El Tribunal Supremo fija los límites de la Jurisdicción Penal Universal. Se confirma el definitivo archivo de la querella contra los principales dirigentes chinos por el (presunto) genocidio del Tíbet. La presión diplomática del Gobierno Chino provocó que el Gobierno español modificara la Ley en marzo de 2014, limitando la Jurisdicción de los tribunales penales españoles.

Importante Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que fija los límites de la denominada Jurisdicción Penal Universal en España.

Mediante Sentencia del Pleno, de fecha 6 de mayo de 2015, la Sala Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra el previo Auto de sobreseimiento dictado por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional

Como relata en sus antecedentes la propia Sentencia, el procedimiento se inició en virtud de querella interpuesta con fecha 28.05.2005 por la representación procesal del COMITE DE APOYO AL TIBET y LA FUNDACION CASA DEL TIBET ejercitando la acción popular del artículo 25 de la Constitución española, y de THUBTEN W ANGCHENG SHERP A SHERP A (ciudadano de nacionalidad española víctima de torturas tras su detención en el Tíbet) como acusación particular por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad contra JIANG ZEMIN, anterior Presidente de la República Popular China y secretario del Partido comunista chino; LI PENG, antiguo Primer Ministro durante la represión tibetana y de finales de los 80 y principios de los 90; REN RONG, Secretario del Partido en el Tíbet, durante el periodo de 1971- 1980 y dirigente militar que perteneció la Comandancia Militar del Suroeste, participando en la ocupación del Tíbet; YIN FATANG, Secretario del Partido en el Tíbet durante el periodo 1980- 1985 y dirigente militar que perteneció a la Comandancia Militar del Suroeste, participando en la ocupación del Tíbet; QIAO SHI, Jefe de la Seguridad China y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los 80; CHEN KUIYAN, Secretario del Partido en la Región Autónoma del Tíbet durante el periodo 1992-2001, y PENG PELYUN, Ministro de Planificación Familiar en los años 90.

Los hechos relatados en la querella hacían referencia a los supuestos crímenes cometidos como consecuencia de la dominación de la República Popular de China en el Tíbet, y su ocupación militar, entre el período comprendido entre 1950 y 1979.

La querella fue admitida a trámite en el año 2006, pero, tras la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada mediante la Ley  Orgánica 1/2014, de 13 de marzo (reforma que, recordemos,tras las presiones del Gobierno Chino, limitó el alcance de la jurisdicción penal española para juzgar crímenes de lesa humanidad), el Juzgado Central de Instrucción que estaba conociendo de la causa, elevó al sumario a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, órgano que, a la vista de la nueva regulación procesal orgánica, acordó el archivo de la causa.

Recurrido el Auto de sobreseimiento por las acusaciones particulares, el Pleno de la Sala Segunda desestima el recurso y confirma por tanto el definitivo archivo de la causa seguida contra los dirigentes chinos por los (presuntos) crímenes del Tibet.

La Sentencia del Pleno, de la que ha sido Ponente el Magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón no se limita empero a desestimar el recurso de casación , sino que aprovecha para efectuar un extenso análisis (de más de cien páginas) sobre la denominada Jurisdicción Universal y su regulación en el Derecho Internacional para acabar concluyendo que el modelo de Jurisdicción Universal limitada, impuesto por la reforma de marzo de 2014, es internacional y constitucionalmente tan válido como el modelo de Justicia Universal absoluta adoptado por el legislador orgánico de 1985.

Por su importancia, incluyo a continuación el  abstract o resumen de la Sentencia, insertando asimismo link a su texto completo:

“La Jurisdicción Universal consiste en el ejercicio de jurisdicción penal por los Tribunales de un determinado país en crímenes internacionales de especial gravedad, sobre la base de la naturaleza del delito sin tomar en consideración ni el lugar donde fue cometido, ni la nacionalidad de su autor.

La Jurisdicción Universal supone que los Tribunales de un Estado deben ejercer jurisdicción extraterritorial sobre ciertos delitos en función de su naturaleza, para evitar que los responsables puedan encontrar un lugar de refugio donde alcanzar la impunidad.

No significa que estén obligados a extender dicha jurisdicción a personas que se encuentren fuera de su territorio, investigando “in absentia” los delitos internacionales cometidos en cualquier parte del mundo. Pueden hacerlo facultativamente si así lo establecen en su legislación interna.

