Auto de continuación del proceso penal contra el President Mas, la Vicepresidenta Ortega y la Consellera Rigau. Valoraciones de urgencia

Por su notable interés público, adjunto Auto de fecha 28 de junio de 2016, dictado por el Magistrado Instructor del Tribual Superior de Justicia de Catalunya, Sr. Abril Campoy ,en las Diligencias Previas número 1/2015, seguidas contra el ex-President de la Generalitat M.H.Sr. Artur Mas, la ex-Vicepresidenta H.Sra. Joana Ortega y la ex-Consellera H.Sra. Irene Rigau en relación con la convocatoria de la consulta ciudadana celebrada en fecha 9 de noviembre de 2014.

Técnicamente, se trata del Auto (previsto en el art. 779.1.4º LECrim, usualmente denominado Auto de transformación en Procedimiento Abreviado) que pone fin a la fase de instrucción sumarial, disponiendo que, a juicio del Instructor, existe base indiciaria suficiente para poder proseguir el proceso penal,  con determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona o personas a las que se les imputan.

En el extenso Auto, de 39 páginas, el Magistrado, tras efectuar un resumen de las actuaciones instructoras practicadas, determina que existe base suficiente para proseguir el proceso contra los tres citados imputados por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. Cabe al respecto destacar que el delito más grave de los imputados por las acusaciones, la malversación, ha caído silentemente de la lista.

No es este momento de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Ya he manifestado en otras ocasiones, en privado y en público e incluso en entrevistas televisivas, que tengo el convencimiento de que no existe ilícito penal en la conducta de los tres enjuiciados. Baste al efecto recordar que la Junta de Fiscales del TSJC emitió Informe (de fecha 17 de noviembre de 2014) contrario a la interposición de la querella, que finalmente debió presentarse en acatamiento de instrucciones de la Fiscalía General del Estado. El propio Instructor pretendió incorporar dicho Informe a la causa si bien debió retirarlo en méritos de los recursos interpuestos por la propia Fiscalía y la acusación popular (entonces representada por el infausto Sindicato Manos Limpias). Que el conflicto político jamás debió judicializarse parece también obvio.

Procede ahora centrarse en el significado procesal del Auto dictado. El Instructor, tras practicar las correspondientes diligencias de investigación, tenía dos opciones. Entender que no existe relevancia penal y sobreseer (archivar) la causa como pedían las defensas o permitir que el proceso continúe y que sea el órgano de enjuiciamiento (en este caso, la Sala Civil-Penal del propio TSJC) quien, previa celebración de juicio, decida si existe conducta penalmente reprochable o no. Cierto es que, en nuestra práctica forense, con carácter general,  cuando existen dudas al respecto, los instructores suelen “sacarse el problema de encima” dejando que sea otro tribunal (el enjuiciador) el que decida . Pero que esa práctica sea habitual no significa que no pueda ser censurable. Que sea otro tribunal el que decida significa someter a juicio (“pena de banquillo”) a los imputados. Si el proceso penal es ya una pena en sí mismo considerado, es evidente que la aflicción de soportar el banquillo en el juicio es más grave que la de prestar declaración durante la instrucción. Y si el tema tiene, como éste, repercusión pública, mediática y social, la pena de banquillo comporta un plus de mucha mayor gravedad.

Si con carácter general creemos que los instructores deberían ser más valientes archivando las causas  que a su juicio no merezcan pasar a la fase de plenario (juicio oral), en temas de la trascendencia del presente aún con mayor motivo. Piénsese que, en todo caso, el Auto de sobreseimiento hubiera sido susceptible de recurso ante el propio TSJC, garantía jurisdiccional ésta para las acusaciones que debe permitir mayor valentía al instructor. Cierto es que el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado es igualmente recurrible por las defensas, pero en este caso la Sala se limitará a comprobar que se dan (aunque sea sólo formalmente) los presupuestos previstos en la Ley y, mas que presumiblemente, confirmará la resolución de continuación del proceso. En el caso contrario (recurso contra un previo Auto de sobreseimiento), la Sala tendría que haber necesariamente entrado a valorar el fondo del asunto.

