Imputación de los titulares de las tarjetas black de Caja Madrid

Acompaño Auto dictado hoy,  28 de enero de 2015, por el el Juez Fernando Andreu, Titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, por el que imputa a los directivos beneficiarios de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, al considerar que sus conductas podrían  estar incardinadas en el tipo penal de administración desleal (art. 295 del Código Penal) o en el de apropiación indebida (art. 252 CP).

La causa es una pieza separada de la más general en la que se investigan las irregularidades en la gestión de Bankia – Caja Madrid. Separar esta pieza me parece un acierto del Instructor ya que evita sobredismesionar más la ya compleja tramitación de la pieza principal. Por otra parte, la presente pieza separada, cuya tramitación se intuye mucho más sencilla, podrá por tanto ser juzgada con mayor celeridad. Recordemos que la dilación característica de las macro-causas provoca siempre un desprestigio del funcionamiento de la administración de justicia, un enjuiciamiento, aunque parcial, más rápido sería sin duda una buena noticia.

Por otra parte, merece también destacarse que nos hallamos ante una imputación que, siguiendo otros conocidos recientes precedentes de causas también mediáticas, no se limita a citar a declarar los imputados de modo meramente formal, sino que la imputación se acuerda a través de una resolución suficientemente motivada. Entendemos que esta práctica debería ser la tónica general en todos los procedimientos penales.la resolución citaa a declarar a 34 exdirectivos e imputa formalmente a otros 51 a los que se conmina a comparecer en la causa asistidos de letrado.

Por fin,merece asimismo destacase, en este caso negativamente, que las declaraciones de cada imputado se señalan con sólo 20 minutos de diferencia, siendo por ende previsible que, habida cuenta del elevado número de letrados que tendrán derecho a intervenir, no podrán cumplirse tan optimistas plazos.

Auto tarjetas black

Gürtel: Escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Malas noticias para el PP

El extenso escrito de la Fiscalía, de más de 500 páginas, imputa cerca de 70 delitos de los que acusa a un total de 41 personas (entre ellos, tres extesoreros del PP), con peticiones de prisión que en conjunto suman centenares de años. La millonaria responsabilidad civil se solicita asimismo de 25 personas o entidades, incluido el propio Partido Popular.

Tras el escrito de acusación, el Juez Central de Instrucción deberá declarar la apertura del juicio oral, trámite que puede ir acompañado de la adopción de medidas cautelares personales (prisión o fianza) y patrimoniales (fianzas o embargos para asegurar de la responsabilidad civil). Tras ello, será el trámite para que las defensas formulen sus respectivos escritos y, posteriormente, se enviarán la causa a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que celebre el juicio. Dado el gran volumen de las actuaciones, es difícil predecir el calendario pero a buen seguro que durante los próximos meses, de intenso calendario electoral, y coincidiendo con los sucesivos hitos procesales, van a reaparecer con frecuencia noticias relacionadas con el caso Gürtel que van a afectar de lleno al Partido Popular.

Recuérdese además que la presente pieza es sólo la primera de las que se ha divido el caso Gürtel, siendo por ende previsible que su enjuiciamiento se alargue aún varios años.

escrito_acusacion Gürtel

Concursal: El TS prohíbe los embargos públicos por créditos contra la masa

Según publica hoy el diario Expansión, el Tribunal Supremo ha prohibido que las administraciones públicas puedan practicar embargos para cobrar sus créditos contra la masa concursal.

Hasta hoy, era relativamente frecuente que alguna administración pública (las más frecuentes la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, pero  también Diputaciones y Ayuntamientos) ante el impago de sus créditos contra la masa (esto es, los devengados tras la declarción del concurso) procediera a embargar el saldo de cuentas intervenidas por la administración concursal.

Para ello, se amparaban en la dicción literal del segundo inciso del art. 84.4 LC que, recordemos, con respecto a los créditos contra la masa establece que  “no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos”. Interpretando  este precepto contrario sensu, las administraciones públicas han venido entendiendo que, abierta la liquidación (o transcurrido un año dese la declaración del concurso), ya podían proceder a iniciar ejecuciones y embargar bienes para cobrar sus créditos post-concursales.

