nulidad ha de tener un efecto retroactivo absoluto, lo que también se defiende en el voto particular a la sentencia de 25.3.15, suscrito por dos de los magistrados de la Sala.>>

Como ya se comento en un anterior post, pese a la fijación de doctrina por la Sala Primera, la cuestión seguirá dando mucho de qué hablar durante los próximos tiempos.

SENTENCIA-cláusulas-suelo-Oviedo