El fundamento de la facultad de todos los Estados para el enjuiciamiento de estos delitos se encuentra en su carácter especialmente lesivo para los intereses esenciales de la Comunidad Internacional. Su respaldo en el Derecho Internacional se encuentra en los Tratados que especialmente facultan a todos los Estados a extender su jurisdicción.

Modelos de jurisdicción universal: absoluto y limitado.- El compromiso derivado de los Tratados de ejercitar la Jurisdicción Universal frente a determinados delitos debe hacerse efectivo por los Estados firmantes incorporándolo a su legislación interna, dado que la asunción de responsabilidades por un Estado en el ámbito internacional no determina por si sola la responsabilidad penal de sus ciudadanos en el ámbito nacional. Es preciso que la normativa procesal interna establezca específicamente la jurisdicción y que la normativa penal nacional defina y sancione los distintos tipos delictivos, y señale las penas correspondientes, para que pueda considerarse respetado el principio constitucional de legalidad. El establecimiento de Jurisdicción Universal por la normativa interna puede realizarse de un modo genérico, o absoluto, en relación con cualquier responsable de los delitos a que se refieren los Tratados Internacionales en esta materia, o bien de un modo limitado, exigiendo criterios de conexión que justifiquen específicamente la Jurisdicción del Estado en cuestión o limitando el ejercicio de la Jurisdicción Universal al enjuiciamiento de los responsables que se encuentren en su territorio. Este sistema de asunción limitada de la Jurisdicción Universal es el que está generalizado en el Derecho Comparado.

De los Tratados, que configuran el Derecho Penal Internacional convencional no se deriva con carácter imperativo la necesidad de establecer en cada Estado firmante un modelo de Jurisdicción Universal

absoluta. Una cosa es sostener que la gravedad y universalidad de los delitos perseguidos, faculta a los Estados para acoger en su ordenamiento interno un modelo de Jurisdicción Universal pura o absoluta, que incluya la investigación, instrucción formal, orden de detención internacional y solicitud de extradición, en supuestos de ejercicio de jurisdicción extraterritorial “in absentia”, y otra sostener que los Tratados impongan necesariamente esta modalidad de Jurisdicción Universal absoluta, que es muy minoritaria en la práctica internacional.

Crímenes de guerra.- Debe establecerse con claridad y firmeza, para éste y para otros supuestos similares, que el apartado p) del art 23 4o de la LOPJ, no es aplicable a los supuestos que ya aparecen específicamente regulados en los apartados anteriores del precepto, y concretamente a los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. La jurisdicción universal para los crímenes de guerra es imperativa, y no facultativa, para los Estados firmantes de la Convención. Pero esta obligación no se extiende al hecho de que todos y cada uno de los países firmantes deban investigar “in absentia” todas y cada una de las infracciones graves de la Convención de Ginebra, cualquiera que sea el lugar del mundo y el conflicto armado donde se hayan producido, compitiendo para reclamar y extraditar a los responsables, sino que se concreta para cada Estado firmante en buscar y enjuiciar ante sus propios Tribunales a los responsables que se hayan refugiado u ocultado en sus respectivos países.

Conforme a la vigente Ley Orgánica 1/2014, los Tribunales españoles solo tienen jurisdicción para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, en los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español, contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, sin que pueda extenderse dicha jurisdicción “in absentia” en función de la nacionalidad de la víctima o de cualquier otra circunstancia.

En resumen, la respuesta a las cuestiones suscitadas en el presente recurso es la siguiente:

1o) Ni el Derecho Internacional Convencional ni el Consuetudinario imponen un modelo de Jurisdicción Universal absoluto o “in absentia”, como el acogido en la primera versión del art. 23 4o de la LOPJ.

2o) La doctrina constitucional referida al establecimiento en nuestro ordenamiento de un modelo de Jurisdicción Universal absoluto se basa en la amplitud de la normativa legal establecida por la LOPJ, en su versión inicial. Pero no constituye el único modelo admisible constitucionalmente de Jurisdicción Universal, pues cabe establecer criterios reguladores que vengan a restringir el ámbito de su aplicación, siempre que se respete su contenido esencial.