Dicho lo anterior, aunque cabía esperar la resolución contraria (sobreseimiento), el Auto de continuación de proceso dictado no es tampoco ningún disparate jurídico. El Instructor valora (y razona) que las conductas podrían ser constitutivas de delito y opta en consecuencia por acordar que el proceso continúen para que en su momento sea la Sala la que sentencie. Tratándose de una querella directamente ordenada por la Fiscalía General del Estado es justo reconocer que le Instructor debería haber sido especialmente para valiente para decretar su archivo. Y no es tampoco descartable que el Instructor conociera ya o al menos intuyera cuál habría sido el resultado del recurso de apelación (resuelto, no olvidemos, por sus compañeros de Sala) si hubiera decretado el archivo.

 

Como hemos dicho, el Auto dictado puede ser ahora recurrido ante la Sala Civil-Penal del TSJC, que más que muy probablemente lo confirmaría. las defensas deberán pues valorar no sólo las (escasas) posibilidades de éxito del recurso, sino también si la resolución de ese recurso pudiere determinar que la Sala enjuiciadora debiera en su momento configurarse con otra composición (sin participación de los Magistrados que en su caso hubieren ya resuelto un recurso que entrare en el fondo del asunto). Diferentes cálculos prospectivos pues en juego.

Consentido (si no se recurre) o confirmado el Auto de transformación, las acusaciones (la Fiscalía y las acusaciones populares, ya no representadas por Manos Limpias) deberán presentar sus respectivos escritos de acusación, calificando los hechos y pidiendo ya las concretas penas que se solicitan para los acusados. Y será sólo tras la presentación de dichos escritos cuando el Magistrado Instructor (que no será ya Don Joan Manel Abril Campoy por haber pedido la excedencia) deberá dictar el Auto de Apertura de Juicio Oral que significa la efectiva celebración de juicio contra los tres acusados. Debe empero advertirse que ese posterior Auto de Apertura de Juicio Oral es prácticamente consecuencia automático del ahora dictado. La posibilidad de que dictado el actual Auto de transformación y presentados los consecuentes escritos de acusación luego no se abra juicio oral puede pues descartarse por completo.

Todo apunta pues a que veremos al President Mas y  las otras dos acusadas sentados en el banquillo de los acusados. Sea cuál sea el resultado final del juicio, el enorme daño, en términos de convivencia democrática, de imprevisibles consecuencias político-sociales,  y también para la imagen y credibilidad de nuestra justicia, ya está lamentablemente hecho.

 

Auto PA A.Mas 28-06-2016 TSJC CAT – DP 1-2015 (1)

6 de junio: fin de la instrucción. Guía práctica.

Ayer se cumplieron 6 meses de la entrada en vigor de la L.O. 41/2015, de 5 de octubre,de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que, entre otros preceptos, modificó el art. 324 LECrim estableciendo un plazo máximo para la instrucción penal (6 meses con carácter general, y 18 para las causas declaradas complejas, con posibilidad de prórroga).

Conforme dispone el apartado 4 de la Disp. Transitoria Única de la citada L. 41/2015, el nuevo artículo 324 se aplicará también a los procesos ya en tramitación, considerándose a tales efectos el día de entrada en vigor de la ley (6 de diciembre de 2015) como día inicial para el cómputo de los plazo máximos de instrucción fijados. Así las cosas, ayer, 6 de junio de 2016, se cumplieron los seis meses previstos.

Como señalaba en un post de la semana pasada, una Circular de la Fiscalía instaba a los Fiscales a pedir indiscriminadamente la declaración de complejidad de todas las causas en trámite alegando como fundamento la “circunstancia transitoria y extraordinaria” de la entrada en vigor de la nueva Ley. A día de hoy, no sabemos pues si dicha declaración habrás sido solicitada en todas las causas pendientes en España y, en su caso, si los Jueces de Instrucción habrán atendido las ciclostiladas peticiones de declaración de complejidad.

Para aquellas causas que no declaradas complejas finaliza pues el plazo máximo de instrucción. ¿Significa ello que deban archivarse dichas causas por el mero transcurso del plazo? En absoluto.

 

Debemos fijar nuestra atención en los últimos apartados del citado art. 324 LECrim que disponen:

5. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso, no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado anterior, no podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en los artículos 627 y 780 de esta ley.

6. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instará al juez que acuerde la decisión que fuera oportuna. En este caso, el juez de instrucción deberá resolver sobre la solicitud en el plazo de quince días.

7. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, sin perjuicio de su recepción tras la expiración de los mismos.

8. En ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641.

 

Es decir, finido el plazo, la primera consecuencia es que las partes acusadoras no pueden ya solicitar la práctica de nuevas diligencias de instrucción, esperándose la recepción de las en su caso ya acordadas.

