Informe GRECO 2018: Cuestionado de nuevo el sistema de nombramiento de las altas instancias judiciales

El Consejo de Europa acaba de publicar el Informe GRECO 2018.

Como en en ediciones anteriores, el Informe tiene por objeto analizar diversos parámetros relativos a la efectividad en la lucha contra la corrupción de los distintos Estados Y, al igual que hiciera en los Informes de 2013 y 2016, el Informe 2018 suspende a España en cuanto al establecimiento de criterios objetivos para el nombramiento de las altas instancias judiciales.

Nuevamente, se cuestiona el carácter discrecional de algunos de dichos nombramientos, que son efectuados por el Consejo General del Poder Judicial, órgano éste claramente politizado habida cuenta del sistema de nombramiento de sus miembros.

En concreto, la Recomendación VI del Informe señala

39. El GRECO recomendó establecer en la ley criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de los altos cargos de la judicatura, a saber, el Presidente de la Audiencia Provincial o del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, al objeto de que dichos nombramientos no hagan nacer duda alguna sobre la independencia, la imparcialidad o la transparencia del procedimiento.

40. El GRECO apuntó que no fueron establecidos en la ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación para los nombramientos de los altos cargos del aparato judicial y concluía en consecuencia que la recomendación VI no había sido implementada.

41. Las autoridades españolas explican que la subcomisión de Justicia en el Congreso de los Diputados está examinando en la actualidad las diferentes propuestas de las asociaciones judiciales relativas a los procedimientos de nombramiento de presidentes de los TSJ y de las Audiencias Provinciales (eventualmente suprimiendo el poder de proposición inherente a los Parlamentos regionales en la materia), así como la duración de su mandato.

42. El GRECO apunta con satisfacción que actualmente está en tramite un examen del mecanismo de nombramiento de los Presidentes de las AAPP y de los TSJ, con el fin de garantizar la independencia de estos nombramientos. No obstante, es muy pronto para evaluar si dicho examen conllevara cambios efectivos.

Además, la recomendación VI abarcaba un número más amplio de cargos, dado que apunta al conjunto de los altos cargos del aparato judicial y por tanto engloba la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Es más, la recomendación preconiza claramente establecer en la ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación. Es necesario llevar a cabo una acción más determinada en este aspecto.

43. El GRECO concluye que la RecomendaciónVI no ha sido implementada.

 

  1. España sigue pues sin cumplir las recomendaciones de instaurar criterios objetivos y reglas de evaluación para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales,  así como de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Se acompaña link al Informe GRECO 2018 (en francés)

Magistrado condenado por prevaricación

La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, ha condenado a la pena de multa y diez años de inhabilitación especial a un Magistrado que, como Juez de Instrucción, acordó el archivo prematuro de una querella por estafa (en síntesis: el querellado habría hipotecado una finca después de venderla al querellante), sin practicar las mínimas diligencias de investigación, alguna ya previamente acordada, dándose además la fea (aunque, como remarca la Sala, irrelevante desde el punto de vista del tipo) circunstancia de quedar acreditada la amistad entre el Magistrado y el querellado.

Habida cuenta de las circunstancias del caso no parece que dicha Sentencia abra especialmente la veda para la persecución de prevaricaciones judiciales pero sin duda (y, si no, al tiempo) se convertirá en un precedente frecuentemente invocado en el futuro.

 

 

STSJC-LM_2017_07_17_Prevaricación_Magistrado archivo precoz sin la realización de las diligencias de investigación debidas

Querella contra la Consellera Borràs

Acompaño texto de la Querella interpuesta por la Fiscalía contra la Consellera de Gobernación de la Generalitat de Catalunya y el Secretario General del Departamento por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, delito éste último que, a diferencia de los anteriores, comporta penas de prisión, pues, recordemos, el artículo 432.1 del Código Penal establece que “La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años”.

A estas alturas, (casi) nadie debería ya sorprenderse por (casi) nada. Pero la literalidad de la querella me parece un despropósito mayúsculo, también desde el punto de vista jurídico.

Querella Consellera Borràs

Auto de apertura de juicio oral del caso Neymar DIS

Acompaño Auto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional en el denominado caso Neymar DIS.