3o) La Ley Orgánica 1/2014, aun cuando ha acogido una modalidad muy restrictiva de Jurisdicción Universal que contrasta con la regulación anterior que había convertido a nuestro país en un polo de atracción en esta materia, no vulnera lo dispuesto en los Tratados ni en la práctica judicial internacional, y se acoge a la exclusión de la Jurisdicción Universal “in absentia” que constituye el modelo más generalizado en los países de nuestro entorno.

4o) El apartado p) del art. 23 4o de la LOPJ, no es aplicable a las Infracciones Graves de la Convención de Ginebra, cualquiera que sea su denominación como crímenes de guerra, delitos contra las personas protegidas en caso de conflicto armado o delitos de Derecho Internacional Humanitario. Solo es aplicable el apartado a).

5o) La Convención de Ginebra, a diferencia de otros Tratados, establece un sistema obligatorio de Jurisdicción Universal, en el sentido de imponer a los Estados firmantes la carga de localizar a los criminales de guerra que se oculten en ellos y llevarlos ante sus Tribunales, asumiendo jurisdicción extraterritorial para juzgarlos con independencia del lugar donde ocurrieron los hechos y de su nacionalidad. Pero esta Jurisdicción imperativa no se extiende a la obligación iniciar investigaciones “in absentia”, ni de buscar a los responsables fuera de su territorio y reclamarlos en cualquier caso.

El principio general del que debemos partir es que la lucha contra la impunidad en el Derecho Internacional Penal no puede hacerse a costa de las garantías esenciales del Estado de Derecho.

La reforma de 2014 no es inconstitucional, pues no vulnera el principio de igualdad, ni la interdicción de la arbitrariedad, ni el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La doctrina constitucional no se ha opuesto a la posibilidad de incorporar por vía legislativa criterios limitadores para el ejercicio de la Jurisdicción Universal. Las limitaciones incorporadas por la L.O. 1/2014 acogen un

criterio restrictivo, pero no se consideran arbitrarias por esta Sala porque encuentran su fundamentación tanto en la práctica de los países de nuestro entorno como en la escasa efectividad que la experiencia ha demostrado que alcanzan los procedimientos de jurisdicción universal “in absentia”, dirigidos contra personas que ni son españoles ni se encuentran de forma permanente, u ocasional, en nuestro territorio.”

STS 2ª 06-05-2015 – Jurisdiccion universal

Venta concursal de unidad productiva y sucesión de empresa

Como es sabido, el RDL 11/2014, de 5 de septiembre, introdujo en la Ley Concursal un nuevo art. 146 bis, regulador de los efectos de la transmisión de unidades productivas en el seno de un proceso concursal. Y, pese a que el apartado 4º de dicho nuevo precepto establece como regla general que la transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, añade la excepción “salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2”. El citado 149.2 LC, en la parte que nos interesa, dispone a su vez que  “cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa”. En méritos de dicha expresa previsión, viene hoy entendiéndose  que el adquirente se subroga tanto en las deudas laborales pendientes (pudiendo el Juez acordar que la subrogación no opere respecto de los salarios e indemnizaciones asumidos por el Fondo de Garantía Salarial) como en las deudas que la concursada mantuviera con la Seguridad Social. En méritos de la nueva regulación, algunas resoluciones judiciales, siguiendo los planteamientos más “duros” de la Tesorería General de la Seguridad Social, han entendido que la subrogación de deudas laborales y de la SS se extiende incluso a las derivadas de aquellos contratos de trabajo ya extinguidos y que no se integren por tanto en la unidad productiva objeto de transmisión. Frente a esa tesis, es mayoritaria la interpretación de que la excepción a la regla general de no subrogación debe ser interpretada restrictivamente y que, por ende, la subrogación debe sólo extenderse a las deudas salariales y de Seguridad Social derivadas de los contratos de trabajo asumidos. En esta línea, resulta muy interesante la didáctica argumentación contenida en el Auto del Juzgado Mercantil 1 de Alicante de fecha 13 de marzo de 2015, razonado la explicada limitación de la asunción de deudas por el adquirente. Como es obvio, exigir que el adquirente deba asumir las deudas laborales y de SS pendientes de la concursada está en la práctica frustrando la venta de unidades productivas en los concursos, con la consiguiente pérdida para la economía en general por la desaparición de unidades productivas viables y, muy singularmente, la pérdida de puestos de trabajo, que antes podían seguir conservándose. Resulta por ello particularmente interesante destacar la dura crítica,que compartimos plenamente, vertida al legislador a modo de conclusión final por el Magistrado Fuentes Devesa, en el Fundamento de Derecho Sexto de su excelente Auto, y que por su interés reproducimos plenamente:

