CASO PRETORIA: HUMILLACIONES INNECESARIAS

El artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé, como regla general, que “la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada para ser oída”.

La detención no es pues la regla general, sino la excepción. Procederá sólo en determinados casos como, por ejemplo, en caso de delito flagrante, cuando se aprecie riesgo de fuga o, desde luego, cuando el citado a declarar, no comparezca por propia voluntad.

No sé (pues el sumario es secreto!!!) si es posible que se aprecie riesgo de fuga y por tanto pueda acabar decretándose la prisión provisional, pero, en cualquier caso, ¿era necesario inflingir tantas aflicciones a los imputados?

Recordemos que los imputados, entre ellos el alcalde de Santa Coloma de Gramanet (cargo electo en ejercicio), fueron detenidos el miércoles por la mañana. Han permanecido pues dos días detenidos en Barcelona, trasladados en furgón policial hasta Madrid. Han dormido en prisión y han sido conducidos hasta la Audiencia Nacional esposados ante las cámaras y obligados a recoger sus pertnenecias personales en una gran bolsa azul.

¿Era de verdad necesario todo ello? ¿No podría el Juez Garzón haberlos citado a declarar para que comparecieran por sus propios medios? Tal vez se nos diga que existía un elevado riesgo de fuga o que era necesaria la detención e incomunicación para no frustrar la investigación. Puede ser que así sea y hasta podría ser jurídicamente justificable. Admitámoslo pues como hipótesis razonable. Pero, ¿era necesario el show de las bolsas cogidas entre las dos manos esposadas?.

Escribo estas líneas antes de conocer la decisión del juez sobre la situación personal de los imputados, pero, a la vista de cómo han sido tratados, no hace falta ser adivino para intuir que se decretará prisión sin fianza para todos ellos. Pero, a mi juicio, ni aún así era necesario causar tanta aflicción.

Ya dijo el gran procesalista italiano Francesco Carnelutti que el proceso penal es en sí mismo una pena. Por ello, todos los avances logrados a lo largo del siglo XX han caminado en la dirección de dotar de mayor garantías al proceso.

Es hoy principio indiscutido que cualquier medida restrictiva de derechos adoptada en el proceso penal debe ser no sólo motivada sino ajustada a los criterios de proporcionalidad y mínimo perjuicio para el afectado. Si el mismo fin puede obtenerse por dos o más vías, deberá siempre optarse por la que cause la mínima aflicción posible a quien deba soportarla. Pienso que no se ha respetado este principio.

Dos reflexiones finales. No conocemos nada acerca de los hechos imputados. Es posible por tanto que todos los imputados acaben en su día condenados. Pero es también posible que todos o algunos de los hoy detenidos acaben sobreseídos o absueltos. Pero nada ni nadie podrá ya repararles la innecesaria aflicción sufrida durante estos tres (de momento) interminables días.

Por último, una reflexión quizás tangencial. Algunos medios se han apresurado a comparar el proceder del juez Garzón con el del juez instructor del caso Millet. El TN de TV3 lo ha hecho mediante unas gráficas de las que se desprendía que uno era el eficaz juez que citaba a los tres días mientras que el otro tardó tres meses en hacerlo. Me aterra que indirectamente pueda llegar a aplaudirse el menor respeto a los derechos fundamentales. Y que ello comporte el fomento del vedetismo y que el instructor del próximo escándolo de corrupción no pretenda conducir a los detenidos enamnillados en filia india y custodiados por decenas de policías subfusil en mano.

REGENEREM LA DEMOCRÀCIA: LLISTES OBERTES JA !!!!

LLISTES OBERTES JA !!!!

El gran problema és el finançament dels partits i les costoses campanyes electorals. Això genera una perversa dinàmica de ‘comisions’ i ‘donacions’ per ‘agraïr’ l’adjudicació d’obra i contractes públics. Dins els partits no hi veritable democràcia. Mana la cúpula i ja se sap que ‘qui es mou, no surt a la foto’.

Hem de regenar el sistema de dalt a baix. I amb les llistes obertes, a més de poder votar a qui volguem (i no als qui el partit decideixi), les cúpules perden poder doncs cada representant (diputat, regidor, etc.) ja es preocuparà de votar sempre amb la màxima fidelitat a la voluntat del seus electors, convingui o no als interessos del partit.

REGENEREM LA DEMOCRÀCIA: LLISTES OBEERTES JA !!!!

Día de las Naciones Unidas

Hoy, 24 de octubre, es el día de la ONU.

Creo que merece la pena recordarlo y destacar el important papel que, pese a todas sus carencias y limitaciones, la ONU juega en el escenario internacional.

Para ello, nada mejor que un pequeño artículo divulgativo escrito por mi buen amigo el Profesor Dr. Eduard Sagarra i Trías, Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España:

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Adjunto también link a la página de la Asociación:
http://www.anue.org/ca/quien/mision.htm

Os animo a visitarla y a poner cada uno nuestro pequeño granito de arena para la construcción de un mundo mejor!

En defensa del Juez Solaz

Vaya por delante que apenas conozco al Magistrado Juli Solaz. Y sólo he hablado una vez con Félix Millet (cuando hace algunos años vino a visitarme como Decano del Colegio de Abogados para ver si podíamos contribuir económicamente con la Fundació, cosa que afortunadamente no hicimos).