 

Esta resolución, que no es recurrible, es el paso previo para que los acusados, entre ellos el jugador Neymar y su padre, el Santos, el FCB y los Presidentes Rosell y Bartomeu presenten su escrito de defensa tras el cual se señalará ya fecha para la celebración del juicio

Al margen del interés mediático del asunto, las 48 páginas de la resolución destacan por su claridad pedagógica. El Magistrado instructor explica su postura personal y la decisión que finalmente debe adoptar siguiendo lo resuelto por la Audiencia al revocar su previo sobreseimiento de la causa.

 

AJCI-5_2017_05_04_Apertura juicio oral Neymar, Santos. Barça, Rossell, Bertomeu y otros_corrupción entre particualres, estafa impropia_orden de la AN

Sentencia Cassandra: un año de prisión por diversos chistes sobre Carrero Blanco en twitter

La Sentencia de la Audiencia Nacional (sección Cuarta) de fecha de hoy, 29 de marzo de 2017, condena al titular de la cuenta ‘Cassandra’ de twitter a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta como autor de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

Como explica la Sentencia en su relato de hechos probados, el acusado, Ramón Vera, colgó en la red diversos mensajes sobre el atentado a Carrero Blanco que la Sala enjuicia constitutivos del tipo penal de humillación a las víctimas del terrorismo descrito en el artículo 578 del Código Penal. La Sentencia razona que la libertad de expresión o ideológica no da cobijo suficiente a la publicación de los mensajes y excluye igualmente tanto el error de tipo como el error de prohibición.

Como siempre que una norma penal entra en colisión con el derecho a la libertad de expresión, el debate está servido., sin que los tribunales hayan dado hasta hoy una respuesta unívoca.

Nada mejor pues que facilitar el texto de la sentencia y que cada cual saque sus propias conclusiones. Las mías, prefiero reservármelas.

 

 

 

 

La actuación de los Juzgados Mercantiles de Barcelona durante el Mobile World Congress: Un aplauso

Acaba de publicitarse el “Informe sobre el resultado del protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress celebrado en Barcelona los días 27 de febrero a 2 de marzo de 2017”.

Desde hace 3 años, los Jueces Mercantiles de Barcelona elaboran y aplican un Protocolo de actuación para poder resolver eficazmente las eventuales incidencias judiciales en materia de propiedad industrial e intelectual que puedan producirse durante la celebración del MWC.

Las cifras arrojan un balance muy satisfactorio. Así, como indica el Informe, tras la finalización del Mobile World Congress de este año, el resultado de la aplicación de dichas medidas ha sido el siguiente:

  • Se han presentado 12 escritos preventivos, todos ellos en materia de patentes. Entre las partes solicitantes y afectadas figuran multinacionales tecnológicas como SAMSUNG, NOKIA, ERICSSON, WIKO, ZTE, ARCHOS, etc. Todos ellos fueron tramitados y resueltos antes del inicio del Congreso.
  • Se ha presentado una diligencia de comprobación de hechos frente a 5 compañías diferentes en materia de patentes. Se tramitó y resolvió en 24 horas, en sentido estimatorio.
  • Se han presentado 7 medidas cautelares inaudita parte frente a 8 compañías diferentes. Todas se tramitaron y resolvieron en 24 horas, 4 en sentido estimatorio y 3 desestimando la petición.
  • Se ha presentado 1 oposición a una medidas cautelar inaudita parte. Se tramitó y resolvió en 24 horas, en sentido estimatorio fijando caución sustitutoria.
  • En total han sido 21 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo.

La celeridad con la que dichos asuntos han podido tramitarse y resolverse es digna de elogio. Favorece sin duda la permanencia futura del MWC en Barcelona, pues como es sobradamente conocido, la seguridad jurídica es uno de los factores claves para el crecimiento económico y la atracción de inversiones extranjeras (Véase al respecto mi monografía Eficiencia y transparencia del sistema judicial español en el contexto europeo, Barcelona, 2015). Piénsese que, en los tempos normales de la justicia española, todas las medidas y peticiones se habrían tramitado y resuelto con mucha posterioridad a la finalización del Congreso, deviniendo por ende –al menos, en la inmensa mayoría de ocasiones–, totalmente ineficaces.

El Protocolo y sus resultados son además una evidente demostración empírica de que, para mejorar la eficiencia e imagen de nuestra justicia, no sólo hace falta una mayor dotación económica, sino, principalmente, adoptar medidas organizativas que, como la presente, ofrecen grandes resultados sin necesidad de mayores recursos económicos.

