Publicada también la reforma de la LECrim

Por si no tuviéramos suficiente con al reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el BOE de hoy, 6 de octubre, publica también la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que entrará en vigor a los dos meses de su publicación, es decir el día 6 de diciembre de 2015, para conmemorar el aniversario de la Constitución.

Entre otras novedades trascendentes, como la nueva y extensa regulación del decomiso, el llamado “Proceso por aceptación de decreto” o la nueva regulación de la conexidad, debe destacarse la previsión contenida en el reformado artículo 324, cuyo apartado primero dispone textualmente que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”, previsión que, conforme dispone el artado tercero de la Disposición Transitoria Única, se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, si bien, a tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley. Parece pues previsible que el 6 de mayo de 2016 quedarán automáticamente archivadas centenares de instrucciones penales. Para que luego nos quejemos de que no se hace nada por descolapsar la justicia.

Como sea que siempre acostumbra a llover sobre mojado, el propio BOE de hoy publica también la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, cuyo contenido estrella es la nueva regulación de las “medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”, es decir, la entrada y registro, intervención de las comunicaciones, utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, registros de dispositivos de almacenamiento masivo de información y registros remotos sobre equipos informáticos. La Ley modifica asimismo diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir competencias derivadas de la reforma.

Para que comprobremos que se trata de una reforma seria, sin la mínima posibilidad de tildarla de falta de rigor o claridad, la Disposición Final Cuarta dispone que “la presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de los apartados uno, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único que lo harán el 1 de noviembre de 2015”.

Es decir, todo el 6 de diciembre –ahora sí que festejaremos la Constitución, cuyos derechos se limitan–, excepto la nueva regulación del agente encubierto que, vaya Usted a saber porqué, entrará en vigor el día de Difuntos.

Adjunto link a los textos de ambas reformas:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10726.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10725.pdf

Publicada la reforma de la LEC

El BOE de hoy, 6 de octubre, publica la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya parte sustancial entra en vigor mañana mismo, lo que sin duda constituye un –otro más– atentado a la seguridad jurídica.

Ello no obstante, conforme dispone la Disposición final duodécima, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha. Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. Asimismo, conforme dispone el apartado 3 de la citada DF 12ª, las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671  –relativos a las subastas incluida la regulación de la nueva subasta electrónica– de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

Tiempo habrá por tanto de análisis más detalaldos. Para abrir boca, adjunto link al nuevo texto legal:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf

Sobre la independencia del Poder Judicial y las filtraciones respecto la citación de Artur Mas

Las recientes declaraciones del Ministro de Justicia, dando a entender que había intervenido en la decisión o como mínimo sabía que las citaciones del President Mas y resto de imputados se producirían justo después de las elecciones, noticia asimismo publicada días atrás por algún medio de comunicación, suponen un intolerable desprecio a la separación de poderes, pilar esencial de un Estado de Derecho.

Según opinión generalizada entre los penalistas, la querella contra Mas, Ortega y Rigau, que, recordemos, la Fiscalía de Catalunya no quiso interponer y lo hizo sólo por obediencia jerárquica tras las expresas instrucciones de la Fiscalía General del Estado, no tiene recorrido jurídico. La propia jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pacífica y reiterada, descarta que pueda hablarse de delito de desobediencia si no existen previas órdenes que contengan un mandato directo, expreso y terminante, incumplido de forma abierta y reiterada.

Aquí no hay sino una simple judicialización de un asunto esencialmente político.

Si una querella similar hubiera sido interpuesta por cualquier particular probablemente no habría sido ni siquiera admitida a trámite. La querella interpuesta por la Fiscalía es pues una auténtica “patata caliente” para el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que, debe reconocerse, ha estado capeando con gran dignidad.

Las declaraciones del Señor Ministro, cuyo cargo le obliga a ser especialmente respetuoso con el quehacer de la justicia, conducen a crear en la opinión pública la abyecta sensación de que los tribunales de justicia no son sino el brazo ejecutor de la voluntad gubernamental, produciéndose así una grave deslegitimación del propio sistema judicial.

Con el agravante de que el tribunal no puede, ni debe, defenderse dejando claro “urbi et orbe” que actúa según su propio criterio, en este caso del Magistrado Instructor. Criterio que se estimará más o menos acertado, por unos o por otros, pero criterio propio e independiente.

Celebramos por ello la Nota de Prensa publicada por la Fiscalía de Catalunya que dice alto y claro lo que a buen seguro el Tribunal hubiera querido gritar, pero no pudo decir:

Nota prensa Fiscalía respecto citación Mas 9-N