Estos embargos podían llegar a distorsionar gravemente la marcha del concurso, por ejemplo al impedir hacer frente a la nómina delos trabajadores o pagar suministros básicos para la continuidad de la actividad. Téngase en cuenta que la apertura formal de la fase de liquidación no supone el cese automático de la actividad; en ocasiones, deben acabarse los pedidos o obras en curso o se pretende vender la unidad productiva aún en funcionamiento. Los ingresos que produce la actividad de la concursada se integran en la masa activa del concurso y están destinados al pago prioritario de los créditos contra la masa. La Ley Concursal prevé como regla general que los créditos contra la masa se paguen por orden de vencimiento, pero permite también que, cumpliéndose determinados requisitos, la administración concursal pueda alterar dicho orden en interés del concurso, por ejemplo, anteponiendo el pago del alquiler o suministros básicos para poder continuar la producción. Los Juzgados Mercantiles han venido interpretando con amplitud esta flexibilidad para favorecer el interés de concurso.

Cuando, en dichas circunstancia, se producía pues un embargo de la AEAT, la TGSS (los más frecuentes) o de alguna otra administración pública, las consecuencias prácticas podían y solían ser letales para la continuidad de la actividad.

La Sentencia del Tribunal Supremo interpreta que esta práctica, aun amparada en la literalidad de la ley, es contraria al espíritu de la misma y por tanto no debe ser permitida. La STS abre asimismo la puerta a reclamar la devolución de las cantidades indebidamente embargadas en contravención de  la nueva doctrina. Convendrá empero esperar el texto de la resolución para aquilatar su exacto alcance.

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Libertad o seguridad, ¿incompatibles?

En el año 2001, poco después del atentado del 11-S, publiqué en “Cambio 16” un articulo titulado “Libertad vs. seguridad”. Me planteaba entonces hasta qué punto podía ser legítimo, o incluso conveniente, que la lucha contra el terrorismo global justificara la limitación de algunos derechos y libertades individuales. Recordaba entonces que cada derecho conquistado durante la historia de la humanidad había supuesto una larga batalla, casi siempre con demasiadas víctimas en su camino. Y concluía que, como sociedad, no podíamos permitirnos retroceder.

Hoy, tras los luctuosos sucesos de París, el debate vuelve a arreciar.

Durante los casi tres lustros transcurridos, hemos comprobado como la seguridad ha servido como excusa para justificar acciones bélicas en el exterior o recortar derechos que parecían ya plenamente consolidados.   Y, sin embrago, desgraciadamente, la seguridad mundial no parece tener hoy mejor salud que entonces.

Las diversas acciones militares lideradas por los Estados Unidos no han conseguido el objetivo de pacificar los territorios afectados. El escandaloso limbo jurídico de Guantánamo no parece haber arrojado tampoco grandes logros en materia de inteligencia. Ni tampoco, los expeditivos métodos de interrogatorio siniestramente utilizados, o, dicho sin tapujos, las crueles torturas infligidas a presos y detenidos. Aún cuando todo ello hubiera servido para algo, el precio sería demasiado alto. Pero, además, ha sido completamente ineficaz.

Yendo a temas más cotidianos para la generalidad de la ciudadanía, la seguridad ha sido también, allí y aquí, la excusa perfecta para el big brother que cada administración aspira a implantar. Para masivas e indiscriminadas escuchas telefónicas que acaban invadiendo nuestra más recóndita intimidad. Se dice luchar contra el terrorismo y se acaba intentando averiguar con quién dormimos o contra quién votamos.

El resultado es un mundo menos libre y, desgraciadamente, también menos seguro. No podemos renunciar a nuestros valores y nuestras libertades porque eso supone ya sucumbir un poco frente a los intolerantes, es decir, morir un poco como sociedad. Y a buen seguro que ese no es el camino.

Absentismo laboral: autónomos, empleados y funcionarios

Según los datos recogidos en la última Encuesta Trimestral de coste laboral (ETCL) publicada por el INE, durante el tercer trimestre de 2014, la tasa de absentismo laboral de los empleados por cuenta ajena (2,01 %) fue inferior a la de los autónomos (2,02 %).

Sabido es que un autónomo es plenamente consciente de que si no trabaja no obtiene ingresos. Así de sencillo. He visto multitud de autónomos, en particular profesionales laborales (en mi experiencia personal, principalmente abogados y economistas) sin dejar de acudir a sus despachos o reuniones o señalamientos pese a estar aquejados de procesos gripales, convalecientes de enfermedades, fracturas o intervenciones, en estado de gestación o a los pocos días del parto. Históricamente, la tasa de absentismo de los autónomos era siempre inferior a la de los asalariados.