Mi intervencion en este debate pretende ser pues estrictamente técnica. Aprovecho que el tema se plantea cada día en mis clases de Derecho Procesal Penal, pues también entre mis alumnos de Quinto Curso de Derecho pueden encontrarse posiciones ‘pro’ y ‘anti’ prisión-para-Millet.

Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada en el año 2003, la denominada “alarma social” ha dejado de ser uno de los parámetros legales para decidir sobre la prisión provisional. Afortunadamente, pues la necesidad de esa reforma era una ‘communis opinio’ tanto entre quienes nos dedicamos al estudio del derecho procesal como entre muy amplios sectores del mundo jurídico y judicial.

Aunque sea algo evidente, conviene quizás recordar que la prisión provisional no es, ni debe en ningún caso ser, una pena anticipada, sino una medida cautelar, excepcional, sólo decretable cuando concurran los requisitos legalmente previstos (riesgo de fuga, de alteración, ocultación o destruccción de fuentes de prueba, de reiteración delictiva en algunos casos, etc.).

Cuando suceden hechos, como el ‘caso Millet’, que crean “alarma social”, la sociedad, ‘alarmada’, y los medios de comunicación, haciéndose eco, buscan una respuesta rápida y contundente. Basta leer editoriales, artículos de opinión y cartas a los lectores para constatar que reina un clima de ‘alarma’ que reivindica la prisión provisional como respuesta. Como única respuesta aceptable!

Pero lo cierto es que el proceso debe procurar abstraerse de ese clima de ‘vindicta’. Y de forma muy especial los Jueces que encarnan el Poder Judicial del Estado, que han de saber y poder trabajar con independencia (¡cuántas veces la hemos reclamado!), cosa que significa, también, sin dejarse influenciar por la opinión pública o publicada.

Por descontado que en derecho todo (o casi todo) es interpretable. Algunos (por ejemplo, la Fiscalía -que, recordemos, ante el Juez Instructor, no es sino una parte acusadora más-) interpretarán que en el caso concreto existe un grave riesgo de fuga y que, por tanto, procedía decretar la prisión provisional sin fianza. Otros (por ejemplo, el Juez Instructor), interpretarán que ese riesgo de fuga no existe o no tiene la entidad suficiente como para decretar la más execpional de las medidas cautelares: la privación ‘cautelar’ del derecho a la libertad.

Quiero recordar que en el debate de la semana pasada en el programa de TV3 ‘Els matins’ de Josep Cuní, todos los participantes juristas coincidimos en que, a nuestro juicio, no parecían darse elementos suficientes para decretar la prisión provisional del Sr. Millet (podéis encontrar el ‘link’ en una entrada anterior de este mismo blog).

El Juez Solaz ha interpretado pues la norma en el mismo sentido en que la interpretamos otros muchos, como mínimo tan legítima y ajustada a derecho como la contraria (para mí, ya lo he dicho públicamente, más ajustada a derecho que la contraria). Pero además ha tenido la valentía de hacerlo aún pese a saber que la opinión pública pedía a gritos lo contario y que podría ser objeto de duras críticas (como así ha sucedido) por su decisión.

A mayor abundamiento, el Juez Solaz no sólo ha dictado la resolución que en conciencia ha creído más justa, sino que, consciente de la relevancia mediática del caso, ha dictado una resolución no sólo ‘motivada’ sino, además, ‘pedagógica’, cosa que tantas veces hemos echado en falta (y los primeros, los medios de comunicación) en las resoluciones judiciales.

Salgo pues en defensa pública (que no necesita) del Juez Solaz. En defensa del Juez Solaz por su buen criterio jurídico (desde mi punto de vista), pero especialmente por su doble valentía, de mantener su criterio por convicción y por ‘dar la cara’ explicando públicamente y de una forma pedagógica el porqué de su postura.

El TC y la Sentencia del Estatut

La Vanguardia de hoy 12 de octubre informa de que “El catalán superará con restricciones el filtro del Tribunal Constitucional” (pág. 9). El artículo viene firmado por José María Brunet, veterano periodista de la máxima solvencia, profesionalidad y rigor. Habrá pues que pensar que cuanto dice Pep Brunet es absolutamente cierto y que goza de información fidedigna, lo cual conduce a dos reflexiones.

Primera: Del contenido de la información se desprende (y no es la primera ocasión ni el único medio) que dentro del TC hay una o varias gargantas profundas. Sin cuestionar para nada el excelente trabajo de los periodistas que, haciendo excelentemente su trabajo, obtienen tales filtraciones, no parece de recibo que de un órgano ya tan desacreditado como el TC surjan filtraciones que permitan conocer con tanto detalle el curso de unas deliberaciones que debieran ser totalmente secretas. Da la sensación de que algunos Magistrados puedieran estar más preocupados de salvar su propia imagen que de defender sus posiciones.

Segunda: Si finalmente se confirma lo que avanzan Brunet y otros diversos medios, podríamos hallarnos ante la pradoja de que, tras la sentencia del TC, el nivel de autonomía de Catalunya sea en algunos puntos inferior al que se gozaba bajo la vigencia del antiguo Estatut. Recordemos que la eventual declaración de incostitucionalidad de algún precepto estatutario no haría recobrar vigencia a las previsiones del antiguo Estatut. Triste balance de tan arduo camino.