Sexto. Conclusión En definitiva, se aprueba la oferta,  si bien sin el alcance solicitado  por el oferente respecto del  pasivo laboral y de seguridad social. Si ello provoca su retirada por el ofertante, deberá iniciarse un nuevo periodo para nuevas ofertas, adaptadas a las previsiones de esta resolución, con las repercusiones perniciosas para los acreedores que ello puede acarrear Y si ello no fuera posible, y se frustra definitivamente, abocará el proceso de realización de los activos a su venta de manera individualizada, con las consecuencias inherentes, al suponer la desaparición de una unidad productiva en funcionamiento. Consecuencias  que no se escapan que pueden ser muy negativas, principalmente y de forma directa, en orden a la destrucción de puesto de trabajo, pero que son producto de la opción del legislador del RDL 11/2014 de primar en el proceso de venta unitaria la posición de determinados acreedores, en especial, la Seguridad Social

El Citado Auto, que adjunto, será sin duda un referente en la materia. AJM 1 Alicante 13-3-2015 VUP después 146 bis

El TS absuelve a los exdirectivos del Alavés, previamente condenados al pago de 6.890.191,67 euros

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 11 de marzo de 2015 (Ponente: Sebastián Sastre) absuelve los exdirectivos del Deportivo Alavés S.A.D., previamente condenados por el Juzgado Mercantil de Vitoria a indemnizar al Club en la suma de de 6.890.191,67 euros (si bien luego la Audiencia Provincial de Álava determinó que dicha cantidad debería reducirse en un 50% en caso de cumplimiento del convenio).

El Supremo recuerda que la denominada responsabilidad por déficit concursal (actual art. 172 bis LC) sólo procede en caso de apertura de la fase de liquidación o bien en caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento del convenio.

Sorprende que pese a la claridad  del texto legal y consolidada doctrina del Supremo al respecto, siga interesándose al condena a cubrir el déficit concursal por la vía del art. 172.2.3º LC, previsto, recordemos, para condenar  a afectados y cómplices a devolver los bienes  o derechos que hubieren obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados. Dicha previsión legal no es pues aplicable a los supuestos en los que se imputa mala gestión a los administradores sociales.

La Sentencia sí mantiene las condenas por inhabilitación, derivadas de la declaración de culpabilidad del concurso, y  que no quedan afectadas por lo anteriormente comentado.

Acompaño la citada Sentencia del Tribunal Supremo, publicada hoy en La Ley: La responsabilidad por déficit concursal sólo procede en caso de apertura de la fase de liquidación …

El TS limita los intereses moratorios

Ayer el Tribunal Supremo agitó nuevamente el convulso mundo de las cláusulas abusivas y las ejecuciones hipotecarias con la nota de prensa sobre una nueva Sentencia dictada por el Pleno de su Sala Primera.

Dicha Sentencia fija como doctrina que “en los préstamos personales sin garantía hipotecaria concertados por consumidores es abusiva la condición general que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio”. Asimismo, establece que la “consecuencia de esta declaración de abusividad consiste en que el préstamo devengará exclusivamente el interés remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo”.

Con ello, logramos avanzar un paso más en la defensa de los consumidores y usuarios que, gracias a esta resolución, ganan una herramienta más para hacer frente a la abusividad de determinados contratos financieros.

Acompaño Sentencia y nota de prensa del propio TS.

De nuevo sobre la cláusula suelo: el Juzgado Mercantil de Zaragoza concede la restitución de todos los intereses indebidos, desde la suscripción de la hipoteca.

Ayer nos sorprendió enormemente la magnífica Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza, de fecha 27 de abril de 2015, en relación a la denominada “cláusula suelo” (como todos sabéis, la famosa cláusula limitativa a la baja del tipo de interés, supuestamente variable, que por costumbre se incluía en todo préstamo hipotecario).

La citada resolución, dictada por la Magistrada Dña. María Sáenz Martínez (Juez de Adscripción Territorial designada en los Juzgados de lo Mercantil de Zaragoza), estima una acción de nulidad de condición general de la contratación (“cláusula suelo”) y una acción acumulada de devolución de cantidades indebidamente cobradas, declarando nula la reseñada cláusula suelo y condenando a la entidad financiera a restituir al demandante las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la referida cláusula, habida cuenta de que se había incumplido el control de transparencia, esto es, que la información facilitada al consumidor no le permitía entender que la cláusula define el objeto principal del contrato y es esencial en la economía del mismo.

