Lexnet Abogacía: el esperpéntico fin de un faraónico e inútil dispendio

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) celebrado el pasado viernes 21 de octubre, acordó “discontinuar” el proyecto tecnológico Lexnet Abogacía.

Con este eufemismo,  contenido en la Circular 159/2016 que acompaño, el CGAE pone fin a un faraónico proyecto al que en los últimos quince años se han destinado millones de euros.

Circular CGAE 159/2016

La consultora tecnológica IBM formuló un debate demoledor sobre el proyecto estrella de la era Carnicer. Como destaca la propia Circular informativa, el desarrollo de nuevas funcionalidades de Lexnet Abogacía exige una intensa dependencia de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, lo que impide una adecuada planificación, generando ineficiencia de la herramienta tecnológica propia de la Abogacía tanto por la demora en su operatividad como, especialmente, por su muy elevado coste.

 

En mi época de Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, sólo unos muy pocos Decanos nos opusimos al denominado Proyecto Tecnológico de la Abogacía Española. Principalmente, los Decanos de Madrid y Barcelona, que representábamos a más de la mitad de los Abogados españoles. Alegábamos, en síntesis, los mismos argumentos que ahora ha puesto por escrito IBM: que no tenía ningún sentido que la Abogacía tuviera su propio proyecto tecnológico (“zapatero a tus zapatos”) que siempre resultaría mucho menos eficiente y mucho más caro que cualquier otra opción.

Pero el antidemocrático funcionamiento del CGAE (cada Decano un voto, represente a decenas de miles o a pocos centenares de Abogados –aunque ese es ahora otro debate-) hizo que los disidentes perdiéramos todas las votaciones por goleada. Eso sí, ese curioso sistema de representación por Colegios (un Decano, un voto) no regía en materia económica ya que cada Colegio debía contribuir al presupuesto de forma proporcional al número de colegiados. Para votar, Madrid y Barcelona, 2 de 83; para pagar, por encima del 55%.

Prefiero olvidar ahora el aluvión de críticas, improperios y presiones que los responsables, políticos y técnicos, del Colegio de Abogados de Barcelona y yo mismo en cabeza, recibimos en aquella muy tensa época (primeros años del 2000). Quizás puedan pensar algunos que deberíamos estar satisfechos de que el tiempo nos haya dado tozudamente la razón tres lustros después. Pero no puedo estar en ningún modo contento cuando durante tantos años se han estado despilfarrando millones de euros aportados por los Colegios (es decir, por los más de cien mil Abogados y Abogadas colegiados en España). Para más inri, durante los últimos meses los Colegios de Abogados han realizado un gran despliegue de promoción del sistema (incurriendo por tanto en gastos de comunicación y publicidad) organizando numerosos cursos de formación (más gastos), y miles de Abogados han adquirido su tarjeta de firma digital y la dichosa “chipetera” para utilizarla, han adaptado sus equipos informáticos (más gastos), acudiendo a los aludidos cursos de formación (más gastos e inversión de tiempo con sus consecuentes costes).

 

Para acabar de rematar el triste escenario, el fin o “discontinuidad” del proyecto tecnológico ha sido esperpéntico. Según informa Confilegal,  el Pleno fue polémico  ya que “algunos de los decanos presentes protestaron porque en dicho orden del día no se decía nada de que se iba a votar el cierre de Lexnet Abogacía ni tampoco se había distribuido previamente el informe de IBM para su estudio”. Y, además, antes de que el propio CGAE informara a través de la citada Circular  159/16 (fechada el lunes 24 de octubre), el Ministro de Justicia desveló la primicia (que el Ministro creía era ya una noticia pública) en la inauguración de un concurrido Legal Management Forum en la mañana del martes 25, cuando a Circular del Consejo no había aún llegado a los Colegios de Abogados, ni mucho menos a sus colegiados.

Como explica Confilegal  (ver noticia de Confilegal),   las redes sociales no tardaron en incendiarse con comentarios tales como:

“Estupendo, nos han cobrado las tarjetitas de marras, nos han encasquetado nuevos lectores, hemos tenido que renovar equipos porque no soportaban el engendro lexnetero, nos han recomendado hasta la saciedad el uso de la plataforma ‘propia’ de modo que una inmensa mayoría es la que viene utilizándola, y ahora, ¿qué?”.

“Se incitó al uso sólo de un sistema y oficialmente sólo se dieron cursos en muchos sitios de Lexnet Abogacía, se gastó mucho dinero y al parecer no hubo previsión, pero aquí nadie asume responsabilidad por nada”.

No se si alguien asumirá alguna responsabilidad. Lo que sí se, es que puedo sentirme muy orgulloso del equipo humano que me acompañó en aquellos duros momentos manteniendo, contra viento y marea, nuestra firme convicción. Desgraciadamente para todos, el tiempo nos ha dado la razón.

 

 

Ayuntamiento de Badalona y 12-O

El Ayuntamiento de Badalona, gobernado por la CUP, decidió que no tenía nada que celebrar el 12 de octubre y que, por ello, dicho día sería laborable. La Delegada del Gobierno en Cataluña  entendiendo que dicha decisión era inadmisible, solicitó de la justicia la anulación del  acuerdo municipal. La vigilia, 11 de octubre, el juzgado contencioso administrativo dictó una medida (de las denominadas cautelarísimas o inaudita parte debitoris),  acordando que “se suspende cautelarmente la efectividad de cualquier actuación administrativa del Ayuntamiento de Badalona, incluida la vía de hecho, que tenga por objeto o finalidad la apertura de sus locales y dependencias, al público o a los empleados públicos de él dependientes, durante el día 12 de octubre de 2016”, convocando asimismo a las partes a una comparecencia para el siguiente 13 de octubre (se acompaña el Auto). Hasta aquí el primer episodio de todo este esperpento.

Pese  a la prohibición, diversos cargos municipales electos (no funcionarios)  han acudido al Ayuntamiento que ha mantenido sus puertas abiertas hasta las 13 horas. Para escenificar la desobediencia, el Alcalde accidental ha roto la resolución judicial en pedazos  ante las cámaras. Se esperan pues nuevos episodios de este sainete.

En un país y tiempo normales, resultaría todo muy extraño.

 

9N: Escrito de acusación de la Fiscalía

Por su interés, acompaño escrito de acusación de la Fiscalía contra Artur Mas, Joana Ortega  e Irene Rigau.

Se acusa por los delitos de desobediencia y prevaricación, solicitando diez años de inhabilitación para Mas y nueve para las otras dos acusadas.

Sigo pensando que el tema no tiene relevancia penal, pues, al margen de que cabe discutir que una providencia del Tribunal Constitucional sea resolución judicial a efectos penales, no existe una orden directa, expresa, personal y reiterada sobre la que pueda residenciarse la presunta desobediencia.  Llama al efecto la atención que al describir los hechos delicitivos, la Fiscalía describa que Mas “dejó de suspender oficialmente la convocatoria” y “se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación [de la consulta] que ya estaban en marcha”. No se atribuye a ninguno  de los acusados ningún hecho concreto posterior a la providencia de suspensión del 4 de noviembre.

Suscribo pues plenamente la tesis de ilustres penalistas (como los Profesores Queralt o Carpio) de que los hechos carecen de relevancia penal (no existe desobediencia ni prevaricación) y que, por ende, no puede proceder otra cosa que una sentencia absolutoria.

Escrito de acusación de la Fiscalía por el caso 9N