Imaginación, vocación de servicio público y ganas de hacer bien el propio trabajo. Un aplauso para los Jueces Mercantiles de Barcelona.

 

Adjunto texto del citado Informe: Informe Protocolo MWC 2017

 

Inmovilización judicial del autobús de “Hazte Oír”(“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”)

Auto del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, de fecha 1 de marzo de 2017, adoptando la medida cautelar interesada por el Ministerio Fiscal de prohibición de la circulación, con su consiguiente inmovilización, del autobús utilizado por la asociación “Hazte Oír”.

Como es conocido, el citado autobús empezó a circular por Madrid con el visible lema publicitario

“Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”

Igualmente en la parte trasera del autobús aparece el mensaje

“No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. lnfórmate con el libro que no quieren que leas. Pídelo gratuitamente en http://www.ElLibroProhibido.com”.

 

El citado Auto razona que, existiendo indicios de que dichas concretas expresiones contenidas en la publicidad del autobús racionalmente suponen un acto de menosprecio a las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual concebida por dicha asociación, siendo por tanto subsumible en el citado apartado 2.a) del articulo 510 del Código Penal, y con la finalidad de evitar la perpetuación de la comisión del delito, procede acordar la medida cautelar interesada por el Ministerio Publico, en base a lo dispuesto en el articulo 13 de la L.E.Cr. puesto en relación con lo dispuesto en el apartado 6 del articulo 510 del Código Penal.

 

Auto medidas cautelares “Hazte oír”

Auto de libertad para los condenados del caso Nóos (I. Undangarín y D. Torres)

Por su gran repercusión mediática, acompaño Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares de fecha 23 de febrero de 2017, acordando mantener la situación de libertad de los condenados Iñaki Urdangarín y Diego Torres.

Como ya es conocido, tras la celebración de la vistilla prevista en el art. 505 LECrim, la Sala acordó imponer a Iñaki Urdangarín la obligación de comparecer mensualmente ante los juzgados de su actual residencia en Suiza, mientras que a Diego Torres, atendiendo a la mayor pena impuesta, además de acordarse igualmente su comparecencia mensual, se decreta asimismo la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

La resolución, de 9 páginas, que al conocerse fue objeto de numerosas críticas  (más políticas, o incluso demagógicas, que estrictamente jurídicas), recuerdo los principios esenciales de la prisión provisional. Recordemos que no es ni debe nunca ser una pena anticipada, sólo procede si se da alguna de las finalidades que legalmente la justifican (art. 503 LECrim), como es el riesgo de fuga, y, especialmente, que, como recuerda el art. 502.2 LECrim, “la prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.

 

Auto de 23 de febrero de 2017

 

Acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona suspendiendo las apelaciones con cláusula abusiva de vencimiento anticipado

Adjunto acuerdos de unificación de criterios de las Secciones cCiviles de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017 en el que, entre otras cuestiones, se planteó la incidencia de la cláusula de vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución hipotecaria en que el deudor tenga la condición de consumidor. El acuerdo toma en consideración la cuestión prejudicial planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha 8 de febrero de 2017, y, consecuentemente, resolviendo entre los diferentes criterios interpretativos que venían siguiéndose por diferentes Secciones Civiles de la Audiencia acuerda que procederá la suspensión de lo recursos de apelación de los procesos ejecución hipotecaria en los que se haya declarado la nulidad por abusividad de la citada cláusula de vencimiento anticipado.

El Acuerdo sigue pues la misma línea que otras diferentes Audiencias Provinciales españolas.

El acuerdo resuelve asimismo sobre la exigibilidad de la consignación del artículo 449.3 LEC en el proceso de ejecución basado en el auto de cantidad máxima resolviendo que si procede exigir dicho depósito o consignación, salvo cuando la aseguradora hubiera pagado o consignado la cantidad reclamada.

Acompaño texto de los Acuerdos de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 10 de febrero de 2017

 

 

El juicio a Francesc Homs: segunda parte del juicio 9-N

 

 

Mañana empieza el juicio a Francesc Homs, segunda parte parte pues del juicio por el 9-N, que, dada su condición de Diputado y por tanto aforado, se celebrará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En la práctica será un déja vu pues la acusación del Fiscal es sustancialmente idéntica (aunque en el caso de Homs, la Fiscalía otorga especial relevancia a una carta de fecha 6 de noviembre de 2014 –dos días posterior a la Providencia del TC suspendiendo la consulta–) remitida por Homs al Centro de Tecnologías CTTI confirmando que el proveedor informático T-SYSTEMS debía cumplir los encargos encomendados.