Pese a que el fallo descrito no es novedoso en cuanto a su contenido, sí resulta, como mínimo, atrevido, por su temporalidad: la citada Sentencia se ha dictado tras haberse publicado las muy controvertidas Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 24 y 25 de marzo de 2015.

Dichas Sentencias, y, en especial, la de fecha 25 de marzo de 2015 fijó como doctrina jurisprudencial respecto de los efectos retroactivos de la nulidad de las cláusulas suelo que: “…cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013“.

Es decir, dicha doctrina jurisprudencial limita la aplicación del artículo 1.303 del Código Civil (que, recordemos, dispone que “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses…”) y su reiterada y pacífica jurisprudencia, para imponer una especie de solución intermedia sin duda más política (o, económica) que jurídica.

Sin embargo, la resolución ahora analizada estima que “procede la devolución íntegra de las cantidades percibidas por la entidad bancaria en aplicación del artículo 1.303 Código Civil por las siguientes razones:…En el procedimiento resuelto por la STS de 9 de mayo de 2013, no se había ejercitado una acción de condena a las partes demandadas, además la acción ejercitada fue una acción colectiva de cesación, y tampoco se aprecia en el presente caso la magnitud de las consecuencias económicas que la Sentencia tiene en cuenta…”. Además, continúa diciendo “la razón fundamental y primordial para estimar la procedencia de la devolución de las cantidades percibidas por la entidad bancaria en aplicación de la cláusula suelo, tiene como premisa que en el presente procedimiento no sólo estamos actuando como juez nacional, sino principalmente como juez comunitario, garante del derecho de la Unión…”.

La magnífica Sentencia, finaliza añadiendo que “…la declaración de la no retroacción, y por ende la no restitución de las cantidades indebidamente cobradas, supone un incentivo para la entidades bancarias, pues puede estimular el seguir incluyendo tales cláusulas abusivas o similares, de manera generalizada, con el beneficio económico que en su aplicación consiguen durante un lapso de tiempo en detrimento del consumidor, y hasta que el consumidor se vea obligado a acudir a los Tribunales para que decreten su no aplicación”.

Sin duda, el tema seguirá en plena ebullición…

Adjunto, como siempre, la Sentencia comentada.

Primera aplicación práctica de la “segunda oportunidad”

El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona ha sido el primero en aplicar la nueva redacción del artículo 178.bis de la Ley Concursal (precepto que introduce la denominada “segunda oportunidad”, tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 1/2015), acordando, mediante dos Autos de fecha 14 de abril de 2015, la exoneración del pasivo insatisfecho de un matrimonio de jubilados que se vieron atrapados por el llamado “sobreendeudamiento pasivo”, figura que, como define perfectamente el Magistrado autor de los Autos, D. Juan Manuel de Castro Aragonés, se produce cuando el “consumidor actúa responsablemente, pero se ve desbordado por contingencias inesperadas e imprevisibles, habiendo actuado siempre con buena fe, por lo que el ordenamiento jurídico no puede penalizar a los que han solicitado su amparo a través, en este caso, del mecanismo del concurso de acreedores”.

En este caso concreto, el matrimonio (notoriamente endeudado al haber hecho frente a los gastos derivados del cuidado de dos de sus cinco hijos, gravemente enfermos), se ha visto obligado a liquidar todos sus bienes (a excepción, afortunadamente, de su vivienda habitual que, al estar hipotecada y quedar pendiente un importante pasivo, resultaba completamente antieconómico proceder a su enajenación). Con la liquidación de sus bienes ha podido abonar todos los créditos contra la masa (aquellos generados tras la declaración del concurso), los privilegiados (principalmente, a favor de entidades públicas) y el 28% de los ordinarios (acreedores generales).

Haber abonado los citados créditos, unido a su buena fe, su conducta intachable (según manifestó la propia Administración Concursal), y la declaración como fortuito del concurso, han posibilitado la aplicación del beneficio de exoneración.

Adjunto los dos Autos del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, para vuestra lectura.

– Auto Juzgado mercantil 10 Barcelona, artículo 178 bis LC

– Auto mercantil 10 Barcelona, artículo 178 bis LC-1