Planteada cuestión prejudicial europea sobre la limitación de la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado un Auto de fecha 17 de julio de 2015, por medio del cual plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que se resuelva, entre otras cuestiones, si es posible que, “declarada la nulidad de una cláusula suelo inserta en un contrato celebrado con consumidores, por su carácter abusivo por falta de transparencia, la condena a la devolución de los intereses indebidamente cobrados por el prestamista, entidad financiera, puede limitarse a los percibidos a partir de una determinada fecha, y no a los indebidamente percibidos desde la celebración del contrato“. En concreto, dicho Tribunal plantea la cuestión de “si es compatible con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 y la jurisprudencia comunitaria que los interpreta…el mantenimiento de los efectos desplegados por la cláusula declarada nula por abusiva por falta de transparencia, desde la celebración del contrato hasta el momento en que se fijen los efectos de dicha nulidad“.

Debemos recordar que, recientemente (Sentencia de 25 de marzo de 2015), el Tribunal Supremo limitó el efecto retroactivo de las cláusulas suelo declaradas nulas estableciendo que la devolución de cantidades indebidamente percibidas sólo procederá desde el 9 de amayo de 2013 debido, entre otros argumentos, al supuesto “grave trastorno del orden público” que supondría su retroactividad, contraviniendo frontalmente los claros efectos de la nulidad establecidos por el artículo 1303 del Código Civil, esto es, la restitución recíproca de prestaciones y el carácter retroactivo o ex tunc de la nulidad.

Como ya comenté en anteriores posts, pese a la doctrina que el Tribunal Supremo pretendió fijar como definitiva, el tema seguirá dando de qué hablar durante tiempo.

Adjunto el citado Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria de fecha 17 de julio de 2015.

Importante modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El BOE de hoy, 22 de julio de 2015, publica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Se trata de una reforma extensa (contiene ciento dieciséis apartados) que introduce novedades en múltiples aspectos de la Ley. Tiempo habrá por tanto de dar cuenta de las diversas novedades introducidas.

A modo de primera aproximación, cabe destacar la clarificación del régimen jurídico de la competencia jurisdiccional internacional de los tribunales españoles, operada a través de la reforma del artículo 22 y la introducción de los nuevos artículos 22 bis a 22 nonies (el legislador le ha cogido gusto a esta nomenclatura). La regulación se inspira en los Reglamentos Europeos sobre la materia, aunque cabrá efectuar algunos matices.

Entre otros aspectos, cabe reseñar el encaje de la Jurisdicción Militar dentro del Poder Judicial, la posibilidad de interponer recurso de revisión contra sentencias firmes recaídas si se dictan por el TEDH sentencias que declaren vulnerado algún derecho reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la introducción de la protección de datos en el ámbito de los tribunales, y la inclusión de un conjunto de medidas dirigidas a lograr una mayor agilidad y especialización de las respuestas judiciales, posibilitando, por ejemplo, que las Salas de Gobierno puedan acordar modificaciones de las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social para equilibrar la distribución de asuntos, que el órgano de gobierno del Poder Judicial pueda especializar uno o varios órganos judiciales de modo temporal y con carácter exclusivo en función de un cúmulo de asuntos o causas específicas, pudiendo tener estos juzgados ámbito provincial, o que el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir a un órgano instructor uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administración de Justicia, con la finalidad de facilitar la instrucción de causas de especial complejidad.

Aquí os dejo la nueva Ley.

Publicada en el BOE la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria: Apuntes de urgencia

El BOE de hoy, 3 de julio de 2015, publica el texto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV). La Ley 15/2015, de 2 de julio.

La nueva Ley se compone de 148 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y veintiuna disposiciones finales. Tiempo habrá por tanto para efectuar análisis más pormenorizados, pero en unos primeros apuntes de urgencia cabe destacar los siguientes aspectos:

– La Ley regula los expedientes de jurisdicción voluntaria (en adelante, EJV) que se tramitan ante los órganos judiciales. No así otros EJV, entre los que destacan los notariales, cuya regulación se contiene en la Ley del Notariado de 1862, que la DA 11ª de la nueva LJV modifica al efecto. La nueva LJV atribuye también el conocimiento de determinados EJV a los Registradores, modificando al efecto, a través de la DA 12ª, la Ley Hipotecaria.

– Para el conocimiento de los EJV judiciales serán objetivamente competentes, según las materias, los Juzgados de Primera Instancia o los Juzgados Mercantiles. Las decisiones finales de los EJV corresponderán, también según los casos, al Juez o al Secretario Judicial.

– La LJV contiene unas pocas disposiciones generales en materia de tramitación procesal de los EJV. Pese al proclamado carácter supletorio de la LEC, se intuye ya que la parca regulación generará algunos importantes problemas interpretativos.

– Respecto al contenido, la nueva LJV regula EJV en materia de personas (filiación, defensa judicial, capacidad, adopción, tutela y guarda de hecho, emancipación, derechos fundamentales del honor, intimidad y propia imagen de menores o incapaces, protección del patrimonio y disposición de bienes de menores o incapaces, declaración de ausencia y fallecimiento y extracción de órganos de donantes vivos), familia (impedimentos, ejercicio de la patria potestad o la guardia y custodia, desacuerdo en administración de gananciales), sucesiones (albaceazgo, contadores-partidores, aceptación y repudiación de la herencia), en materia de obligaciones (plazo de cumplimiento y consignación), derechos reales (ejercicio de derechos del ususfructuario y  deslinde), en materia mercantil (exhibición de libros, convocatoria de juntas generales, nombramiento y revocación de liquidadores, auditores e interventores, reducción de  capital, pérdida o robo de títulos y nombramiento de peritos en el contrato de seguro). La LJV dedica asimismo un Título (el séptimo) a la regulación de las subastas voluntarias y otro (el noveno y último) a regular la conciliación judicial al derogarse los arts. 460 y ss. de la vieja LEC de 1881.