Curioso es, como ya apunté en su momento, que unos mismos hechos se diriman en dos causas diferentes y ante tribunales distintos. Perversas consecuencias del régimen legal de aforamientos.

En todo caso, siendo el Tribunal Supremo la cúspide del sistema judicial español, y, por ende, el tribunal que dirá asimismo la última palabra en la causa proveniente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Sentencia del TS es la verdaderamente relevante. Si el Supremo mantiene su consolidada doctrina, procederá la absolución en ambos casos, pero si donde dijo Botín, ahora dice Atutxa, puede pasar cualquier cosa.

En ambos casos, ambos tribunales han inadmitido las declaraciones testificales de Rajoy, Perez de los Cobos, Torres-Dulce y Catalá ya que “no forma parte de éste [proceso] la valoración política de los hechos asumida por el Gobierno e la Nación”. La Sala Segunda, y en concreto su Presidente y Ponente, Manuel Marchena, avanza ya pues que no va a permitir disquisiciones políticas que se aparten del debate jurídico-penal. Deberemos estar pues atento a la autoridad del Presidente ejerciendo la denominada “policía de sala”.

Tampoco se ha permitido que los testigos juristas, Albert Lamarca y Carles Viver Pi-Sunyer, declaren en otra condición que la de testigos pues el “significado mismo de la función jurisdiccional” excluye que la declaración de los testigos juristas pueda “ser utilizada como subterfugio para la práctica de una prueba pericial de carácter jurídico”. Otro aviso para navegantes que veremos cómo se aplica a Homs que, recordemos, además de acusado es también jurista.

Por último, el Tribunal Supremo, recordando la “proclamación constitucional de los principios de unidad orgánica y dependencia jerárquica que informan la actuación del Ministerio Fiscal” vuelve a inadmitir la incorporación a la causa del Informe emitido por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña en fecha 17 de noviembre de 2014. Dicho Informe es, en esencia la línea argumental de la defensa, pues, como se recordará, ese silenciado Informe contenía afirmaciones tan contundentes como que

resulta cuestionable la existencia de una «orden» entendida como «la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta»” –en estos términos definía el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de enero de 2010, los requisitos exigibles a la “orden” cuya desobediencia puede ser penalmente relevante–,

añadiendo, entre otros párrafos dignos de resaltar, que

la ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos

o,

la Providencia que venimos analizando tampoco se dirige a un destinatario concreto

o,

no habiéndose dirigido requerimiento alguno a persona concreta o determinada por parte del Tribunal emisor de la Resolución”

añadiendo asimismo que

A mayor abundamiento, la omisión de tal requerimiento, parece responder a una decisión meditada por el Tribual emisor” (el Tribunal Constitucional)

así como

En el Suplico de la demanda del Abogado del Estado se instaba a la publicación de la resolución de los periódicos oficiales «para su debido e inmediato cumplimiento de acuerdo con el art. 87.1 LOTC …., con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar». Pues bien, este último inciso entrecomillado, no fue recogido en el texto de la resolución sin que quepa inferir que en asunto de tanta transcendencia fuese debido a un error involuntario

y,

No puede desconocerse que la invocación –en la demanda del Gobierno de la Nación- del art. 161.2 CE supone que el TC debe acordar la suspensión invocada sin más trámite” […]. Así pues, no cabe duda que dadas tales circunstancias la convicción del Tribunal ha resultado limitada por la invocación de la norma constitucional”.

 

Para acabar concluyendo que

Estimamos que las objeciones que acabamos de poner de manifiesto dificultan sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar contra el Presidente de la Generalitat y miembros de su Consejo de Gobierno por el delito que analizamos” (se refiere al delito de desobediencia).

 

El juicio durará tres días en sesiones de mañana y tarde.  Y la Sentencia que en su día dicte el Tribunal Supremo nos resolverá definitivamente si estamos ante un auténtico juicio jurídico-penal o, por el contrario, se trata de un juicio más político que técnico.

 

Para los más curiosos adjunto al presente post:

Informe Fiscalía Catalunya 9-N

Escrito Acusación MF Homs

Escrito Defensa Homs

Auto TS admitiendo pruebas

Calendario juicio Homs