Asimismo, segunda consecuencia, el Juez de Instrucción deberá declarar finalizada la misma. Puede, evidentement (como podría haber hecho en cualquier momento anterior, con o sin reforma) , dictar Auto de Sobreseimiento, libre o provisional, pero sólo sí concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641 LECrim. En otro caso (el más probable), deberá dictar Auto de conclusión del sumario (en el Procedimiento Ordinario) o de transformación en Abreviado (en dicho proceso), siguiéndose los trámites legalmente previstos en cada caso (en el P.O., remisión a la Audiencia Provincial para que ratifique o revoque el Auto de conclusión del sumario y, en su caso, acuerde la apertura de juicio oral; y en el P.A. traslado a las acusaciones para que formulen escrito de acusación, en este caso sin poder solicitar diligencias complementarias.

La finalización del plazo legal no supone pues per se ipsa la finalización del proceso. Otra cosa es si con el material instructorio acopiado, las partes acusadoras tienen suficiente mimbres para sostener una acusación razonable.

 

 

De nuevo sobre la duración de la instrucción penal. Así se legisla (chapuceramente) y así se aplica (chapuceramente)

Ya hemos tenido ocasión de criticar en otros lugares la limitación de los plazos de instrucción (6 meses con carácter ordinario o 18 si la causa es compleja, con posibilidad de prórrogas) contenida en el nuevo artículo 324 LECrim tras la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Y no porque la medida sea intrínsecamente negativa, que a nuestro juicio no lo es en la medida en que fortalece las garantías del justiciable (el proceso penal es una pena en sí mismo, y, por ende, es positivo limitar la duración de la investigación, como así hizo, por ejemplo, respecto de las inspecciones tributarias por la AEAT). La crítica obedecía a razones de oportunidad, pues en la actual situación de colapso de nuestra justicia penal, no parece en efecto viable que pueda sin más reducirse de modo tan significativo la duración de las instrucciones penales.Y, especialmente, a razones de torpeza (o mejor demagogia) legislativa habida cuenta de que la Disposición Adicional Única de la citada Ley 41/2015 prevé expresamente que “las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.

En un reciente trabajo (Alonso-Cuevillas, J., “El nuevo proceso penal: Valoración crítica de las reformas procesales de 2015″, en el trabajo colectivo dir. por Alonso-Cuevillas Sayrol, J., El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Barcelona, Atelier, 2016)  escribí lo siguiente:

“Así las cosas, la citada medida, aún cuando pudiera ser en abstracto positiva, se estima altamente inconveniente en los términos y momentos en los que ha sido introducida. Si, como se teme, el sistema no puede absorber el impacto de tener que concluir de golpe miles de instrucciones el próximo 6 de junio de 2016,, el daño a la ya muy maltrecha imagen de nuestra justica penal, será muy elevado.

Recordemos al respecto que según el apartado 4 de la Disp. Transitoria Única de la L. 41/2015, el nuevo artículo 324 se aplicará también a los procesos ya en tramitación, considerándose a tales efectos el día de entrada en vigor de la ley (6 de diciembre de 2015) como día inicial para el cómputo de los plazo máximos de instrucción fijados. El próximo 6 de junio es pues el día H del anunciado colapso.

 Las críticas no han sido sólo una reflexión “profesoral”. Al contrario, han sido en efecto muy numerosas las críticas a la medida legislativa , que ha sido incluso tildada de “ley de punto final” para procurar la inmunidad de múltiples causas de corrupción que afectan dirigentes políticos. Ejemplo paradigmático de tales críticas el duro Comunicado conjunto sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por las Asociaciones Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales, que, tras analizar el texto legal, concluye con estas contundentes palabras: “Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados […]”. El citado documento puede consultarse en línea, por ejemplo, en la página de la UPF: http://www.upfiscales.com/2015/10/1437/.

 

Pues bien, a grandes males, grandes remedios.

 

Ayer, 31 de mayo de 2016, es decir, a menos de una semana del día D, la Fiscalía General del Estado remitió una comunicación a todos los fiscales jefes con el siguiente contenido:

Señores Fiscales; ante la imposibilidad de cumplir con lo que prevé la ley (informes razonados y promenorizados pidiendo la declaración de complejidad en las causas en que proceda), echen Uds. mano de formularios modelo alegando como fundamento la “circunstancia transitoria y extraordinaria” de que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

Pues así vamos tirando !

Instrucción FGE 324