– Las disposiciones derogatorias y finales modifican una veintena de leyes, entre las que destacan las modificaciones (en algunos casos, de muchos preceptos) del Código Civil  (cerca del centenar de artículos modificados) , el Código de Comercio (aquí un solo artículo), la LEC (18 preceptos), la Ley del Registro Civil (una docena de disposiciones), la Ley de Sociedades de Capital, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Tasas en el ámbito de la administración de justicia y otras diferentes leyes, además de las ya citadas Ley del Notariado e Hipotecaria. Se derogan asimismo algunos preceptos del Código Civil y de la Ley Cambiaria y del Cheque. Se derogan asimismo la mayoría de preceptos hasta ahora aún vigentes de laLEC de 1881, si bien dicha decimonónica ley aún mantiene vigentes algunos preceptos, como por ejemplo, los que, bochornosamente, siguen parcheadamente regulando la ejecución de sentencia extranjeras.

– Conforme prevé la DF 21ª, la nueva LJV entrará en vigor a los veinte días de su publicación, es decir el próximo 22 de julio, si bien esa regla general contiene diversas excepciones entre las que destaca la de las diversas modificaciones relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

Acompaño texto de la Ley 15/2015, publicada en el BOE dLey 15-2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.e hoy:

Importante sentencia sobre preferentes: No existe acción jurídica para reclamar por la compra de obligaciones subordinadas de Catalunya Caixa

La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado una importante Sentencia, de fecha 13 de abril de 2015, por la que, revocando la previamente dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declara que el proceso de reestructuración de una entidad de crédito, cuando este se lleva a cabo en la forma de Catalunya Caixa, es decir a través del FROB, en méritos de lo dispuesto en la Ley 9/2012, cumple el mismo papel que la liquidación de una sociedad en sede concursal y que, consecuentemente, a partir de dicha reestructuración, la deuda subordinada ha dejado de existir, ha desaparecido del mundo del derecho por mor del proceso de liquidación, por lo que ya no puede ejercitarse ninguna pretensión de nulidad o de resolución de esos mismos contratos.

Por su importancia, transcribo a continuación el Fundamento Jurídico Sexto de la citada Sentencia:

Consecuencias del proceso de reestructuración para los titulares de obligaciones subordinadas.

El proceso de reestructuración de una entidad de crédito, cuando este se lleva a cabo en la forma de Catalunya Caixa, cumple el mismo papel que la liquidación de una sociedad en sede concursal. El desarrollo del proceso al margen de las normas del concurso supone atribuir a la entidad que gestiona el proceso facultades y competencias parecidas a las del Juez y a las de la administración concursal. La implicación de los poderes públicos en el proceso a través del FROB, lo que viene exigido por la necesaria afectación a la economía nacional, imposibilita además el recurso a la solución pactada a través de un convenio de la entidad con sus acreedores.

Por otra parte la liquidación es el procedimiento mediante el cual se procede a la cancelación de todo el pasivo de la sociedad, pasivo que comprende las obligaciones de pago a los accionistas o a los titulares de participaciones preferentes o deuda subordinada. Una vez extinguidas las obligaciones que ligaban a la sociedad con sus accionistas o con sus acreedores, carece de sentido cualquier ulterior reclamación de estos con base a los contratos que les ligaban con la sociedad. No es solo que no puedan reaccionar contra un proceso que se les ha impuesto de forma obligatoria, sino que el título en virtud del cual podrían accionar ha desaparecido, por lo que ya no resultan titulares de crédito o de derecho alguno.

Esto es lo que ha sucedido a los titulares de deuda subordinada cuando han visto convertidos sus títulos primitivos en acciones de la nueva sociedad, lo que se ha producido de forma obligatoria al amparo de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 9/2012. A partir de ese momento la deuda subordinada ha dejado de existir, ha desaparecido del mundo del derecho por mor del proceso de liquidación, por lo que ya no puede ejercitarse ninguna pretensión de nulidad o de resolución de esos mismos contratos. El único contrato que podría impugnarse será el de venta de las acciones de Catalunya Bank al Fondo de Garantía de Depósitos para que la actora recuperase esas acciones de Catalunya Bank, pero esta es una acción distinta, que además habrá de ejercitarse frente al adquirente de las acciones, que fue el Fondo de Garantía.

La acción de indemnización de daños y perjuicios por el menor valor que puedan tener las acciones en relación con el capital invertido en la deuda subordinada también está excluida por disposición legal. El artículo 49.2 de la Ley 9/2012 lo excluye al decir que “fuera de lo dispuesto en el artículo 73 de esta Ley , los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán reclamar de la entidad ni del FROB ningún tipo de compensación económica por los perjuicios que les hubiera podido causar la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada”.

La Sentencia objeto de comentario resuelve no imponer las costas por tratarse de una cuestión novedosa, pero, de consolidarse esta doctrina, la multitud de demandantes en asuntos similares podrían correr peor suerte viendo no sólo desestimadas sus demandas sino también viéndose asimismo condenados a soportar ls costas procesales de la reclamación judicial.

Acompaño texto de la Sentencia publicada por el Diario La Ley: SAP Burgos 13 abril 2015