Publicado el RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia

El BOE de hoy, 1 de diciembre, publica el RD 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Tras la aprobación de las Leyes 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establecen la obligatoriedad de que los profesionales jurídicos se relacionen con la Administración de Justicia de forma telemática, era necesario el desarrollo reglamentario que se efectúa mediante este RD.

Así, cumplido este trámite, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia estarán obligados a presentar cualquier escrito y recibir todas las notificaciones de forma electrónica. Como quiera que los Procuradores ya estaban obligados a la utilización de estos sistemas, la reforma afectará especialmente  a los Abogados, así como a todos los organismos públicos que se relacionen con la Administración de Justicia, Notarios y Registradores y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.La comunicación electrónica será asimismo obligatoria para las personas jurídicas privadas y optativa para las personas físcas cuando se relacionen directamente –sin postulación procesal– con la justicia.

El RD  objeto de comentario prevé que la presentación de escritos y recepción de notificaciones de forma electrónica se realizará a través del sistema LexNET. Conviene empero precisar que dicho sistema será sólo de aplicación en los territorios directamente dependientes del Ministerio de Justicia, pero en en aquellas Comunidades Autónomas, con competencias en materia de Justicia, que tengan habilitados sistemas telemáticos diferentes –como es el caso de Catalunya–. Sin embargo, los profesionales jurídicos de las Comunidades con competencias transferidas –como es el caso de los Abogados catalanes– sí deberán utilizar el sistema LexNET cuando actúen en territorio Ministerio, aún cuando la implantación de las comunicaciones electrónicas no pueda hacerse efectiva en su territorio en enero de 2016 –este es, de nuevo, el caso de Catalunya, donde los responsables de Justicia de la Generalitat ya han anunciado que la implementación no será técnicamente posible en la indicada fecha entre otras razones por problemas de compatibilidad entre los diferentes sistemas–.

Aún cuando el RD analizado extiende asimismo la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas a los administradores concursales, la medida quedará suspensa hasta la publicación del desarrollo reglamentario sobre el régimen de la administración concursal previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Aunque resulte paradójico, los administradores concursales seguirán pues relacionándose con los Juzgados Mercantiles en soporte papel.

Acompaño texto del RD 1065/2015: BOE-A-2015-12999

 

 

Nulidad de préstamo usurario

Acompaño Sentencia del Pleno  de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015 que anula por usurario el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento, revocando así las previas sentencias de un Juzgado de Cerdanyola del Vallés y de la Audiencia de Barcelona que dieron la razón al banco y condenaron al consumidor.

Conforme explica el TS, el consumidor afectado firmó en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving Mediatis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros le eran reclamados otros 12.269.

Basándose en la la Ley de Represión de la Usura, usualmente conocida como Ley Azcárate, de 1908, todavia vigente, la operación debe ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato. Conforme establece la citda Ley Azcárate,  “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En ese sentido, expone que en una operación de financiación del consumo como la analizada no puede justificarse un interés tan excesivo “sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La consecuencia es que el crédito fue nulo y debe rechazarse la demanda del banco. La Ley contra la Usura prevé que en casos de nulidad de los contratos el cliente sólo debe devolver al banco la suma recibida, y en este caso el particular superó esa cantidad.

Acompaño texto de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de fecha 25 de noviembre de 2015.

STS 25-11-15