El cambio de tendencia se debe sin duda al efecto combinado de la crisis económica, el elevado nivel de paro y las últimas reformas laborales. Si, como se afirma con frecuencia, la evolución de la economía, depende en gran medida del estado de ánimo colectivo, no cabe duda de que la sensación de crisis entre la ciudadanía es mucho más elevado que entre nuestros optimistas gobernantes.

El índice de absentismo entre los trabajadores públicos sigue, como siempre, en cabeza, situándose en el 2,19 %. La imperiosa necesidad de reforma de la administración pública no es, desde luego, algo novedosa. Basta releer al decimonónico Mariano José de Larra.

Adjunto enlaces a la Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL: Trimestre 3/2014, publicada el 17/12/2014) y a un artículo publicado en “El Economista” el pasado 4 de enero.

Noticia El Economista 04.01.15

Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL): Trimestre 3/2014 Publicado: 17/12/2014

El Síndic de Greuges denuncia la vulneración sistemática del derecho del detenido a permanecer el tiempo mínimo necesario en comisaría

Acaba de publicarse el quinto Informe  Anual de la “Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura” (ACPT), liderada por el Síndic de Greuges.

El extenso Informe  da cuenta de la actividad desarrollada durante el año 2014 y concluye denunciando el sistemático incumplimiento del derecho del detenido a permanecer el tiempo mínimo necesario en comisaría.

Conviene a estos efectos recordar el texto del art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que proclama como reglas generales que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio” (art. 520,1 LECrim) y, especialmente, que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos” (art. 520.2 LECrim, primer inciso).

Conviene pues insistir que las reglas generales son precisamente esas: que la detención dure sólo el tiempo estrictamente necesario y que se practique de la forma menos perjudicial para el detenido.

Cierto es que el citado artículo 520.2 LECrim continúa diciendo que  “en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”, pero, obsérvese bien, se trata expressis verbis de un límite máximo, que en modo alguno puede desvirtuar la regla general de que la detención no debe durar más de lo estrictamente imprescindible.

Razones organizativas (como, por ejemplo,la disponibilidad para las conducciones a presencia judicial) o logísticas (el estado de las dependencias habilitadas)  provocan que no siempre se respeten los elementales derechos a una detención lo más breve y menos gravosa posible.

http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=53&ui=3765

España, el 28º país en índice global de ausencia de corrupción del Rule of Law Index 2014

Durante el año 2014, los casos de corrupción han sido tan frecuentes en España (y tan sonados) que  la corrupción figura ya en un lugar destacado en todas las encuestas sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Así las cosas, puede resultar paradójico que, como han destacado algunas informaciones, España figure en el lugar 28, de entre 99 países analizados, en el ranking relativo a ausencia de corrupción contenido en el Informe Rule of Law Index 2014, publicado por la organización internacional The World Justice Project. Encabezado por Dinamarca, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda y Finlandia, el 28º puesto ocupado por España podría parecer un buen resultado. No obstante, si se analiza la lista con cuidado puede observarse que tomando como referencia la región Western Europe & North America (Europa Occidental, EUA y Canadá), España ocupa la posición 14ª entre los 24 países analizados y si la referencia se toma entre las 30 principales economías (high income countries), España ocupa el lugar 22º.

En cuanto a la Justicia Civil, España ocupa el lugar 24 de 99, el 16º de los 24 países de su zona y el 23º entre las principales 30 economías. Los índices relativos a la Justicia Penal  son 25/99, 17/24 y 24/30.

Conviene por último destacar que las puntuaciones obtenidas por España han empeorado en los índices de corrupción y justicia penal.

 Vid. The World Justice Project, Rule of Law Index 2014. Consultable en línea, en version pdf,  en: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf. 

The World Justice Project se autodefine como una organización internacional no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro, que tiene por objeto la promoción del Estrado de Derecho en el mundo. El informe Rule of Law Index incluye 47 indicadores, agrupados en diversas áreas, entre los que priman los referidos al Estado de Derecho desde el punto de vista de la actividad legislativa y gubernamental, si bien se incluyen también algunos aspectos relativos a la eficiencia del sistema judicial. La mayoría de indicadores se basan en una doble fuente; por un lado, en un sondeo general entre la población llevado a cabo por empresas locales de sondeo reconocidas a partir de una muestra representativa de 1 000 personas en las tres principales ciudades de cada país (en España, Madrid, Barcelona y Valencia), y, por otro lado, en una encuesta selectiva a partir de cuestionarios enviados a profesionales y personas de la esfera académica expertos en Derecho.