Mala fe procesal de Manos Limpias (Asedio al Parlament)

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta contra dos Magistrados de la Audiencia Nacional, a los que acusaba de prevaricación por haber absuelto a la mayoría de los acusados por el asalto al Parlament de Catalunya en junio de 2011.

La querella de Manos Limpias acusaba a dichos Magistrados (no al tercer integrante de la Sala que emitió un voto particular a la sentencia) de un delito de prevaricación dolosa (dictar una resolución injusta a sabiendas) o, subsidiariamente, culposa (dictar una resolución manifiestamente injusta por ignorancia inexcusable), al haber absuelto a los acusados “amoldando a su antojo los hechos y la valoración de la prueba para mediante esta manipulación ajustar a su preconcebida decisión el pronunciamiento absolutorio”.

Frente a esa imputación, la Sala Segunda del Tribunal Supremo estima que la sentencia dictada por los querellados, mas allá de que se comparta o no su contenido, estaba suficientemente bien razonada y motivada, reprochando al sindicato querellante la interposición de esta querella cuando no formalizó el recurso de casación contra dicha sentencia. Es decir, Manos Limpias, que era acusación popular en la causa por el asalto al Parlament, anunció que recurriría la sentencia absolutoria y luego no formalizó el recurso, procediendo en su lugar a interponer querella por prevaricación contra los dos Magistrados que formaron la mayoría de la Sala.

En una dura resolución, el Tribunal Supremo reprocha la actuación de Manos Limpias, afirmando que ha actuado con “abuso de derecho” y acordando abrir pieza separada para dilucidar si debe imponerse a Manos Limpias la multa por mala fe procesal prevista en el art. 247 de la LEC (de, recordemos, hasta 6.000 euros).

Resulta asimismo destacable que la Sala Segunda (penal) del Tribunal Supremo interprete que la imposición de la multa por mala fe procesal prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la previa apertura de una pieza separada. En la jurisdicción civil, dicha multa ha sido impuesta por diversos tribunales en la propia sentencia en la que se aprecia la mala fe procesal de la parte.

Acompaño texto del comentado Auto de la Sala Segunda del tribunal Supremo de fecha 2 de febrero de 2015: Inadmisión querella Manos Limpias

Auto de imputación del Presidente del FCB, J.M. Bartomeu

Acompaño el Auto, de fecha 3 de febrero de 2015, por el que se imputa al Futbol Club Barcelona, como persona jurídica, ya a su actual presidente, Josep Maria Bartomeu, por la posible comisión de un delito fiscal correspondiente al ejercicio 2014.

En concreto, estimando las pretensiones del Ministerio Fiscal, que a su vez se basan en un previo informe de la Agencia Tributaria, el Juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, da luz verde para investigar si en el año 2014 se defraudó a la Hacienda Pública la suma de 2.845.700 €. Dicho importe obedece a la suma de tres conceptos:

– 2.600.000 € , correspondientes al 52% de retención del pago de 5.000.000 € al jugador Neymar Jr., que según diversos contratos de 2011 y 2013, debían abonarse al jugador en fecha 30 de enero de 2014.

– 234.000 €, correspondientes a la retención del 52% de las retribuciones a percibir por el jugador en 2014 derivadas del contrato de imagen.

– 11.700 €, correspondientes a la retención del 52% de las correspondientes a 2014 derivadas del contrato de representación y agencia.

Conforme se deduce del Auto, el Ministerio Fiscal había solicitado el fin de la instrucción relativa a los posibles delitos fiscales correspondientes a ejercicios anteriores (los que afectaban al Presidente Rosell) y la apertura de una nueva pieza separada para investigar las posibles defraudaciones correspondientes a 2014. El Juez Instructor, tras efectuar un interesante análisis legal y jurisprudencial del estado de la cuestión relativa a la conexidad y sus efectos procesales (es decir, la necesidad o conveniencia de tramitar conjuntamente, o no, la instrucción de delitos conexos, ex arts. 17, 300 y  762 para el procedimiento abreviado), concluye que en el presente supuesto, habida cuenta  de la conexidad objetiva y subjetiva de la totalidad de los hechos, resulta más conveniente enjuiciar el posible delito contra la Hacienda Pública correspondiente al ejercicio 2014  conjuntamente con los correspondientes a los anteriores ejercicios 2011 a 2013. Y es en este punto cuando el Juez Instructor, respondiendo a la petición del Fiscal de no demorar el enjuiciamiento de los anteriores ejercicios, razona que las nuevas diligencias (para la investigación del ejercicio 2014) “pueden ser practicadas, en principio, sin demora”, motivo por el cual procede a señalar las declaraciones de los imputados (el FCB y su Presidente Bartomeu) para una fecha muy próxima (el 13 de febrero), celeridad que ha sido objeto de perplejidad por la opinión pública calificándose por algunos medios como una “imputación expres”.

Cierto es, que, desgraciadamente, no estamos acostumbrados, sino al contrario, a tanta celeridad judicial, pero no es menos cierto que ello sería lo razonable y que, en el presente caso, dicha celeridad beneficia al FCB que concentrará sus problemas tributarios con la justicia en un único proceso.

El Juez Instructor acuerda asimismo pedir un informe complementario a la Agencia Tributaria, dejando la puerta abierta a que si la instrucción del posible delito fiscal correspondiente a 2014 se alargara, pudiera revisarse el criterio ahora adoptado, abriendo una pieza separada para enjuiciar el ejercicio 2014 y cerrar la instrucción correspondiente a los ejercicios anteriores.

Por último, merece asimismo destacarse que el Juez Ruz concede un plazo de 5 días al FCB para que, si lo estima conveniente (el juez requiere al FCB, pero matizando “salvo que a su derecho no conviniere”), aporte las certificaciones de las retenciones que en su caso se hubieren practicado en relación con el asunto. Parece cada día más claro que, desde el punto de vista tributario, el FCB, por bien asesorado que diga estar, no ha actuado correcta ni diligentemente en este asunto, en especial tras hallarse ya imputado por los ejercicios anteriores, cosa que debería haber extremado todas las precauciones para tropezar de nuevo con la misma piedra. En todo caso, el citado plazo de cinco días podrá ser aprovechado por el Club para aportar en su caso la documentación requerida por el Instructor  (no parecería estratégicamente adecuado acogerse a los derechos a guardar silencio o no declarar contra sí mismo), y, de pasada, efectuar alegaciones de carácter exculpatorio.

Deberemos pues estar atentos a los próximos episodios.

Auto imputación Bartomeu